Uribe, pendiente de los jueces

Colombia vive un momento de gran expectación. En menos de un mes se espera que el Tribunal Constitucional del país suramericano decida si permite o no al presidente Álvaro Uribe presentarse a la reelección en 2006. El dictamen de la Justicia es vital para la continuidad de algunas políticas clave del actual Gobierno y, muy especialmente, para las negociaciones de paz. El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, reconoció ayer, durante una breve escala en Madrid, que "hay mucha expectación respecto al tema de la reelección", un mecanismo prohibido en Colombia desde 1991.

Santos aseguró no tener ninguna pista sobre lo que puede llegar a decidir el Tribunal. "No sabemos nada (...) El Gobierno seguirá trabajando para conseguir sus objetivos hasta el final de su mandato. Si se le permite al presidente Uribe presentarse a la reelección, ya se pondrá a ello cuando llegue el momento; si no, no pasa nada, no hay plan B", dijo Santos.

A medida que se acerca la fecha prevista para que el Tribunal se pronuncie, las declaraciones y las especulaciones sobre el asunto tensan la escena política. Recientemente, el Fiscal General, Edgardo Maya, dejó claro, por segunda vez en tres meses, que la idea de re implementar la reelección no le gustaba. Mientras tanto, el ministro del Interior, Sabas Pretelt, aseguraba que había presiones de grupos radicales para que el Tribunal fallara contra la reelección.

"Las empresas extranjeras que planean invertir o expandirse en Colombia han congelado sus decisiones hasta conocer el fallo judicial", explicaba ayer una fuente financiera. "Todo el mundo está expectante porque está claro que no es lo mismo que a Uribe le quede un año que cinco. Porque de eso se trata, aunque la reelección no significa la renovación automática de Uribe, es difícil imaginar que no gane con la popularidad que tiene (más del 70%, según las encuestas)", añade.

Los analistas hacen hincapié, sobre todo, en la continuidad del plan de pacificación y en qué sucederá con la Ley de Justicia y Paz. De los tres grandes grupos armados en Colombia, el Gobierno ha abierto negociaciones con dos de ellos (los paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-) y ha redoblado la lucha con el tercero (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-).

A la controvertida Ley de Justicia y Paz ya se han acogido unos 2.500 paramilitares para reinsertarse en la sociedad. La norma ha sido muy criticada, ya que para muchos analistas (incluso expertos de Naciones Unidas), concede una amnistía a muchos paramilitares que cometieron delitos atroces. Uribe ha reconocido que el proceso prevé una reducción de penas, pero que en ningún caso una amnistía.

Por otra parte, el Gobierno de Uribe acaba de dar un impulso a las negociaciones con el ELN, el segundo grupo armado tras las FARC, con la excarcelación temporal de uno de los máximos dirigentes, Gerardo Bermúdez Sánchez, cuyo nombre de guerra es Francisco Galán; para mediar en el conflicto. Fuentes cercanas a las conversaciones aseguran que la "base" del ELN (más de 4.000 guerrilleros) está dispuesta a negociar con el Gobierno, mientras que la "cúpula", mayormente refugiada fuera de las fronteras colombianas, se resiste a ello. Este proceso, que acaba de comenzar, es el que está más ligado a la perspectiva de continuidad del Gobierno de Uribe hasta 2010, ya que podría dilatarse si el Constitucional se opone a la reelección.

Con las FARC el Gobierno sigue sin encontrar un punto de partida para un posible acercamiento. Hasta ahora Uribe mantiene su lucha militar y policial sin cuartel contra la guerrilla y esgrime que esta presión es lo que ha hecho retroceder el crimen y la violencia durante los últimos tres años en Colombia. Los expertos también creen que las FARC puedan estar esperando el fallo sobre la reelección para definir si están dispuestas a negociar una salida con el Ejecutivo de Uribe o si deben prepararse para cuatro años más de duros combates.