Cerco a los 'nuevos ricos' en Cuba

En Cuba, las ofensivas del Gobierno contra las "ilegalidades" y la corrupción son cíclicas. Cada cierto tiempo, el país es sacudido por un furor de hipercontrol y vuelta al orden, se lanzan campañas para combatir el "acomodamiento" de los cuadros dirigentes y el "enriquecimiento ilícito", y se realizan operaciones policiales contra el mercado negro y el jineterismo (prostitución). Sin embargo, la vuelta de tuerca que se vive hoy en la isla, inmersa en un proceso de recentralización económica, va más allá: están en la mirilla los mercados agropecuarios, las paladares (restaurantes privados), las gasolineras, los puertos y todas aquellas personas que las autoridades consideran nuevos ricos.

La semana pasada comenzó una operación de inspección y control en los agromercados (mercados donde el productor vende directamente al comprador) de La Habana. El resultado: toneladas de productos y alimentos confiscados, decenas de camiones "ocupados", multas de miles de pesos y varios detenidos. Los agros, reabiertos en 1994 y regidos por la ley de la oferta y la demanda, es donde concurren a vender sus productos los pequeños campesinos privados y cooperativistas, después de cumplir sus compromisos con el Estado. En estos mercados los cubanos adquieren la gran mayoría de las viandas, vegetales, frutas y algunas carnes, a precios muy elevados. En La Habana, un kilo de tomates cuesta 24 pesos, uno de carne de cerdo 50, y un pimiento diminuto, 5. El salario medio mensual no llega a 250 pesos cubanos (10 euros). El Estado está empeñado en acabar con los "intermediarios", pues los considera "parásitos capitalistas" que le compran ilegalmente al productor y le ofertan al vendedor, encareciendo las mercancías y lucrándose ilegalmente.

En los últimos días, se han incrementado también los controles a los restaurantes privados, o paladares, permitidos en 1994 al abrirse la posibilidad del trabajo por cuenta propia. Jamás fueron bien vistos, pero hoy menos que nunca. De 600 que llegó a haber en La Habana en 1995, hoy quedan menos de un centenar.

En recientes discursos, el presidente cubano ha arremetido contra estos negocios privados por consumir demasiada electricidad y pagarla a precios subsidiados. Al parecer, la voluntad ahora es aplicar con todo rigor las normas restrictivas impuestas a su funcionamiento -no pueden vender carne vacuna ni marisco, contratar personal libremente y su capacidad máxima es de 12 sillas-. La decisión, dicen los afectados, es cerrar estos negocios en cuanto se detecte la más mínima violación. Se ha creado una oficina especial para atender esta actividad, y ya a algunos dueños de estos establecimientos se les ha retirado la licencia.

La ofensiva contra los agros y las paladares no es un hecho aislado. El mes pasado, cientos de trabajadores sociales tomaron el control en las gasolineras de La Habana, en una misión encomendada directamente por Fidel Castro para enfrentar el robo de combustible, que hasta ese momento se comercializaba abiertamente en el mercado negro -según los trabajadores sociales, hoy se esta recaudando el doble y el triple de dinero que antes-. Recientemente, el general de las Fuerzas Armadas, Moisés Sio Wong, asumió el mando del puerto de La Habana con el propósito de fiscalizar todas las operaciones de carga y descarga de esa entidad, en la que históricamente los robos y faltantes han sido elevados.

Ésta es la tónica general. El 28 de octubre, en un discurso muy mentado, Castro habló de "los ladrones y nuevos ricos" como una lacra que había que combatir. "No quieren pagar, y los sobornados se dejan sobornar. Será cada vez más difícil que puedan hacer lo que están haciendo hoy". A muchos trabajadores por cuenta propia lo que más les angustia hoy es que se descargue sobre ellos la responsabilidad de la situación actual de robo generalizado, y que en esta nueva campaña contra los nuevos ricos se diluyan las causas que son el verdadero caldo de cultivo de la corrupción.