"Cada vez hay menos resistencias nacionales a las fusiones bancarias"

Philip Lowe (Leeds, Reino Unido, 1947) es director general de Competencia en la Comisión Europea. Es, por tanto, el funcionario de más alto rango en un departamento crucial para la economía europea que, junto al agrícola, desarrolla una de las pocas políticas comunes de las que se ha dotado la UE. Fusiones, concentraciones, carteles, ayudas de Estado y abusos de posición dominante pasan por sus manos.

Pregunta. ¿Actuó demasiado tarde la Comisión Europea en la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA a la Banca Nazionale del Lavoro? Finalmente, la intervención del Banco de Italia permitió una contraoferta y motivó la retirada del BBVA.

Respuesta. Quizá ya no tenemos competencia para intervenir en este caso, pero creo que no hemos desaprovechado la oportunidad. En su momento aprobamos la fusión y hemos ido exigiendo al banco central italiano las clarificaciones pertinentes. Las fusiones en este sector suponen una cierta consolidación positiva y creo que, vista la evolución del mercado, hay cada vez menos resistencias nacionales a estas operaciones y que poco a poco vamos a lograr un auténtico mercado único.

"El sector quiere que Microsoft venda más barato su Windows sin Media Player"

P. Microsoft ha pagado ya una multa récord por su supuesto abuso de posición dominante, pero todavía debe cumplir con las condiciones que ustedes le han impuesto. ¿Cuándo habrá una decisión definitiva?

R. Acabamos de terminar la fase de consulta con el sector sobre la forma en que Microsoft propone cumplir tales condiciones, así que yo creo que el acuerdo definitivo será en septiembre. Éste es un caso complicado porque los datos de interoperatividad que Microsoft debe desvelar a la competencia no son automáticos. Los debe ofrecer a cada empresa competidora y entonces examinar ésta si son pertinentes. Así que debemos establecer un arbitraje para cuando no haya acuerdo. Además, no nos hemos puesto de acuerdo sobre el acceso a esos datos que deben tener las empresas de software libre. Esperamos que el Tribunal de Justicia europeo despeje este punto [el caso lo están analizando paralelamente los jueces]. El tercer aspecto importante es la obligación que hemos impuesto a Microsoft de comercializar su sistema operativo Windows sin Media Player para no cerrar el paso a los productos similares de la competencia. El sector nos ha pedido que exijamos una diferencia de precio.

P. ¿Quieren que la versión sin Media Player tenga un precio menor a la versión integrada?

R. Sí, nuestra teoría inicial era que los fabricantes de productos alternativos, como Real One, pudieran ofrecer a los fabricantes de ordenadores incentivos para vender el sistema operativo con su producto ya instalado. Porque el problema aquí es que si usted quiere ver un videoclip en el ordenador normalmente, por defecto, se le abrirá el programa Media Player. Así que los productores de esos videoclips ya no quieren desarrollar sus vídeos en otro formato que no sea Media Player. Para nosotros, tal situación es un enorme problema de competencia.

P. Ustedes han presentado una reforma de las ayudas de Estado a las empresas que desarrollan un servicio público que exime de notificar a Bruselas las ayudas que no excedan de los 30 millones de euros al año. ¿Cree que tal medida será beneficiosa para países como España con regiones autónomas que ofrecen sus propios servicios públicos?

R. Creo que va a ser importante para todos los países y autoridades nacionales y regionales, porque lo que pretendemos es aligerar el fardo administrativo. También va a beneficiar a las pymes y a los usuarios porque para nosotros lo importante es que se ofrezca el servicio público en las mejores condiciones para el consumidor sin distorsiones de competencia, respetando una cierta disciplina de mercado. Para ello no puede haber un exceso de compensación por el servicio público que se preste.

P. Lo más complicado puede ser esa exigencia de que las empresas sean transparentes y lleven una contabilidad bien separada respecto a su cobertura pública de la que no lo es.

R. Sí. En el terreno de la radiotelevisión pública, por ejemplo, es complicado. Es evidente que ofrecer información de protección civil o sanitaria es un servicio público, pero hay otras ofertas que son dudosas y una sentencia del Tribunal de Justicia europeo exige que las ayudas estatales compensen sólo por el servicio público prestado.

P. La RTVE tiene una deuda histórica desorbitada, pero el Gobierno español está diseñando un plan para reconvertir el ente en algo más parecido a la BBC.

R. Y tendrá que seguir los criterios que estamos señalando. La dificultad es comparar para evaluar cuánto cuesta realmente ese servicio público que debe buscar la mejor calidad al precio más competitivo.