El Gobierno afirma que los funcionarios no pueden negarse a casar a los gays

El Gobierno considera que los funcionarios públicos no pueden alegar objeción de conciencia para negarse a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo porque esta categoría constitucional se reserva a la objeción frente a leyes que impongan la obligación de ejecutar prestaciones de carácter personal. Así consta en el texto hecho público ayer y con el que se responde a una pregunta parlamentaria del líder de IU Gaspar Llamazares en relación a las medidas previstas por el Ejecutivo para garantizar el derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo, una vez que la reforma legal en esa materia entre en vigor.

"La objeción de conciencia carece de cobertura constitucional frente al cumplimiento de una competencia que la Ley encomienda a los funcionarios públicos en beneficio de terceros, como es la celebración del matrimonio", subraya el texto.

Tras divulgarse la postura gubernamental, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, instó ayer a los funcionarios a esperar a que el Tribunal Constitucional (TC) se manifieste sobre la objeción de conciencia a la hora de celebrar matrimonios homosexuales. López, explicó que los jueces no tienen duda de que tienen que cumplir la ley, de que están sometidos a ella, por lo que no se plantean la objeción de conciencia "más allá de plantear la duda de constitucionalidad". En este sentido, añadió: "En el ámbito de los funcionarios, no me atrevería a manifestarme de una manera tan contundente como lo ha hecho el Gobierno. Esperaría a que el TC se manifestase al respecto".

Además, la directora general de Registros y Notariado, Pilar Blanco-Morales, acusó ayer en Santander al PP de estarse "escondiendo detrás de los jueces" para evitar plantear un recurso de inconstitucionalidad a la ley del matrimonio gay que los populares podrían hacer con 50 diputados o 50 senadores, informa Ana Gabriela Rojas. Blanco-Morales dijo en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo que la actitud de los jueces de Dénia y Gran Canaria que han paralizado los matrimonios entre gays por considerarlos inconstitucionales "es deleznable porque están utilizando el derecho con fines ideológicos".

En su opinión hay una usurpación de funciones, ya que supone la atribución al juez de funciones que no tiene como encargado del Registro Civil y "es contrario al artículo 163 de la Constitución y al artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional".