Ninguna maltratada cobra aún la nueva ayuda económica creada en la ley integral

Deprisa y despacio. La aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género tiene un ritmo desigual. Mientras las herramientas de protección como los juzgados especializados han despegado, las nuevas medidas de apoyo social apenas lo han hecho. Casi diez meses después de la entrada en vigor inicial de la norma, las maltratadas sin posibilidad de empleo no pueden cobrar aún la ayuda económica prevista para ellas. Las comunidades autónomas empiezan a percibir ahora los 10 millones de euros acordados en junio para crear servicios de asistencia social integral para las víctimas. Están pendientes de creación el Observatorio Estatal y el plan de sensibilización y prevención.

La puesta en marcha de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en el Parlamento a finales del año pasado, camina a dos velocidades. La más lenta afecta a las primeras medidas de esta ley compleja, las que entraron en vigor a finales del pasado enero. Se refieren sobre todo a los derechos de las mujeres víctimas de violencia machista a recibir una amplia atención y apoyo social y a las actuaciones para la prevención y sensibilización ante a estas agresiones.

La ley crea, por ejemplo, una ayuda nueva para las maltratadas sin recursos ni posibilidad de encontrar trabajo por motivos de edad o circunstancias sociales. Les concede una prestación única equivalente a entre 6 y 24 meses de desempleo (385 euros mensuales). Sin embargo, aún no pueden percibirla, ya que el Gobierno tiene pendiente de aprobar el real decreto ad hoc. Ahora está en periodo de trámite en el Consejo de Estado, según la delegada del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Encarnación Orozco. Esta responsable asegura que el retraso se debe a los trámites preceptivos. Añade que la norma se aprobará antes de final de año, por lo que las beneficiarias podrán empezar a cobrarla el próximo enero (en principio estaba previsto que empezaran a percibirla en septiembre pasado). Las comunidades autónomas, que deben regular el procedimiento de concesión, adelantarán los pagos, con cargo a los Presupuestos del Estado.

La prestación económica que sí está en vigor (creada antes que la ley) es la dirigida a maltratadas sin recursos aptas para participar en cursos de inserción laboral (385 euros durante 11 meses). En septiembre pasado, 4.421 víctimas percibían esta prestación, según la delegación del Gobierno. Tampoco ha arrancado el plan específico de empleo para las mujeres agredidas por su pareja o ex pareja, previsto en la ley.

Otra medida novedosa incluida en la norma como la posibilidad de que las maltratadas obtengan la movilidad laboral apenas ha tenido aún candidatas, según la delegación del Gobierno, que carece de datos sobre las víctimas que hayan podido beneficiarse de otra disposición nueva: el acceso preferente a una vivienda protegida.

Por su parte, las comunidades autónomas, responsables de ofrecer la asistencia social integral a las maltratadas, comienzan a recibir estos días del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la financiación de 10 millones de euros cuyo reparto se decidió a finales de junio en conferencia sectorial, explica Orozco. El fondo se destina a poner en marcha de servicios de atención social integral para las mujeres agredidas por su pareja o ex pareja masculina.

Medidas preventivas

Entre las medidas de prevención, que afectan a varios ministerios, figura alguna que depende de otra norma, como es el caso de los contenidos de igualdad (está previsto incluirlos en la asignatura de educación para la ciudadanía incluida en el proyecto de la contestada Ley Orgánica de Educación). Esta es una de las cuestiones que preocupa a la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género. "Tememos que ese contenido, que es la piedra angular de toda la política de prevención de la violencia, se excluya finalmente o sea sólo testimonial", asegura su portavoz, Ángeles Álvarez.

La red también considera que "urge cerrar el diseño del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género ". "Es una tarea urgente, pero dado su carácter ambicioso, necesita tiempo de elaboración", plantea Orozco, quien carece de una fecha fija para tenerlo listo. "Debe contener las medidas orientadas a cambiar las causas estructurales de la violencia de género", añade. Otra medida pendiente es la creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. "Arrancará la próxima primavera", asegura la delegada del Gobierno.