El laicismo de la enseñanza pública, último escollo antes de alcanzar el pacto global

Al final fue la consideración de la escuela pública como laica y no la fórmula de financiación de la Generalitat lo que puso la reforma del Estatuto catalán al borde del fracaso, aunque el acuerdo final se alcanzó a las 21.25. Josep Antoni Duran Lleida, líder de Unió Democrática, el socio de Convergència, amenazó con que los diputados de su partido lo rechazarían en la votación final si no se retiraba la consideración de laica, lo que condicionaba la posición de CiU, aunque los 15 escaños de los democristianos no bastaban para impedir que se alcanzaran los dos tercios de la Cámara.

Los obispos catalanes habían emitido por la mañana una nota en la que afirmaban que el nuevo Estatuto no garantizaba la elección de escuela, lo que añadió presión.

A lo largo de la jornada se sucedieron las negociaciones entre los tres grupos de la izquierda y CiU, que se prolongaron hasta las nueve de la noche. En aquel momento, el grupo negociador formado por el socialista Joaquim Nadal, los republicanos Josep Bargalló y Marta Cid, el ecosocialista Jaume Bosch y la convergente Irene Rigau, alcanzaron un acuerdo sobre el contenido del artículo en disputa, el 21 del proyecto. Pero el pacto fue entonces rechazado por Unió. Entonces se había alcanzado también ya el acuerdo en materia de financiación, por lo que el Estatuto estaba pendiente de esta formación.

El forcejeo con Unió, en los despachos del grupo de CiU, se prolongó hasta las 21.25 horas, y sirvió para introducir algunos retoques que no alteraban lo acordado con la izquierda. El texto finalmente adoptado tiene tres puntos. El primero afirma que "todas las personas tienen derecho a una educación de calidad y a acceder a ella en condiciones de igualdad. La Generalitat ha de establecer un modelo educativo de interés público que garantice estos derechos". El segundo punto establece que los progenitores tienen garantizado el derecho a que sus hijos "reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus condiciones en las escuelas de titularidad pública, en las que la enseñanza es laica". Y el tercer punto afirma que los centros docentes privados podrán ser sostenidos con fondos públicos, de acuerdo con lo que determine la ley, para garantizar "los derechos de acceso en condiciones de igualdad y a la calidad de la enseñanza".

ICV se desmarca

El acuerdo sólo fue suscrito por PSC, ERC y CiU, ICV no lo apoyó al considerar que el texto introduce un margen de confusión.

El asunto llegó a provocar a media tarde un conflicto entre los diputados socialistas, porque en un momento de la negociación, el presidente Pasqual Maragall se mostró dispuesto a retirar la consideración de laica. Algunos diputados del PSC y de Ciutadans pel Canvi se opusieron frontalmente a echar atrás la votación del miércoles que introdujo esa consideración. Unido a la firme posición de ERC e ICV-Esquerra Unida, que se negaron a que la presión del episcopado católico modificara un acuerdo del Parlamento, eso obligó a retomar al final de la tarde las negociaciones que culminaron a las 21.25 manteniendo el laicismo de la escuela pública.

Estas negociaciones se cruzaron con las que se llevaban a cabo al mismo tiempo sobre financiación, de manera que se formó lo que algunos diputados calificaban como "dos paquetes" interrelacionados. Esto obligó a aplazar la votación del Título IV del proyecto, que trata sobre las competencias y, en realidad, es a juicio de políticos y juristas, una parte muy importante de la reforma, para cuando hubiera un acuerdo, o desacuerdo sobre ambos "paquetes". Este título es el que establece lo que ha sido denominado como "blindaje" de las competencias de la Generalitat.

Este blindaje fue rechazado por el PP, por boca de la diputada Àngels Olano. El PP considera que la definición de la tipología de las competencias le corresponde a la Constitución y no al Estatuto. Pero los otros cuatro partidos catalanes la apoyan y consideran que es el modo de poner fin, o reducir de manera sustancial, lo que juzgan una "tendencia expansiva" de los Gobiernos de España para invadir el campo competencial de la Generalitat mediante leyes orgánicas.