El Gobierno fijará el próximo viernes las indemnizaciones por el desastre

El Consejo de Ministros del próximo viernes reforzará las medidas para rehabilitar y restaurar los espacios e instalaciones afectadas por el incendio de Guadalajara y fijará las indemnizaciones por la pérdida de vidas humanas, según ha indicado un portavoz del Gobierno. Ese mismo decreto desarrollará y precisará las medidas urgentes contenidas en el real decreto-ley aprobado el viernes pasado, pendiente de ser convalidado por las Cortes. Una norma similar para paliar los efectos de incendios e inundaciones en seis comunidades autónomas aprobado en 2004 fijaba en 18.000 euros la indemnización por fallecido.

Los funcionarios de los 11 ministerios que integran la Comisión Interministerial para coordinar la prevención y lucha contra los incendios forestales trabajaban ayer a destajo en la preparación del decreto que fijará las indemnizaciones por la muerte de los 11 agentes forestales y las pérdidas económicas tras el incendio del Alto Tajo en Guadalajara y el de las Villuercas y los Ibores en Extremadura.

En ese mismo decreto se desarrollarán los incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo de la zona, cuya principal fuente de riqueza ha quedado devastada por varias décadas, el tiempo suficiente para regenerar la masa forestal desaparecida. No se descarta que el Ministerio de Economía y Hacienda eleve la línea de 20 millones de euros de crédito a un interés máximo del 2% para la reforestación de los montes incendiados y la restauración de las instalaciones destruidas.

Este paquete de medidas es similar al aprobado por el Gobierno en septiembre de 2004, ratificado y convalidado por las Cortes en marzo de este año, para paliar los afectos de incendios e inundaciones en territorios de Aragón, Cataluña, Andalucía, la Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana. En este decreto se fijaba en 18.000 euros la indemnización por cada persona fallecida y en los casos de incapacidad absoluta permanente.

La figura de real decreto ley de medidas urgentes para paliar desastres naturales (sequía, terremotos, inundaciones, incendios forestales) sustituye desde 1988 a otra norma utilizada años atrás como es la declaración de zona catastrófica. Aunque este término fue esgrimido por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en su visita al Alto Tajo, fuentes del Gobierno aclaran el sentido metafórico de la expresión para indicar la dimensión del esfuerzo del Estado en indemnizaciones y ayudas económicas encaminadas a rehabilitar las zonas incendiadas. En la anterior legislatura, el Gobierno del PP no declaró zona catastrófica el litoral gallego afectado por el derrame del Prestige, ni tampoco las comarcas de Las Hurdes y Gata en Extremadura donde en un día se quemaron 10.000 hectáreas en agosto de 2003. En la anterior legislatura, el Gobierno del PP no declaró zonas catastróficas pero sí aprobó 15 reales decretos leyes con medidas urgentes para reparar daños producidos por temporales, sequías, inundaciones o el desastre del Prestige, en prácticamente toda la geografía española, incluidas las islas Canarias.

Pese a estos antecedentes, el ex ministro y actual presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, tomó al pie de la letra la expresión de Rodríguez Zapatero y denunció la "terrible discriminación" de Andalucía y exigió al presidente "el mismo trato" que a Castilla-La Mancha, porque "los andaluces no aguantan agravios". Arenas recordó que el año pasado, tanto el presidente andaluz, Manuel Chaves, como Zapatero rechazaron la declaración de zona catastrófica en los parajes de Berrocal (Huelva), El Madroño (Sevilla) y Aldea Quemada (Jaén), afectados por grandes incendios. Para esta zona se aprobó un real decreto de medidas urgentes para paliar grandes daños.

En los últimos cinco años, los Gobiernos de turno se han visto en la tesitura de abordar desastres naturales con grandes pérdidas económicos por toda la geografía española. De aplicarse la figura de "zona catastrófica", apenas quedaría un rincón libre de catástrofes y da pie a que surjan especialistas en recabar subvenciones, según declaran fuentes especializadas en estos fenómenos naturales.

En el periodo que lleva gobernando el PSOE, se han aprobado seis decretos para abordar los efectos de las inundaciones de La Gomera, las heladas del pasado invierno, la sequía, los terremotos de Lorca (Murcia) y el ya mencionado decreto de marzo sobre medidas excepcionales para paliar los daños en seis comunidades autónomas. Con ocho millones de euros de ese decreto, por ejemplo, se están reforestando las 27.000 hectáreas de montes quemadas en Huelva.