Penúltimo tango de Agbar y Suez

Desde el comienzo de su aventura latinoamericana, a principios de los noventa, los desencuentros de Suez y Agbar con el Gobierno argentino han sido constantes. El último capítulo es la rescisión de dos de sus tres concesiones en Argentina, que amenazan con terminar en los tribunales. Agbar quiere dar un paso más: rediseña su estrategia en Latinoamérica y estudia desprenderse de los negocios menos rentables o salir de los países en los que tenga fricciones con la Administración.

La compañía catalana desinvertirá en los países donde no obtenga la rentabilidad esperada o donde no pueda expandir su negocio

Los dos grupos europeos amenazan con ampliar la demanda de 1.720 millones de dólares ante un tribunal internacional

La historia de Suez y Aguas de Barcelona (Agbar) en Aguas Argentinas, la concesionaria de aguas de Buenos Aires, ha sido una constante marejada. Ocho meses después de que en mayo de 1993 se privatizara el servicio de agua potable y cloacas de la capital argentina se produjo la primera renegociación del contrato. Después sobrevinieron otros cambios a la concesión, hasta que en 2002, con la crisis económica, social y política de Argentina, irrumpió una borrasca que ha derivado en las últimas semanas en la retirada de las dos empresas europeas.

"Habiendo constatado el fracaso de las negociaciones que hubieran permitido restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión y preservar en forma duradera la calidad de los servicios", el consejo de administración de Aguas Argentinas (en la que Suez controla el 39,93% y Agbar el 25,03%) "se vio obligado a proponer a la asamblea general extraordinaria el inicio del proceso de rescisión del contrato", decía en un comunicado del 19 de septiembre. Cuatro días después, en la asamblea, Suez, Agbar y los otros accionistas extranjeros (16,8%) votaron a favor de retirarse. Un portavoz de Agbar confirmó desde Barcelona que su empresa seguía los pasos de Suez, su socia en concesiones de aguas de toda Latinoamérica. Aguas Argentinas y el Gobierno de Néstor Kirchner deben ahora discutir la transición: la empresa pretendía irse en 90 días, pero el ministro de Planificación, Julio de Vido, aseguró que el contrato obliga a prestar el servicio un año más.

El Gobierno y la concesionaria habían dejado trascender hace tres semanas que el acuerdo era inminente. En Aguas Argentinas, que da servicios a 10 millones de personas y es la mayor concesión de aguas del mundo, aseguraban que las partes habían pospuesto la discusión de quién pagaría la deuda de 74 millones de euros con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que la empresa contrajo cuando aún era la estatal Obras Sanitarias de la Nación. Pero la concesionaria reconocía que faltaba definir el problema de siempre: las tarifas, congeladas desde 2002. Ese año, Aguas Argentinas suspendió pagos de su deuda de 575 millones, ante la devaluación del peso -que perdió dos tercios de su valor- y una inflación que desde entonces acumula una subida del 60%. Las partes no se ponían de acuerdo en cuánto elevar las tarifas ni en qué momento del año próximo, una vez pasadas las elecciones legislativas del octubre venidero.

Fuentes de Suez atribuyeron el fracaso de la negociación a que Kirchner se negó a firmar antes de los comicios un convenio que implicaría un incremento de precios. El ministro De Vido desmintió que las tarifas motivaran la interrupción del diálogo y aclaró que el Estado estaba dispuesto a invertir en los próximos tres años -se necesitan 140 millones anuales para extender la red- y a subvencionar a Aguas Argentinas. De Vido alegó que el desacuerdo se produjo porque Suez reclamó que el Estado argentino se hiciera cargo del crédito con el BID. El secretario ejecutivo de la Unidad de Renegociación de los Contratos de Servicios Públicos, Gustavo Simeonoff, reconoció que el principal escollo radicaba en la deuda, pero también dijo que Aguas Argentinas pedía un aumento "inaceptable" de las tarifas, de entre el 46% y el 62%. Además, según Simeonoff, Suez y Agbar se resistían a congelar su demanda de 1.720 millones de dólares contra Argentina por la congelación de tarifas ante un tribunal del Banco Mundial, a diferencia de lo que hicieron Endesa y Gas Natural, y tampoco había acuerdo sobre los compromisos de inversión.

El pasado jueves, Suez y Agbar enviaron al Ejecutivo de Néstor Kirchner una dura carta de rescisión del contrato de Aguas Argentinas, en la que hacen efectiva la amenaza de continuar e incluso ampliar la demanda presentada ante los tribunales internacionales y reclaman, además, la devolución de la garantía de la concesión -unos 46 millones de dólares-, puesto que las dos empresas responsabilizan al Estado argentino de la rescisión.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se encontró en la asamblea anual de la ONU, a principios de septiembre, con su par argentino, Néstor Kirchner, quien le pidió que interviniera para que Agbar permaneciera en Aguas Argentinas, más allá de la retirada de Suez. Un portavoz del Ejecutivo argentino, sin embargo, admitió la dificultad de que esta opción se concretara, dado que Suez cuenta con más participación que La Caixa en Agbar. De todos modos, Zapatero destacó que Agbar constituye un caso aislado de las inversiones españolas en Argentina. Grupos como Abertis, Endesa y Gas Natural han suscrito acuerdos con la Administración. Telefónica afronta un proceso más lento, pero no se duda de su permanencia.

Suez y Agbar se habían marchado en julio de Aguas de Santa Fe, la tercera provincia de Argentina, pero progresan en su negociación para permanecer en Aguas Cordobesas, de Córdoba, el segundo distrito del país. Fuentes de Agbar explicaron, sin embargo, que el futuro de esta concesión está ligado a lo que ocurra en Buenos Aires.

Desinversiones

Agbar rediseña actualmente su estrategia en América Latina. El ya expresidente, Ricard Fornesa, anunció en la última junta de accionistas que Agbar -un conglomerado de 250 compañías y 31.000 empleados- abandonaría los negocios de pequeña dimensión o las concesiones poco rentables. Tras la venta de paquetes accionariales de Adeslas, el grupo ha acometido desinversiones como la venta de Cespa -el negocio de recogida y gestión de residuos- o de la constructora Acsa, analiza a fondo su presencia en Latinoamérica y no descarta cierto repliegue: "El grupo tiene una posición sólida en Chile, y también en Colombia, México y Cuba, pero está abierto a desinversiones si no se obtienen las rentabilidades esperadas o hay dificultades para expandir el negocio", explicaron fuentes de Agbar.

Frente a los planes de crecimiento de la década pasada, la compañía que presidirá Jordi Mercader a partir del próximo 1 de enero se enfrenta a los últimos coletazos de sus inversiones en Argentina y a la paralización de los procesos de privatización en otros países como Uruguay, donde el resultado de un referéndum impide cualquier posibilidad de crecer a su filial Aguas de la Costa. "La filial con un futuro más complicado es la de Brasil", según las mismas fuentes, "donde podría efectuarse una desinversión si se encuentra un comprador local".