El tripartito y CiU pactan el Estatuto

El acuerdo sobre el Estatuto catalán que el tripartito y CiU alcanzaron poco antes de las nueve de la noche de ayer contuvo una ristra de elementos escenográficos: interrupción del pleno del Parlamento, reuniones de las cúpulas de los partidos por separado, encuentros bilaterales de confesionario e intercambio de documentos entre asuntos tan dispares como financiación y laicismo.

Poco después de las cinco de la tarde, fuentes del Gobierno catalán aseguraban que el pacto sobre financiación -la gran batalla final de la reforma estatutaria- estaba al alcance de la mano y sin asumir la fórmula del concierto económico. Y así debía de ser, porque pasadas las siete, los logistas de las cuatro formaciones buscaban una bandera catalana con la que inmortalizar el momento ante las cámaras, con un cuadro de Tàpies como telón de fondo. Al final, la improvisación superó las previsiones y Maragall y Mas se abrazaron en los pasillos.

El pleno del Parlamento autónomo fue interrumpido tres horas y media para que los líderes superasen sus diferencias

El laicismo en la escuela pública fue el último escollo entre la izquierda y Convergència i Unió

El acuerdo sobre el sistema de financiación llegó tras más de 12 horas de dramáticas negociaciones

El primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla, recién llegado de EE UU, no quiso perderse la negociación en directo

Por la mañana las caras eran largas. El despacho parlamentario del presidente de la Generalitat era un ir y venir de colaboradores y consejeros

Pero era un abrazo de etapa, porque el texto que se aprobará formalmente hoy -anoche los parlamentarios seguían todavía reunidos en la Cámara- debe pasar a debate del Congreso de los Diputados. Para preparar el terreno, Maragall telefoneó al presidente José Luis Rodríguez Zapatero tras alcanzarse el acuerdo. Una llamada oportuna cuando ya era perceptible en Madrid el encono del PP y la contrariedad de distintos dirigentes del PSOE: "Cataluña nos devuelve la patata caliente a nosotros", evaluaban. Fuentes del Gobierno central no ocultaban su impresión de que el texto final "desborda" las previsiones, tanto en financiación como en competencias y en elementos identitarios, lo que augura una tramitación conflictiva.

La intensa jornada de ayer empezó muy pronto en Barcelona. El Ejecutivo de Pasqual Maragall recibió la propuesta de financiación de CiU a primera hora, aunque algún miembro del tripartito se había acostado el día anterior ya con ella en las manos.

Poco después, la cúpula de Convergència i Unió llamó a La Moncloa para asegurarse de que si se rechazaba su plan de concierto económico -una fórmula similar a la del País Vasco- no habría Estatuto. Era un intento de presionar al Partit dels Socialistes. El interlocutor convergente aseguró: "Si la ejecutiva del PSC [que se reunió luego, a mediodía] lo rechaza, nosotros diremos que no". Pero a los socialistas catalanes la actitud de CiU nos les pilló desprevenidos. El primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla, recién regresado de Estados Unidos, prefirió arrastrar su jet-lag por los pasillos del Parlamento -adonde llegó sobre el mediodía- antes que perderse la negociación en directo.

El PSC rechazó la propuesta de pacto de CiU, que insistía en el concierto económico y en que la Generalitat fuera la encargada de repartir las subvenciones a los ayuntamientos. No obstante, de la sede socialista salieron las bases del acuerdo, luego consensuadas con republicanos y ecosocialistas.

Por la mañana, las caras reflejaban pesimismo. El despacho parlamentario del presidente de la Generalitat era un ir y venir de colaboradores y consejeros: Antoni Castells, titular de Economía, y Ernest Maragall, secretario del Gobierno, eran los más asiduos visitantes. Mientras, los letrados aguardaban en la puerta para dar forma al entonces inexistente acuerdo. Socialistas, republicanos, ecosocialistas y convergentes mantuvieron decenas de reuniones. Los únicos que deambulaban en solitario por los pasillos eran los diputados del PP, contrariados por unos resultados que rompían sus predicciones.

La sala de plenos sólo se llenaba cuando las señales acústicas anunciaban la votación. Pronto se percató CiU de que en esta ocasión el tripartito iba cohesionado y que no conseguiría la complicidad de los republicanos de Josep Lluís Carod, conjurado con el líder de Iniciativa (ICV-EUiA), Joan Saura, para cerrar filas con los de Maragall.

Así las cosas, los tres negociadores del tripartito: Miquel Iceta (PSC), Joan Ridao (ERC) y Joan Boada (ICV-EUiA) entregaron su contrarréplica financiera a los convergentes Felip Puig, Núria de Gispert y Francesc Homs, a media tarde. La pelota estaba en tejado nacionalista. Y CiU no dio luz verde completa hasta poco después de las 20 horas. El pleno del Parlamento, que se suspendió a poco antes de las 18 horas entre protestas del Grupo Popular, se reanudó pasadas las 21.30 también con la misma tónica por parte del PP. Pero para entonces el acuerdo ya era un hecho y, para sorpresa general, el último asunto en dilucidarse fue el del laicismo en la enseñanza pública. Anteayer, dentro del capítulo de derechos y deberes, la izquierda había impuesto sus criterios sobre el laicismo en la escuela, con la oposición de CiU y PP, que votaron contra todo el título. Ayer, Unió hizo de ello un asunto de principios. Llegó a reunir a la cúpula del partido, bajo la presidencia de Josep Antoni Duran, para escenificar su enfado democristiano.

La situación llegó a ser tan tensa que obligó a posponer -por la mañana- el debate en el pleno sobre el título cuarto, relativo a competencias. La ira del partido católico fue en aumento hasta el punto de que se negó a aceptar, de acuerdo con algunas fuentes, la transacción que el PSC alcanzó con Convergència, y que consistía en circunscribir a la "escuela" pública y no a la "enseñanza" pública el término laicismo.

Para entonces, la Conferencia Episcopal y el Secretariado de la Escuela Cristiana ya habían hecho pública su postura en plena comunión con los democristianos. Y ello a pesar de que hace unos días el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, trató de tranquilizar al arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez. Saura le dejó claro que el texto estatutario se refería sólo a la escuela pública, no a los centros privados concertados, la mayoría religiosos. Ni así evitó el tripartito topar con la Iglesia.