América Latina desde la empresa europea

Los ejecutivos de empresas españolas presentes en América Latina son conscientes de que en varios de estos países la ciudadanía y los políticos tienen una "mala imagen" de algunos inversores extranjeros, y de que hay una gran "decepción social" por los resultados de las privatizaciones de empresas de servicios básicos. Así lo indica un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la percepción que tiene el inversor europeo de los riesgos macroeconómicos, regulatorios e institucionales en América Latina.

Tras cuatro años de contracción, la inversión extranjera directa en América Latina se ha recuperado y en 2004 se estima que creció un 37%

Basado en un cuestionario y en entrevistas a representantes de 73 empresas de cinco países (España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) con inversiones en cinco sectores en América Latina y el Caribe, el estudio de la oficina europea del BID permite sincerar y hacer transparentes muchas de las opiniones que tienen en las matrices de esas compañías. Aunque son críticos en aspectos coyunturales y estructurales, las empresas señalan su intención de seguir en la región. Blandiendo la advertencia de que hay otras zonas atractivas para invertir, demandan estabilidad macroeconómica, política y jurídica, posibilidades de financiación de largo plazo en moneda local y fortalecimiento institucional.

El estudio revela que las empresas diferencian entre países. Conocen la geografía y distinguen los cambios en el clima para los negocios al cruzar las fronteras. Las quejas regulatorias e institucionales se concentran en Argentina y Venezuela, y no necesariamente las extrapolan a otros países.

El capital español, el mayor inversionista europeo en América Latina en los últimos años, está presente en los servicios (telecomunicaciones, banca, servicios públicos), menos en las materias primas (gas y petróleo) y poco en las manufacturas. Un 85% de la inversión española entre 1992 y 2001 se concentró en Argentina, Brasil, Chile y México, mientras que Colombia, Perú y Venezuela absorben el 12%, sostiene el BID.

Comportamientos hostiles

Inversores españoles e ingleses en los sectores de servicios públicos e hidrocarburos mencionan "problemas de discriminación e imagen", derivados de cierta percepción negativa de los Gobiernos y sociedades donde están presentes. En algunos casos, esto ha terminado "en comportamientos hostiles" y la percepción "ha sido utilizada para justificar un tratamiento desigual respecto a la competencia local y un cierto hostigamiento de las autoridades". Acciones de comunicación han permitido superar algunos de estos problemas.

En el área de los servicios públicos e infraestructura (transportes, vialidad, electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento), donde se concentran las empresas españolas, se han producido rupturas por la actualización de las tarifas y extensión de las concesiones. Según muchos entrevistados, en los países "sólo se respetan las reglas del juego mientras estás invirtiendo". En los rubros eléctrico y agua critican la "escasa cultura de pago" y los enganches ilegales, problemas que se agravan porque las autoridades tienden a asegurar la universalidad de los servicios sin considerar mecanismos paralelos que aseguren ingresos a las empresas que deben realizar las inversiones necesarias, además de la dificultad legal y política para lograr que paguen o cortarles el servicio.

La banca, a su vez, se queja del peso que tiene la economía informal, y las empresas hoteleras y turísticas de la inestabilidad política, inseguridad ciudadana y burocracia. En el sector de las manufacturas, las críticas -de editoriales y farmacéuticas- apuntan contra la inadecuada protección de la propiedad intelectual, donde en el caso de los libros, en algunos países se venden copias ilegales antes de su comercialización. En las empresas de recursos naturales cuestionan la falta de claridad de la legislación medioambiental.

Los europeos reconocen que ha mejorado el escenario macroeconómico de América Latina en el último bienio, lo que se traduce en mayor crecimiento y menor volatilidad cambiaria e inflación.

Tras cuatro años de contracción, la inversión extranjera directa se ha recuperado y en 2004 se estima que tuvo un aumento anual del 37% , llegando a 63.000 millones de dólares. Pero agregan una nota de cautela: la buena salud de América Latina se debe en especial a factores coyunturales, como la caída de la tasa de interés a mínimos históricos y el aumento del precio de las materias primas. Que esta favorable combinación se proyecte en el tiempo es incierto, dicen las empresas.

Debilidades estructurales hacen más frágil el crecimiento e inestable la región, plantean los inversores europeos. Entre ellas, que la clase media sea reducida en América Latina, sus "anémicas" tasas de ahorro público y privado, que perjudican la inversión y la hacen muy dependiente del capital externo, y una baja recaudación fiscal, que causa desequilibrios e impide poner en práctica políticas públicas y sociales sostenibles.

Cinco sectores analiza el estudio del BID: manufacturas, servicios e infraestructura, recursos naturales, hotelería y turismo, y banca. Las percepciones que tienen las empresas del riesgo de estos negocios difieren, según sus países de origen y aquel en que invierten, las características de cada sector y los motivos para invertir.

En las empresas que invierten para vender en el mercado local confiesan ser muy vulnerables al riesgo macroeconómico, porque una crisis puede contraer su demanda. Aquellas que invirtieron para exportar materias primas y costes bajos, están menos preocupadas de este tema y mucho de la evolución de los mercados internacionales. Las que combinan ambas motivaciones sopesan el riesgo según la incidencia en sus ventas, la procedencia de las importaciones y otros factores.

Ciertos factores son percibidos como obstáculos comunes. Uno es la inseguridad jurídica, que puede expresarse en cambios en el marco regulatorio, derivados de cambios electorales o la influencia de grupos de presión. En las empresas se quejan de "cierta falta de independencia" y de la lentitud e ineficiencia de los sistemas judiciales. Un pleito puede durar más de diez años en Brasil, por ejemplo. Perciben además que los órganos administrativos se dejan influir por presiones, lo que origina "decisiones parciales" y en algunos casos "manifiestamente dirigidas a penalizar al inversor extranjero".

También concentran quejas de las empresas la inestabilidad macroeconómica y el riesgo de cambio. La devaluación de sus monedas frente al euro tiene efectos adversos en las matrices. La inseguridad ciudadana es otro factor que inquieta a las empresas.

El tamaño es determinante. Las empresas señalan que invierten sólo si el país anfitrión alcanza la "talla crítica". Con la excepción de las empresas turísticas, de recursos naturales y eléctricas, los entrevistados atribuyen a esta causa su escaso interés en Centroamérica, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Por ahora no perciben que los procesos de integración (Mercosur, Comunidad Andina y Mercado Común Centroamericano) estén corrigiendo la debilidad del tamaño.

En varias empresas apuntan también los problemas que ocasionan al inversor el bajo nivel educativo y el insuficiente desarrollo de infraestructuras.