Colombia detiene a un cura español acusado de ayudar a la guerrilla

El sacerdote español Ricardo Lorenzo Cantalapiedra se encuentra desde ayer bajo detención preventiva en la casa de la comunidad salesiana en Bogotá. Un fiscal lo acusa de colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cantalapiedra trabaja desde 1977 en zonas de conflicto y desde hace dos años es párroco en La Uribe, una pequeña población del este de Colombia.

Cantalapiedra, de 64 años y nacido en La Seca (Valladolid), reconoce que su labor pastoral le lleva a desplazarse "por campos, ríos y selvas" y que ha tenido relación con la guerrilla. "Pero es una relación al margen de cuestiones ideológicas; mi política es el evangelio", matizó. El sacerdote mantiene que las acusaciones de la Fiscalía de Villavicencio, en el departamento de Meta, donde se encuentra el pueblo de La Uribe, "son mentirosas y mal intencionadas".

El fiscal se basa en confesiones de reinsertados de las FARC para acusar al sacerdote de visitar y llevar víveres a campamentos guerrilleros. "Sí he ido a campamentos, pero por razones humanitarias", asegura.

La historia empezó el pasado 2 de julio, cuando un grupo de fiscales llegó a La Uribe y detuvo a 17 personas. Es una práctica muy usada y duramente criticada, dentro de la política de seguridad democrática, bandera del actual Gobierno. "Salí a protestar por la forma en que lo hicieron; los llevaban esposados unos a otros", cuenta el sacerdote. "Dije al fiscal que era un atropello contra la población". El fiscal le contestó que él también estaba en la lista, pero que no lo detenían por ser conocido. Cantalapiedra recibió ayer la notificación de su detención preventiva.

Detenciones arbitrarias

El hecho coincide con la presentación de un informe de varias ONG que asegura que en los dos primeros años del actual Gobierno se han registrado 77 detenciones en las que fueron privadas de libertad 5.535 personas. La gran mayoría la han recuperado por falta de pruebas. Según el informe son detenciones "indiscriminadas que se fundan en la estig-matización de la población civil como colaboradora de la guerrilla".

El pasado 5 de agosto fueron dejados en libertad 62 de 117 personas que fueron detenidas hace 22 meses en Quinchía, población cafetalera del centro del país. Una vez más se oyeron entonces voces de protesta contra esta práctica. "Todo el dinero que tiene el Estado será poco para reparar el injusto tratamiento al que fueron sometidos unos inocentes", decía el editorial de El Tiempo.

En la actualidad, aún quedan 6 de los 117 detenidos; muchos fueron liberados con cuentagotas y uno murió en prisión. Entre los acusados, había un ciego, un concejal y un alcalde. Se espera la acusación formal del sacerdote español Cantalapiedra en una semana.

Tres sacerdotes han sido asesinados supuestamente por las FARC. Dos de ellos fueron abatidos cuando viajaban por una carretera del noreste del país, mientras el otro fue asesinado en el colegio donde trabajaba, frente a sus alumnos, en una población al sur del país.