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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Lenta investigación

El desarrollo de la investigación judicial del caso de presuntas irregularidades en la sedación de enfermos terminales en el hospital público de Leganés está alargándose preocupantemente. El constante ir y venir de informes y contrainformes ha sumergido el asunto en una confusa maraña, que exige del juzgado competente una mayor celeridad para dirimir si hubo o no responsabilidad penal en la actuación del destituido coordinador de urgencias, y para restituir la tranquilidad de la que carece la clínica desde que estalló el escándalo, a principios de marzo de este año. Cuanto más se tarde en esclarecer la situación, más daño se causará, no sólo al afectado, sino también al prestigio del centro médico.

El último de los informes, el que acaba de difundir la Sociedad Española de Epidemiología, deja en entredicho las conclusiones que alcanzó la comisión creada por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, sin entrevistar a los médicos que prescribieron el tratamiento ni a los familiares de los pacientes, y sin que las autoridades judiciales lo hubieran pedido. Ese informe advertía irregularidades en el 68% de las sedaciones practicadas; el de los expertos epidemiológicos afirma, por el contrario, que tal aserto está basado en errores metodológicos.

¿Dónde está la verdad? De lo que se puede determinar hasta ahora, resulta que son muy débiles los argumentos sobre 400 presuntos casos de eutanasia vertidos en la primera denuncia anónima, como observó la investigación del Gobierno regional madrileño dirigido por el PP, y que excluyó que hubiera habido mala praxis médica. Ya se ha dicho más de una vez que la actuación del consejero Lamela fue muy discutible, tanto por su precipitación en la destitución de la dirección del hospital como por su decisión de personarse a finales de mayo con una denuncia propia, lo cual supuso desactivar la labor hasta entonces realizada por la Fiscalía de Madrid y que todo el expediente pasara a manos de un juzgado de Leganés. Más tiempo perdido y más confusión. Tal vez sea eso lo que pretenda Lamela y lo que más se ajuste a sus intereses partidistas, pero no es en absoluto lo que más conviene al esclarecimiento de la verdad.

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