Las tres vidas de una vaca

Una vaca con tres vidas ha puesto en entredicho el sistema informático de control de ganado vacuno (Simogan) que el Ministerio de Agricultura puso en marcha en 2000, de acuerdo con las directrices de la UE, para controlar la encefalopatía espongiforme bovina (EEB, el llamado mal de las vacas locas). El 12 de julio los servicios oficiales de recogida de animales se llevaron el cadáver de una vaca en "muy mal estado" de la granja de María Aránzazu Zúñiga en Santa Cruz de Campezo (Álava). En el Simogan (Sistema de Identificación y Movimientos de Ganado), esa vaca figuraba muerta desde 2003. A los 15 días de su segunda y verdadera muerte, en 2005, el animal en cuestión dio positivo de EEB.

El sistema de vigilancia se montó como garantía del control de los animales enfermos

Cuando se descubrió el caso, las autoridades lo atribuyeron a un error informático

La discrepancia en sí podría parecer no tener importancia, pero los registros informáticos son clave para garantizar el control del mal de las vacas locas. El objetivo es conocer el origen de los animales y poder seguir el rastro de su vida -la llamada trazabilidad- y, así, poder actuar sobre su descendencia y los animales que han nacido el mismo año y en la misma explotación. Con ello se pretende vigilar los animales que, como han tenido la misma alimentación, han podido ingerir priones, el agente que causa la enfermedad. El caso de la vaca loca alavesa, que ha tenido una vida bastante complicada y seguir su rastro no resulta fácil, muestra que el sistema es vulnerable.

Su primera muerte oficial se produjo en Eskoriatza (Guipúzcoa) en marzo de 2003. Como el animal no apareció a la hora de realizar la obligatoria campaña sanitaria y, tras consultarlo con el ganadero, se le dio por muerto; una práctica habitual. Tanto en el registro informático guipuzcoano como en el Simogan, que se nutre de los datos que aportan las comunidades autónomas, quedó reflejada la muerte. Sin embargo, todo este tiempo la res aparecía viva en el registro alavés sin que nadie reparase en la contradicción.

Una resurrección y dos muertes no han sido suficientes. El pasado agosto la vaca loca, que respondía al número de identificación ES041530075803, resucitó en los ordenadores del Simogan y apareció viva (siempre desde el punto de vista informático) en la explotación de Tomás Bengoa, un ganadero de Olaeta (Álava), el hombre que en teoría la llevó a Álava desde Guipúzcoa.

Las discrepancias se conocieron el 16 de septiembre, cuando las publicó EL PAÍS en su edición del País Vasco. A partir de ese día las administraciones vascas se esforzaron en reconstruir la historia de la res y llegaron a una conclusión: todo era debido a "un fallo informático". Lo correcto hubiera sido hablar de "un fallo de usuario", como reconoce Julio Guinea, director gerente de IKT, la empresa pública que vuelca los datos de la ganadería vasca en el Simogan. Los datos de Euskadi que aparecen en este registro proceden de las diputaciones forales que son las que tienen la competencia.

La teoría del error informático la acordaron en una reunión en Vitoria el diputado de Agricultura de Álava, Eloy López de Foronda, del PP, y el consejero de Agricultura del Gobierno vasco, Gonzalo Sáenz de Samaniego, del PNV. El entonces jefe de Ganadería de Álava, Florencio Beltrán de Heredia, que fue destituido el pasado miércoles a raíz de este caso, la plasmó en un informe gracias a aportaciones de su homólogo guipuzcoano, Carlos Boix. Mientras todo esto se acordaba, la vaca volvió a morir en los ordenadores del Simogan el 19 de septiembre, pero no en casa de su última propietaria sino en la de Bengoa. A día de hoy ya figura muerta en la explotación de Zúñiga.

De acuerdo con la historia oficial, la vaca fue de Bergara a Eskoriatza en 1997, y tres años más tarde entró en Álava de la mano de Bengoa, que la llevó a la explotación de Zúñiga, donde en teoría vivió, aunque no pasó durante sus últimos cuatro años de vida la obligatoria campaña sanitaria. Las diputaciones forales cuentan con copias de las guías sanitarias que certifican el traslado de la res de Guipúzcoa a Álava. Sin embargo, tres días antes de hacerlas públicas, Boix aseguró a este diario que no tenían ninguna documentación del animal y que probablemente se hizo la venta y el ganadero no lo comunicó, "seguramente porque era muy mayor".

López de Foronda asegura que desde Álava se mandaron datos de la vaca al Simogan a través de IKT desde el primer año. Ninguno llegó a su destino. El Simogan no permite registrar datos contradictorios. Guinea asegura que cada vez que IKT recibe datos imposibles de registrar se lo comunica a la diputación que los ha enviado. ¿Por qué Álava ha mandando datos durante cinco años que no se podían inscribir? No hay respuesta institucional.

La historia oficial de la vaca loca en Álava tiene más agujeros. En el País Vasco existe la obligación desde 1984 de tener identificadas todas las reses. Sin embargo, el número de la madre se lo inventó el propio Beltrán de Heredia, quien aseguró a este diario que es una práctica habitual. Además hay un cambio de estado del animal en el Simogan, que puede ser una venta o un nuevo documento de identificación bovino, sin justificar.

La pregunta final es: ¿cómo ha sido posible este barullo? Y la respuesta pasa por José Fernando Quintana, el compañero sentimental de Zúñiga, ex juntero foral del PNV, gerente y veterinario de la cooperativa Abeltzain, que tiene delegada en Álava por contrato y prácticamente en exclusiva la identificación y la sanidad animal. Las cinco explotaciones ganaderas de la familia Quintana tienen irregularidades que van desde no pasar la obligatoria campaña sanitaria hasta tener los animales mal identificados; un lujo que el Servicio de Ganadería de Álava no permite a la mayoría de los ganaderos. La familia Quintana no ha querido hacer ninguna declaración.

El padre de Quintana, Eduardo, fue condenado por dos delitos (estafa y falsificación de documento público) el pasado mayo. En el procedimiento estaban acusados el padre, el hijo, Zúñiga y otro familiar. La sentencia se dictó por conformidad (acuerdo de las partes), condenó a Eduardo Quintana y sobreseyó provisionalmente un delito contra la salud pública.

En los hechos probados figura que 29 animales de distintas explotaciones de este grupo familiar fueron al matadero tras haber muerto y haberse cobrado por ellos el seguro. De ninguna de estas reses, que suplantaron a las muertas y llegaron al consumidor final, se conoce su edad, origen y condición sanitaria. Dos de estos animales por lo menos se vendieron con la etiqueta de "label vasco de calidad", que garantiza la trazabilidad desde la cuna hasta la carnicería, en gran parte gracias a los datos del Simogan. Las irregularidades y la falta de control de estas explotaciones por parte del servicio alavés de ganadería causaron el miércoles la destitución de Beltrán de Heredia. La Diputación de Álava mantiene abierta una investigación interna.