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La falla del hijo de un diputado admite haber recibido dinero de Vilar

El presidente de la falla Maestro Gozalbo-Conde Altea de Valencia, Manuel Polit, admitió ayer ante el juez haber recibido dos ayudas del empresario Vicente Vilar, quien acusó al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Según el presidente de la comisión, aquellas subvenciones respondieron a la colocación de una publicidad luminosa en la propia falla, mientras que Vilar reitera que las subvenciones fueron entregadas cuando el hijo del ahora ex senador del PP, Miguel Prim, ocupaba el cargo de vicepresidente de la misma y su pago fue "por el trabajo que Prim realizaba en los ministerios", con el fin de tratar de agilizar la concesión de autorizaciones para los fitosanitarios que comercializaba Vilar.

El empresario presentó en el juzgado una factura de cerca de 13.000 euros fechada en 2001 emitida por varios conceptos como proyectores y decoración de guirnaldas, pero no menciona la publicidad. Éste fue el motivo por el que la titular del juzgado número 1 de Nules llamó a declarar a Manuel Polit, en el procedimiento por el que se investiga a Fabra ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración Pública así como por un presunto delito fiscal.

Ayer fue día de estreno tanto para la nueva juez Lourdes Noverques, la séptima que se hace cargo del llamado caso Fabra, como para el nuevo fiscal anticorrupción, Daniel Campos, tras la excedencia concedida al anterior.

Testigos

Además del presidente de la falla estaban llamados a declarar, en calidad de testigos, un empleado de Naranjax, la empresa de Vilar, que no acudió por estar de baja, y el director de la Caja Rural de Artana, Pascual Silvestre. La acusación particular, representada por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, tenía especial interés en el testimonio de este bancario del que esperaba que aclarara algunos ingresos y transferencias realizadas desde las cuentas de Naranjax ente 2000 y 2003. Silvestre fue preguntado, especialmente, por un reintegro de 150.000 euros que, según la denuncia de Vilar, fueron entregados posteriormente a Fabra en bolsas de plástico. El director de la caja no acertó a aclarar el movimiento de este dinero porque, según dijo, coincidió con la absorción de la entidad por Ruralcaja.

Por otra parte, tanto el PSPV como Esquerra Unida exigieron ayer al Consell que aclare un presunto trato de favor a la empresa Naranjax en la concesión de una autorización para el tratamiento de residuos. La portavoz adjunta del PSPV-PSOE Isabel Escudero solicitará la comparecencia urgente del consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, en las Cortes Valencianas para aclarar si "es cierto que fue la mediación de Fabra la que permitió desbloquear la autorización, supuestamente paralizada desde el año 1999". El diputado de EU-Entesa Ramón Cardona anunció que, junto al grupo parlamentario del PSPV-PSOE, pedirá la creación de una comisión de investigación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de octubre de 2005