El Congreso de EE UU se dispone a renovar la polémica Ley Patriótica

Los congresistas y senadores de Estados Unidos que negocian la renovación de la Ley Patriótica -la legislación especial que refuerza de manera extraordinaria los poderes de la policía y que se aprobó después del 11-S- llegaron en la madrugada de ayer a un principio de acuerdo que convierte en permanentes la mayor parte de las medidas de la ley. El acuerdo, objetado ayer por tres senadores de cada partido, limita algunos poderes especiales y exige más transparencia en los procedimientos, pero no elimina los aspectos más criticados de la ley.

La renovación de la Ley Patriótica -que fue objeto de un apasionado debate en julio en la Cámara de Representantes y cuyo paso por el Senado la ha atemperado ligeramente- es una prioridad absoluta para el Gobierno, baqueteado en los tres últimos meses por diversos reveses políticos y bajo mínimos en credibilidad y confianza.

Precisamente por eso, y porque hay fisuras en la mayoría parlamentaria, los republicanos se han volcado en el pacto, que ayer contó con un obstáculo: tres senadores republicanos y tres demócratas se comprometieron a bloquearlo si no se recogía una provisión, que figuraba en el texto del Senado -y que se cayó en la negociación- que establecía la necesidad de articular protecciones y garantías "contra la vigilancia gubernamental innecesaria e intrusiva".

Sin mencionar la posibilidad del bloqueo a través del filibusterismo, en una carta dirigida a los comités judicial y de inteligencia, los seis dicen que si no hay más cambios en el texto del acuerdo "trataremos de impedir que este proyecto de ley se convierta en ley". En palabras del republicano John Sununu, uno de los rebeldes, "va a ser difícil que haya votos suficientes para aprobar la ley". Los líderes republicanos querían someter a votación el texto hoy mismo en la Cámara y en el Senado. Cualquier retraso es peligroso, porque el jueves de la próxima semana es el día de Acción de Gracias, y todo se paraliza.

En principio, el acuerdo convierte en permanentes 14 de las provisiones que iban a expirar el 31 de diciembre. Otras tres quedan prorrogadas por siete años: la Cámara quería una prórroga de 10 años, y el Senado de cuatro (este era uno de los puntos que suscitaban quejas de los demócratas). Dentro de las medidas prorrogadas se encuentran las que más críticas han suscitado: aunque con leves matices, la normativa que da poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad seguirá permitiendo que la policía invoque la lucha contra el terrorismo para acceder a la información sobre qué libros se compran en librerías o se usan en bibliotecas públicas. Y el FBI podrá continuar enviando cartas en las que se requiera información sobre transacciones financieras o comunicaciones electrónicas, aunque se han suavizado las condiciones y se dan herramientas legales a los que las reciben.

No superó en cambio el filtro de la negociación algo en lo que el que el Gobierno estaba muy interesado: la posibilidad de citaciones jurídicas administrativas que burlen el requisito de un juez o de un Gran Jurado.

El pacto prevé la pena de muerte para los condenados por terrorismo que hayan colaborado en la organización de un atentado o transportado a sabiendas material empleado en un acto terrorista. En este capítulo hay medidas que la Cámara había aprobado en julio que quedan suavizadas: si un jurado se bloquea a la hora de tomar una decisión de pena de muerte contra un acusado de terrorismo, los fiscales no podrán pedir que se forme un nuevo jurado; tampoco se admitirá la pena de muerte para un condenado por terrorismo que haya "causado riesgo de muerte".

A pesar de las concesiones, el resultado provisional supone un éxito para el republicano James Sensebrenner, el hombre que dirigió en la Cámara la pelea para renovar la ley con los menores cambios posibles. Eso es lo que denunció ayer la Unión de Libertades Civiles, que ha dirigido las críticas contra las medidas, repudiadas en cientos de Ayuntamientos y poderes locales en todo el país y que cree que las modificaciones son pura cosmética: "La Ley Patriótica era mala en 2001 y, a pesar de los llamamientos en los dos partidos para reformarla, sigue siendo mala en 2005", según Lisa Graves. "En lugar de ocuparse de las preocupaciones reales que millones de estadounidenses tienen sobre la ley, la mayoría republicana ha cedido a la presión de la Casa Blanca y ha eliminado de la ley las modestas reformas previstas", añade.