Chávez declara la guerra a los terratenientes

Detenerse en cualquier punto de la modesta carretera que une a las poblaciones de Tinaco y El Baúl, en el Estado de Cojedes, y mirar en redondo, es una excelente manera de comprender lo que quiso decir el escritor Rómulo Gallegos cuando, en su inmortal obra Doña Bárbara, escribió la frase: "Llanura venezolana, toda horizonte como la esperanza y toda caminos como la voluntad". La metáfora dibuja un territorio alucinante que se extiende hasta donde alcanza la vista sólo perturbado en su rectitud por alguna colina enana. Las tensas relaciones entre propietarios de hatos, campesinos sin tierra, un Gobierno que se ha declarado en guerra contra el latifundio y fuerzas militares llamadas a actuar como árbitros, han dado una nueva dimensión a las palabras de Gallegos. Hoy, más que nunca, en medio del sofocante calor de las llanuras de Venezuela andan desbocadas las voluntades, son engañosos los caminos, dudosos los horizontes, inciertas las esperanzas.

"Hay demasiada confusión, una gran anarquía", afirma Alejandro Branger, director de Agropecuaria San Francisco, hasta nuevo aviso propietaria del Hato Paraima, un predio de 53.000 hectáreas que ha sido declarado latifundio por el Instituto Nacional de Tierras (INTI). Como consecuencia de ese dictamen, buena parte de la hacienda ha sido tomada por personas que, organizadas en cooperativas y asociaciones civiles, aspiran a asentarse allí y dedicarse al trabajo del campo.

Áreas improductivas

Branger, perteneciente a una dinastía venezolana de hombres de negocios, explica que el INTI decidió que la finca debía ser intervenida por tener extensas áreas improductivas. "Presentaron un plano del hato (hacienda ganadera) en el que otorgan diversas secciones a 15 cooperativas, a pesar de que algunas de esas zonas están en plena producción. Cada cooperativa armó un ranchito y allí está viviendo esa gente", explica.

Los ranchos (armazón de troncos, paredes y techos de ramas, cartón, plástico o zinc), están dispersos en la enorme finca, que se extiende varios kilómetros a ambos lados de la carretera. Las autoridades han exigido a sus ocupantes que no realicen construcciones más sólidas, hasta tanto haya una decisión definitiva sobre el futuro de estas tierras. La única estructura permanente la ha edificado el Gobierno: la escuela que ha de ser, en pocos meses, centro de Pueblo Paraima, una ciudadela que sólo existe en la maqueta que reposa en la gobernación de Cojedes, en la vecina ciudad de San Carlos, y, desde luego, en las esperanzas de los cooperativistas, que son infinitas como la misma sabana.

En medio de la nada surge la pequeña escuela y un monolito con la efigie de Ezequiel Zamora, caudillo que dirigió la Guerra Federal en la segunda mitad del siglo XIX. Su lema era: "Tierras y hombres libres, ¡oligarcas, temblad!".

Pueblo Paraima cobijará a 120 familias, dotadas de todos los servicios y será, según el gobernador Johnny Yánez Rangel, "modelo de asentamiento campesino propio del socialismo del siglo XXI que impulsa el presidente Hugo Chávez". Tendrá un centro de acopio de la producción agrícola, módulo policial, centro de salud, mercado de alimentos e instalaciones culturales y deportivas.

Pero, si la esperanza es infinita, tres años viviendo como ocupantes precarios comienzan a hacer mella en la paciencia de algunos. "Tal vez el presidente Chávez crea que Pueblo Paraima está casi listo, pero esto está muy atrasado, la burocracia nos está consumiendo", sentencia uno de los campesinos sin tierra, durante una conversación en las afueras de la escuela. No dice nada más, no da su nombre ni acepta ser fotografiado. Igual que varios de sus compañeros, desconfía de quienes llegan hasta allí diciendo ser periodistas. Podrían ser agentes encubiertos de los Branger, ya les ha pasado, dicen. El recelo en estos lares también tiene un lejano horizonte.

"No ha sido fácil, al principio fue violento. Los campovolantes nos perseguían y nos disparaban", afirma Luisa Guilarte, líder de la Asociación Civil Lanceros de San Antonio. Los campovolantes son vigilantes armados, empleados o contratados por los dueños de la hacienda que hacen recorridos a caballo o en todoterreno.

Cambiar de vida

Guilarte, igual que sus compañeras Mary Castro y Alexandra Castro, no son tan suspicaces como los del otro grupo, tal vez porque en realidad no son campesinas, sino que proceden de barriadas pobres de Caracas y del Estado de Vargas, destruido casi por completo por los aludes torrenciales de 1999. "Nosotras decidimos cambiar de vida, venirnos a trabajar la tierra y de aquí no nos vamos, seguiremos hasta que nos construyan nuestras casas y nos den nuestras parcelas", dice Alexandra Castro.

La desconfianza no es injustificada. En una reciente marcha de campesinos, el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, dijo que desde la entrada en vigor de la Ley de Tierras, 150 dirigentes rurales han sido asesinados por sicarios contratados por terratenientes. La muerte, pues, anda también merodeando en la extensa pampa.

Hasta ahora, en Paraima no ha habido nada que lamentar, en buena medida por el trabajo cumplido por la Guardia Nacional, que ha impuesto cierta disciplina en medio del desenfreno de las voluntades. Los militares han sido mediadores entre las partes en conflicto.

Entre hacendados y cooperativistas están los trabajadores al servicio de la hacienda y empresas conexas. El ingeniero agrónomo Rodolfo Barrios, gerente del Hato Paraima, aboga por ellos. "Somos 120 familias que vivimos de esto, no sólo campesinos, sino también de técnicos y profesionales universitarios. Y todos somos de los pueblos cercanos. En cambio, los que han invadido vienen de otros Estados, de las grandes ciudades, ni siquiera tienen experiencia trabajando la tierra", afirma.