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LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Más de 20 colectivos vecinales y ecologistas crean una plataforma contra "el urbanismo depredador"

Sólo el último año se ha solicitado la construcción de medio millón de nuevas viviendas

Cristina Vázquez

Unos 25 colectivos ecologistas y vecinales presentaron ayer Compromís pel Territori, una plataforma ciudadana que pide a las autoridades urbanísticas una nueva política del territorio "sostenible" que ponga límites al "urbanismo depredador" en boga en la comunidad autónoma. La plataforma, que anunció una campaña de información ciudadana, reclamó a la Generalitat que suspenda los proyectos urbanísticos que sean poco transparentes o carezcan de consenso social. Enric Amer, de Acció Ecologista Agró, anunció que en un año se han presentado solicitudes para edificar medio millón de viviendas.

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Acció Ecologista-Agró, la Coordinadora No a la Muralla de l'AVE, el Departamento de Sociología e Investigación del Territorio de la Universitat de València, la Plataforma pel Ferrocarril, los salvem, Xúquer Viu, WWW-Adena, Per L'Horta, y asociaciones de vecinos de Godella, Guadalest y Valencia, entre otros, presentaron la plataforma en Valencia.

Pep Vidal, portavoz de la asociación de vecinos del Clot de Barrabàs de Godella, rechazó por insostenible la política "de beneficio rápido basada en la construcción y la producción de ocio" y pidió a la Generalitat que ponga freno a los PAI (Planes de Actuación Integrada) "que no acrediten la suficiente transparencia informativa y los que no cuenten con una amplia aceptación social".

Enric Amer, presidente de Acció Ecologista-Agró, denunció dos grandes "agujeros" en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP) aprobada hace un año. Concretamente, Amer se refirió a la moratoria que exime a ciertos PAI de la revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana. "Es un fraude de ley, por eso vamos a iniciar un proceso de sensibilización social para que los valencianos reclamen a las administraciones públicas [europea, central y autonómica] la suspensión de los proyectos sin consenso social". El segundo "agujero"de la moratoria, según Amer, ha librado a muchos promotores de compensar a los municipios con igual cantidad de suelo no urbanizable del que han consumido los PAI. Según Agró, sólo el último año se han presentado 97 proyectos de campos de golf y 500.000 nuevas viviendas, lo que implica unas necesidades de agua de 337,37 hectómetros cúbicos, casi la misma cantidad de la que se pensaba recibir con el derogado trasvase del Ebro. "La eclosión urbanística promovida en un año es de tal envergadura como el propio trasvase", subrayó Amer.

La portavoz de Xúquer Viu Elvira Mondragón reclamó una nueva cultura política del territorio, "que no llegará sin la colaboración de los ciudadanos". Vicent Ferrer, de Salvem Porxinos, añadió que esta "coalición" está abierta a la adhesión de otras organizaciones y anunció acciones en los próximos meses. Toni Esteve, de Salvem El Botànic, recordó que las tropelías urbanísticas se pueden pelear en los tribunales, "pero, sobre todo, tienen que pelearlas los ciudadanos".

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La Mancomunidad de Municipios de La Ribera Alta ha rechazado los numerosos planes urbanísticos presentados recientemente por distintas promotoras en diversos ayuntamientos porque "ponen en peligro el futuro de la comarca". La moción aprobada por el PSPV, BNV y EU, que sumaron 27 votos frente a 24 del PP, exige al Consell que "ponga fin a un modelo especulativo que sólo sirve al enriquecimiento de los intereses inmobiliarios", informa Xavier España.

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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