CiU renuncia al concierto económico

El Gobierno catalán y Convergencia i Unió (CiU) dejaron ayer expedito el camino para la aprobación hoy del nuevo Estatuto de Cataluña tras alcanzar in extremis un acuerdo sobre el modelo de financiación que se denominará Acuerdo Económico Solidario. La fórmula pactada se aleja del concierto económico reclamado por CiU y que el Consejo Consultivo consideró inconstitucional. Según ella, la Generalitat recaudará todos los impuestos estatales en Cataluña y tendrá capacidad normativa limitada sobre ellos.

Ninguno de los dos equipos quiso aparecer como el vencedor o perdedor de este dilatado proceso negociador, pues todos han dejado en la cuneta algunas de sus aspiraciones. Pero CiU, que insistió durante las últimas semanas en que nunca renunciaría al concierto económico, ha visto menguadas sensiblemente sus demandas.

El modelo pactado se aleja del concierto pues si bien la denominada cuota de retorno -bautizada ahora como aportación catalana a la hacienda estatal- incluye las cantidades que se devuelven al Estado en pago a los servicios que presta en Cataluña y la contribución destinada a la solidaridad interterritorial, ambos mecanismos tendrán diferentes criterios de cálculo. Unir ambos conceptos fue considerado inconstitucional por el Consejo Consultivo.

Además, CiU ha cedido también en su pretensión de que la Generalitat tenga competencias exclusivas en materia de financiación local, pues chocaba con lo dispuesto en la Constitución. Los convergentes pretendían que fuera la Generalitat la que fijara únicamente los criterios de reparto de las subvenciones estatales entre los ayuntamientos. El Gobierno catalán podrá redactar una ley en este sentido pero deberá tener en cuenta los estándares mínimos que estabece la legislación estatal.

Asimismo, el acuerdo recoge la obligatoriedad de colaboración entre la Agencia Tributaria de Cataluña -que recaudará y gestionará todos los impuestos- y la del Estado bajo la fórmula del convenio. CiU apostaba por que esta posibilidad se dejara en manos de Cataluña.

Los dos principales escollos que mantuvieron a las delegaciones de CiU y del tripartito más atareadas fueron los correspondientes a la cuota inicial, es decir, la cantidad que percibirá la Generalitat el primer año de entrada en vigor del nuevo Estatuto, y la capacidad normativa de la Generalitat sobre los tributos cedidos por parte del Estado.

En el primer punto nadie sale ganando. La fórmula que se ha adoptado es similar a la cuota de retorno para los siguientes años, pues no será el Estado quien traspase dinero a Cataluña, sino a la inversa. A los seis meses de entrada en vigor del Estatuto, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales -paritaria entre los gobiernos central y catalán- acordará esta cantidad. Lo que se devolverá al Estado será por los servicios que presta en Cataluña, tomando como referente el coeficiente de población respecto al conjunto de España. La otra parte será la aportación para la solidaridad interterritorial, calculada como la diferencia entre el porcentaje de población y el esfuerzo fiscal de Cataluña, medido éste último por el rendimiento del Impuesto de la Renta sobre la totalidad del estado. Algunos expertos de los partidos cifraban en 6.000 millones de euros la cantidad que obtendría Cataluña el primer año Cataluña.

Pasado este primer año, los criterios para fijar la cuota de retorno se acordarán en la comisión mixta de Asuntos Económicos y se revisarán cada cinco años. El acuerdo sobre financiación contempla algunos principiso generales para calcular la cantidad que Cataluña destinará a solidaridad interterritorial.

Respecto a la capacidad normativa sobre los impuestos estatales, CiU preveía que la Generalitat fijara los tipos impositivos, cuando es competencia exclusiva del Estado, mientras que el tripartito apostaba por algo más indeterminado. El nuevo Estatuto se referirá a que la Generalitat "participará en la fijación"; lo que no implica obligatoriedad.