Acuerdo sanitario

El plan para inyectar más dinero y enderezar el fuerte déficit sanitario de las comunidades autónomas ha obtenido al final luz verde, con la abstención de las seis gobernadas por el PP. Los populares han buscado una fórmula para minimizar el éxito político de Zapatero sin renunciar por ello al "maná estatal". Para ello ha sembrado la sospecha de que el Gobierno discrimina a las comunidades que gobierna el PP en beneficio de las que están en manos del PSOE. El Ejecutivo no ha querido, o sabido, explicar con detalle cómo se repartirán 1.177 de los 1.677 millones anuales de la oferta distribuida en ayuda directa y diversos fondos.

Ha sido el Consejo de Política Fiscal y Financiera la institución donde se han discutido y ventilado los problemas, y así tenía que ser por ser ése el órgano donde se regulan las intercambios económicos entre la Administración central y las comunidades autónomas. No era en ningún caso en la Conferencia de Presidentes, por mucho que Zapatero insistiera en que se había alcanzado un consenso básico al respecto al término de la reunión del pasado sábado. Sin restar mérito al acuerdo, el presidente del Gobierno y el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, no deberían sentirse demasiado satisfechos del procedimiento seguido durante la cumbre autonómica.

El método de actuación ha sido más que discutible. Dista mucho de ese compromiso de transparencia que el líder socialista enarbola. Fueron comprensibles las quejas de los presidentes de las comunidades del PP de no haber tenido tiempo de estudiar con detalle el documento. Hubo una premeditada ocultación de datos, cuando lo propio hubiese sido dar margen para un estudio detenido de la oferta. Fue también poco razonable la comparecencia, días antes, del ministro de Economía para anunciar un paquete presentado como poco menos que innegociable. E igualmente sorprendente resultó el baile de cifras de su departamento sobre los cálculos de ingresos previstos como resultado del aumento anunciado en los impuestos de alcohol y tabaco.

El arreglo supone, en todo caso, un respiro para corregir el fuerte déficit sanitario, agravado por el aumento de la población inmigrante, sobre todo en Cataluña, Andalucía, Baleares y Madrid, por mucho que la presidenta de esta última, Esperanza Aguirre, considere la oferta muy lejana de los objetivos del PP, o su líder, Rajoy, la haya calificado despectivamente de simples "dinerillos". Pero ese alivio servirá de poco mientras las comunidades no actúen de forma más responsable en la gestión de sus recursos. No siempre habrá bonanza económica ni el Estado podrá ayudar.