Ahora, España

El pasado 13 de junio, el Consejo de la Unión Europea, reunido en Bruselas bajo la presidencia del ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, tomó dos importantes decisiones sobre el régimen lingüístico de la Unión. En primer lugar, el Consejo dio una respuesta definitiva al memorándum presentado el pasado mes de diciembre por el Gobierno español para solicitar el reconocimiento oficial en la Unión Europea de las "lenguas españolas distintas del castellano que cuentan con estatuto oficial en España", es decir, el catalán/valenciano, gallego y euskera. (Lo de "catalán/valenciano", por cierto, adquiere carta de naturaleza: donde el memorándum de Moratinos hablaba de "la lengua que se denomina catalán en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la de las Illes Balears y que se denomina valenciano en la Comunidad Valenciana", la presidencia luxemburguesa opta sin complejos por la denominación compuesta, algo de lo que acaso deberían tomar nota los ponentes de la reforma del Estatuto de Cataluña y de la Comunidad Valenciana).

El reconocimiento oficial de las lenguas es cuestión de pura voluntad política

Contra los deseos expresados por el Gobierno español en diciembre, el reconocimiento acordado por el Consejo no va a pasar por una modificación del famoso reglamento 1/1958, que es el que determina las lenguas oficiales y de trabajo de la Unión, pero de hecho atiende, aunque sea a la baja, las tres principales demandas planteadas en el memorándum. Si Moratinos pedía la publicación oficial en catalán/valenciano, gallego y euskera de los textos legales adoptados por procedimiento de codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo, el Consejo se la concede, con la importante salvedad de que tal publicación no será "oficial" y por lo tanto estará desprovista de valor jurídico. Por lo que respecta al uso del catalán/valenciano, gallego y euskera en las comunicaciones escritas con las instituciones y órganos consultivos de la Unión, la demanda también es atendida, con la particularidad de que el Gobierno español deberá ejercer de mediador lingüístico, traduciendo al castellano los escritos en catalán/valenciano, gallego y euskera destinados a las instituciones europeas y traduciendo después a estas lenguas las posibles respuestas a esos escritos. Finalmente, el Consejo del 13 de junio también garantiza el uso de las lenguas españolas distintas del castellano en las intervenciones orales ante el Consejo y, llegado el caso, ante otras instituciones u órganos de la Unión, como el Parlamento Europeo o el Comité de las Regiones. En este punto no hay rebaja respecto a la petición española: Moratinos ya aclaraba que semejantes intervenciones deberían ser anunciadas con antelación y también admitía que la interpretación sería sólo "pasiva" (un eurodiputado euskaldún, por ejemplo, podrá intervenir en euskera y su intervención será traducida a las lenguas oficiales de la Unión, pero las intervenciones de sus colegas no serán traducidas a su lengua).

El único punto no atendido del memorándum de Moratinos es el que se refiere a la inclusión del catalán/valenciano, gallego y euskera en el programa Lingua de promoción de la enseñanza de lenguas europeas (por razones técnicas, no políticas: al fin y al cabo, como reconoció la presidencia luxemburguesa, el Tratado de la Comunidad Europea no prohíbe que se incluyan en un programa como Lingua lenguas no oficiales de la Unión, y ahí está el luxemburgués para demostrarlo). Sea como fuere, la aplicación inminente de las medidas que sí acordó el Consejo nos va a sumir en una auténtica paradoja: los ciudadanos españoles que usamos habitualmente el catalán/valenciano, el gallego o el euskera vamos a gozar de unas posibilidades lingüísticas en Europa de las que no gozamos en España. En España, una parte de los textos legales que se insertan en el BOE se publican también en catalán/valenciano (en dos versiones aparte, por cierto) y en gallego (pero no así en euskera); sin embargo, no es posible el uso de ninguna de estas lenguas en las comunicaciones escritas con las instituciones y órganos consultivos del Estado. La excepción que confirma la regla es el Senado, que admite escritos en catalán/valenciano, gallego y euskera, aunque responde sólo en castellano. Hasta la fecha, tampoco es posible hacer intervenciones orales en estas lenguas ante las instituciones y órganos consultivos del Estado, con la única salvedad de una de las múltiples comisiones de que consta el Senado. Que no es posible intervenir en catalán/valenciano, gallego y euskera ante el Congreso de los Diputados, por ejemplo, nos lo recuerdan casi diariamente los miembros del grupo parlamentario de ERC y el presidente Manuel Marín, enzarzados en una larga escaramuza que no dignifica precisamente a tan alta institución del Estado.

Una vez acordado el reconocimiento del catalán/valenciano, euskera y gallego en las instituciones europeas, el Gobierno español tiene ante sí la magnífica oportunidad de reconocer estas mismas lenguas en las instituciones españolas, al menos en las mismas condiciones que las acordadas por el Consejo: publicación de toda la legislación en catalán/valenciano (con una versión basta), gallego y euskera; posibilidad de relacionarse por escrito en estas lenguas con todas las instituciones y órganos consultivos del Estado, y posibilidad, también, de utilizarlas oralmente en las instituciones relevantes, empezando por las dos Cámaras de las Cortes Generales.

Muchos se preguntarán: ¿Y todo esto por qué? Si hasta ahora hemos funcionado sólo en castellano, ¿para qué vamos a cambiar? Aparte de gastarnos 1,5 millones de euros, que es el coste estimado de las medidas aprobadas por el Consejo del 13 de junio, ¿vamos a salir ganando en algo? ¿No será que a los 25 ministros de Asuntos Exteriores que forman el Consejo Carod también "se los tiene cogidos por donde ya sabéis?". La respuesta, una vez más, está en Europa. Acaso más interesante que el catálogo de medidas concretas adoptadas por el Consejo de la Unión Europea el día 13 de junio es la argumentación que fundamenta su decisión. En primer lugar, el Consejo considera que, en el marco de los esfuerzos desplegados para acercar la Unión al conjunto de sus ciudadanos, tiene que hacerse más hincapié en la riqueza de su diversidad lingüística. En España tenemos un magnífico párrafo en la Constitución que va precisamente por ahí ("la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección"), además de un magnífico preámbulo donde la Nación española (signifique eso lo que signifique) proclama su voluntad de "proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones". En segundo lugar, el Consejo estima que la posibilidad de que los ciudadanos utilicen otras lenguas en sus relaciones con las instituciones es un factor importante para reforzar su identificación con el proyecto político de la Unión Europea. ¿Acaso el reconocimiento del catalán/valenciano, gallego y euskera en las instituciones españolas va a debilitar la identificación de los ciudadanos que usan estas lenguas con el proyecto político de España?

Decíamos al comienzo que el Consejo del pasado 13 de junio tomó no una sino dos importantes decisiones sobre el régimen lingüístico de la Unión Europea. Pues bien, la otra decisión, que la mayoría de medios de comunicación españoles han ignorado simplemente, tiene mucha más enjundia desde una perspectiva europea: a partir del año 2007, el irlandés se añadirá al alemán, castellano, checo, danés, eslovaco, esloveno, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués y sueco en calidad de lengua oficial y de trabajo de la Unión. Semejante decisión, que "agrava" todavía más la babelización de Europa, concediendo estatus oficial a la lengua materna del 1% de los ciudadanos irlandeses (entre 60.000 y 70.000 personas), demuestra lo que en el fondo todos ya sabemos: que el reconocimiento oficial de las lenguas, más allá de asuntos de coste, es cuestión de pura voluntad política. El lema de la Unión Europea es "unidad en la diversidad". Lingüísticamente hablando, ¿a qué espera Zapatero para ejercitar la voluntad política que lo hará realidad en España?

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona y presidente de la Organización por el Multilingüismo.