El Consell creará un tribunal de defensa de la competencia a través la Ley de Acompañamiento

El Gobierno valenciano ha tomado la decisión de crear un tribunal de la competencia autóctono. Así se expresa en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos del próximo año. El tribunal estará adscrito a la Consejería de Economía, aunque tendrá plena independecia. El tribunal controlará la posición de dominio de empresas sobre el resto del mismo sector y contra sus dictámenes o medidas cautelares no cabrá más recurso que el contencioso-administrativo. El organismo tendrá un presidente con rango de subsecretario y entre tres y cinco miembros.

"Preservar el funcionamiento competitivo de los mercados autonómicos valencianos y garantizar la existencia de una competencia efectiva en los mismos, protegiéndola mediante el ejercicio de las funciones de resolución, informe y propuesta que la presente ley le atribuye expresamente". Ése es el objetivo principal por el que la Generalitat ha decidido crear un tribunal de defensa de la competencia autóctono, según figura en el anteproyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del próximo año. El tribunal, que estará formado por entre tres cinco miembros, estará adscrito a la Consejería de Economía aunque, según el anteproyecto, llevará a cabo "sus funciones con plena independencia". Tendrá potestad para "efectuar intimaciones e imponer sanciones y multas coercitivas" y sobre sus decisiones no cabrá más recurso que el contencioso administrativo.

Entre las funciones que su creación le otorgará están las recogidas en la Ley de Defensa de la Competencia, pero ahora será la comunidad autónoma la que pueda determinar la prohibición de acuerdos, decisiones o prácticas "que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia en todo o en parte del mercado". Además, también será este tribunal el que controle la posición de dominio de una o varias empresas sobre el resto del mismo sector y la manera en que impongan, de forma directa o indirecta, precios u otras condiciones comerciales o que limiten la producción o la distribución de sus competidores afectando así a los usuarios.

El texto normativo señala que los dictámenes que resuelva este tribunal autonómico o la adopción de medidas cautelares que decida no podrán estar sometidos a ningún otro recurso en vía administrativa y el denunciado deberá recurrir al litigio contencioso-administrativo.

La Generalitat prevé que al frente del tribunal de defensa de la competencia se sitúe un presidente, con rango de subsecretario, que será, a su vez, presidente del Pleno, integrado por entre dos y cuatro vocales, con rango de directores generales y que será el encargado de imponer las sanciones y las multas, así como de una función consultiva. El nombramiento del presidente y los vocales se realizará mediante decreto del Consell, entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio, propuestos por el consejero de Economía y para un período de cinco años, renovables por una vez. Todos ellos ejercerán su función con dedicación absoluta y tendrán las incompatibilidades establecidas con carácter general para los altos cargos de la Generalitat.