Televisiones de Madrid afirman que se perderán 342 empleos con las concesiones

Un total de 342 empleos se pueden perder como consecuencia del resultado el pasado día 5 del concurso para la adjudicación de licencias de televisión local del Gobierno de Madrid, según informó ayer la Asociación de Televisiones Locales de Madrid. De los puestos de trabajo que se perderían 234 son directos y 108 indirectos. En caso de verse abocadas al cierre, las empresas que más empleos directos perderían son: Localia (133), Televisión del Corredor (43) y Tele K (36). Según la asociación "sorprende" que no se haya tenido en cuenta a la hora de conceder las licencias la pérdida de empleos, ya que "uno de los requisitos cuantificables por la comisión de valoración era la creación de empleo".

El presidente de la asociación de televisiones locales de Madrid, Francisco Pérez, denunció ayer que desde la secretaría del presidente de la Mesa de Valoración no se le permitió examinar el expediente del concurso, con el pretexto de que el personal está de vacaciones. La asociación denuncia que previsiblemente no tendrá acceso al documento hasta "la semana que viene". Las televisiones excluidas tienen sólo un mes de plazo para presentar recurso.

La Federación de Comunicación y Transporte de CC OO también se plantea presentar un recurso de alzada en nombre de los trabajadores de las emisoras excluidas del concurso, solicitando la suspensión cautelar como paso previo a la solicitud de nulidad.

Por su parte, el secretario de Comunicación del Partido Socialista de Madrid (PSM), Miguel Ángel Sacaluga, denunció ayer el "el sectarismo y el partidismo" del proceso de adjudicación de los canales, debido a la "ocultación por parte del Gobierno regional de toda la información". Según Sacaluga, sólo se hizo público "el nombre de las empresas adjudicatarias y poco más", por lo que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha mostrado "una nula sensibilidad" hacia los trabajadores, que podría repercutir en la pérdida de centenares de puestos. El portavoz del PSM aseguró que a casi dos semanas de la adjudicación aún falta por saber qué criterios se siguieron, así como "el proyecto empresarial que van a llevar a cabo, su viabilidad y solvencia económica".

Sacaluga responsabilizó al vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, de "su total ocultación" de la información. "Con su silencio está representando claramente un papel partidista, defendiendo a las empresas de sus amigos, antes que representar el papel institucional de garante de los intereses y derechos de todos los madrileños".