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Las Cortes tramitan con meses de retraso la ley del céntimo sanitario

El PSPV exige al Consell que demuestre el buen uso de la nueva tasa

Gerardo Camps, consejero de Hacienda, se comprometió el 24 de noviembre de 2004 ante el vicepresidente económico del Gobierno y los 16 responsables de Hacienda del resto de gobiernos autonómicos a aplicar un gravamen sobre la venta de hidrocarburos en la Comunidad Valenciana desde principios de 2005, entre otras medidas, para paliar el déficit de 971 millones de euros que acumuló la Generalitat sólo en el ejercicio 2003. El proyecto de ley se tramita ahora, con meses de retraso, y la tasa no podrá aplicarse antes de 2006.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acordó en noviembre pasado que tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana tendrían que aplicar planes de saneamiento de sus cuentas públicas entre 2005 y 2007 para enjugar la desviación que sus respectivos déficits presupuestarios en 2003 habían provocado para el conjunto del Estado.

Camps asumió entonces que aplicaría medidas de contención del gasto, limitaciones a las emisiones de deuda o aprovechar su capacidad normativa para revisar al alza los impuestos sobre la venta minorista de hidrocarburos, como ya hacen Madrid, Asturias, Galicia o Cataluña.

El responsable de Hacienda estimaba entonces unos ingresos en torno a 60 millones de euros a lo largo de 2005 al gravar con 2,4 céntimos el litro de gasolina y 1,2 céntimos el litro de gasóleo de automoción; del impuesto de 1 euro por tonelada de fuelóleo y otro de 2,4 céntimos por litro de queroseno de uso general.

La aplicación del céntimo sanitario exige que las Cortes aprueben una ley de apenas un artículo. El responsable de Hacienda evitó redactar el texto a lo largo del primer semestre del año. Como excusa formal, Camps esgrimió el alto precio del barril petróleo.

El Consell aprobó el proyecto de ley a mediados de junio y lo remitió a las Cortes el 27 de julio. Las leyes suelen distribuirse de inmediato a los grupos parlamentarios, pero al ser una norma tan escueta, con sólo dos artículos, los diputados de la oposición solo tuvieron conocimiento del proyecto de ley cuando se distribuyó, el 23 de septiembre, el boletín de las Cortes de que recoge todos las iniciativas en curso.

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En vigor, en 2006

El proyecto se tramita ahora. Nadie ha solicitado trámites de urgencia o de lectura única para agilizar su aprobación. Dadas las circunstancias, una diputada socialista sugiere que el proyecto no se aprobará antes de final de año y el céntimo sanitario no podrá aplicarse antes de 2006. "Habremos renunciado a ingresar los 60 millones de euros previstos para 2005, como si nos sobrara el dinero", añade.

El preámbulo del proyecto de ley recuerda que la posibilidad de que las comunidades autónomas modificaran el gravamen sobre la venta minorista de hidrocarburos se aprobó en 2001, en sintonía con el acuerdo de financiación autonómica impulsado, entre otros, por el entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, cuyo espíritu destilaba la posibilidad de que los buenos gestores bajaran los impuestos.

El PSPV ha formulado tres enmiendas al proyecto del Consell. Las dos primeras pretenden dejar claro que el céntimo sanitario se aplica porque la Generalitat se comprometió a enjugar los 971 millones de déficit con que cerró el ejercicio 2003.

La tercera exige a las consejerías de Sanidad y Hacienda que elabore anualmente una memoria que especifique las cantidades recaudadas en virtud del nuevo gravamen y su destino, que debe restringirse a financiar servicios sanitarios. "A estas alturas ya no nos podemos fiar del PP porque nos tiene demasiado acostumbrados al uso y abuso del dinero de todos los valencianos", comenta Cristina Morena, portavoz de Economía del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas.

Moreno puso en entredicho, además, las diversas iniciativas que anuncia el Consell para bajar impuestos a pesar de las evidentes tensiones que arrastran las arcas de la Generalitat, reconocidas oficialmente en términos de contabilidad del Estado, al menos desde 2003.

Ricardo Costa, portavoz adjunto del Grupo Popular, por su parte, reiteró ayer la consigna: "Fue el Gobierno socialista el que obligó a la Comunidad Valenciana a subir el impuesto de la gasolina".

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