El síndrome del 'caso Maeso'

La posible responsabilidad penal de Juan Maeso, acusado de la infección masiva de hepatitis C, la dilucidará el tribunal que le está juzgando. No se sabe cuándo, porque al ritmo que van las cosas, la sentencia que sea va para largo.

Nada más lógico, dadas las cifras mastodónticas del juicio: 276 afectados, casi 600 testigos, siete años de instrucción del caso y un sumario resultante de 50.820 folios. ¿Hay alguien capaz, no ya de escribir esa cantidad de páginas, sino siquiera de leerlas? En un cálculo nada exagerado, la lectura superficial del sumario requeriría tres meses ininterrumpidos, sin un siquiera un minuto para el sueño. Es decir, muchísimo más de lo que el propio Maeso declara que puede trabajar sin interrupción.

Esas apabullantes cifras y la presencia conjunta de más de un centenar de abogados con sus correspondientes togas son los dos aspectos colaterales del proceso que más han llamado la atención de la opinión pública.

Aun así, para los legos en la materia, como un servidor, lo inquietante de este caso son las sombras que lo circundan. La primera: el retraso de años en descubrir la anómala cifra de afectados por la hepatitis C y el origen común de la infección. El que fuesen dos empresas privadas, Iberdrola y Telefónica, las que se preocuparan por la alta incidencia de la enfermedad entre sus trabajadores y hallaran el nexo común a los pacientes no dice nada bueno en favor de la Administración pública. ¿Cómo es que ésta no se dio cuenta antes? ¿Tan mal andan sus procedimientos, sus estadísticas y sus métodos de control?

Otra cuestión, no por reiterada menos alarmante, es la duración de la fase de instrucción: siete años. Bien es verdad que hay casos que duran el doble. Recuerdo la reclamación por daños de unos vecinos a los que les plantaron un edificio a un metro de sus ventanas exteriores y dejaron ya de ver el sol. Cuando obtuvieron una sentencia favorable al cabo de quince años, sus hijos habían crecido rodeados de cemento, algunos de ellos habían muerto, otros se habían mudado de casa y se había perdido su pista y todos habían sufrido un perjuicio irreparable. Ya se sabe que la justicia lenta no es justicia. Y, aquí, pese a los juicios rápidos de reciente implantación, nuestra justicia, en vez de ir en turborreactor, lo hace con muletas.

¿Cómo se reparan, pues, los derechos de los afectados si se demuestra lo justo de su demanda 17 años después de la infección, como sucederá en algunos casos? Pues lo tienen crudo. Y, eso, a pesar de la comprobación de la mala práctica de una sanidad en la que un operado de menisco salía con una hepatitis crónica que no tenía antes de ser intervenido, en un hospital donde se modificaban arbitrariamente las guardias médicas sin dejar constancia de ello y con profesionales que, como Maeso, presumen de haber trabajado 144 horas consecutivas sin haberse tomado un respiro.

Pase lo que pase con la sentencia, hay, por consiguiente, una responsabilidad de la Administración que ha dejado al doctor Maeso al pie de los caballos, que no ha demostrado ninguna sensibilidad con las víctimas y que -faltaría más- admite que acatará la sentencia en aquello que le afecte.

Ése es, pues, el problema de nuestra sanidad, más allá del pulso económico exhibido estos días entre las comunidades autónomas y la administración central. ¿Cuál es nuestro modelo sanitario? ¿Cómo podemos hacerlo eficaz y transparente? ¿Qué mecanismos de control y de garantía del usuario hay que poner en práctica?

Bien está que se luche por reducir unas ratios a veces impresentables de listas de espera, minutos de atención al paciente, falta de privacidad en la consulta o demora -hasta dos años- en el pago a proveedores farmacéuticos de la Generalitat. Eso viene siendo compatible con una alta tecnología y buena cualificación de los profesionales médicos, una mayor cobertura sanitaria y la atención generalizada a quienes no cotizan a la seguridad social.

Sin embargo, si no racionalizamos y mejoramos la gestión sanitaria, es decir, la eficacia de nuestra administración en cuestiones de salud pública, ésta puede ser un saco sin fondo donde se pierdan los dineros acordados con el Gobierno de Madrid, por una parte, y los usuarios sigamos, por otra, al albur de una buena o mala práctica sanitaria o del mayor o menor control del sistema público de la salud.

Estos son algunos de los síntomas que el caso Maeso ha vuelto a poner en evidencia, más allá del resultado penal del proceso jurídico.