La Guardia Civil detiene a 14 personas por un fraude de 1,2 millones en ayudas al aceite

La Guardia Civil informó ayer de la detención en los últimos tres meses de 14 personas por el cobro irregular de 1,2 millones de euros en subvenciones a la producción de aceite. Estas investigaciones, incluidas en la bautizada como Operación Oliva, llevaron a actuar contra una decena de empresas en Sevilla, Córdoba, Granada y Badajoz. Según la Guardia Civil, los detenidos (representantes empresariales y agricultores) falsificaban la documentación de solicitud de ayuda con referencias a parcelas con una producción olivarera inexistente o muy por debajo de lo declarado.

La Operación Oliva se inició en 1999 cuando la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidió unificar las investigaciones sobre fraudes en la percepción de ayudas europeas a la producción de aceite de oliva. Desde entonces, la Guardia Civil ha detenido a más de un centenar de personar y ha constatado un supuesto fraude cercano a los 20 millones de euros. "Las administraciones deben vigilar que no se cobren ayudas ilegalmente", comentó ayer la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, tras conocer la operación de la Guardia Civil. Espinosa matizó que se trata de casos "excepcionales" y que estas informaciones no deberían llevar "alarma" al mundo rural. "Es como un fraude a Hacienda, ni más ni menos", sostuvo.

En un comunicado, la Guardia Civil indicó que en Sevilla se intervinieron dos sociedades limitadas y una cooperativa de Pedrera, La Roda de Andalucía, Casariche y Badolatosa y se detuvo a cuatro personas. En Córdoba, se indagó en explotaciones de Lucena, Aguilar de la Frontera, Alcaracejos, Pozoblanco, Moriles y Montilla, se intervino en cinco empresas y se detuvo a dos personas. Por último, en Granada se analizó la producción de varias parcelas arrendadas por un oleicultor extremeño, una actuación derivada de las investigaciones en Badajoz, la primera vez en que la Operación Oliva se desarrolla también en Extremadura. En la capital pacense y en Almendralejo, las pesquisas de la Guardia Civil se centraron en tres personas (que pasaron a disposición judicial) y dos sociedades limitadas.

Con relación a otras fases de la Operación Oliva, la Guardia Civil destacó que algunos de estos detenidos incluyeron en sus solicitudes de ayudas parcelas de tierras de distintas provincias para dificultar el control administrativo. Los trámites también se realizaron en distintas delegaciones provinciales con el mismo objetivo, según los investigadores.

Uno de los detenidos fue investigado por percibir de la Unión Europea unos 418.000 euros como agricultor y representante legal de dos empresas. Un cobro indebido porque la producción reseñada en la solicitud se comprobó luego que era inexistente o sensiblemente inferior a lo cosechado en las parcelas reseñadas.

Encinas por olivos

En otro de los casos investigados en esta última fase de la Operación Oliva, la Guardia Civil observó que un agricultor sevillano cobró ayudas por la producción de nueve parcelas en Córdoba, cuando el sólo admitió ser propietario de tres o cuatro fincas. Más aún, los dueños del resto de parcelas indicaron que no las habían arrendado al agricultor y la Guardia Civil averiguó después que algunos terrenos de olivar declarados se correpondían con dehesas de encinas.

La Guardia Civil, que se ha convertido en el único cuerpo policial europeo que, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura, investiga el fraude en ayudas a la producción agrícola, mantiene abierta la Operación Oliva. En Andalucía, los agricultores recibe cada año unos 800 millones de euros en subvenciones a la producción de aceite.