AI reclama justicia para los represaliados de la Guerra Civil

"Todos los Gobiernos de España han dejado a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo en el olvido más absoluto y en el silencio más sobrecogedor". Con estas palabras y mostrando una foto en la que decenas de esqueletos se amontonan en una fosa común, inició ayer Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional (AI), la presentación de un informe sobre la necesidad de hacer justicia con los represaliados durante esa etapa de la historia de España.

En España aún hay 30.000 personas desaparecidas "por la fuerza" durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, y "miles de refugiados, exiliados y víctimas de torturas y sus familias no han recibido ninguna reparación, moral ni administrativa" señaló el director de AI.

Acceso a los archivos para poder dilucidar la verdad, creación de un órgano no judicial que investigue lo ocurrido, el establecimiento de una fiscalía especializada y la adopción de medidas legislativas que se dirijan a anular sentencias de muerte son algunas de las peticiones de AI recogidas en el informe España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista.

El documento fue enviado hace diez días a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y a la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas, y ayer fue remitido al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo, a los grupos parlamentarios y a las asociaciones de víctimas. El director de AI en España recordó que "la comisión creada en 2004 no ha presentado los resultados en los plazos previstos", y mostró la necesidad de que el anteproyecto de ley que presente responda a las normas internacionales relativas a los derechos de las víctimas y tenga en cuenta la responsabilidad unitaria del Estado.

Consejos de guerra ilegales

"Los consejos de guerra que se hicieron fueron ilegales, porque la población civil era juzgada por militares; además crearon sus propias leyes, a propósito para sus fines y tras un golpe de Estado. Por eso son ilegítimas. Los consejos de guerra no son actos de ningún poder judicial, y un golpe de Estado nunca puede alcanzar legitimación", explicó durante la intervención del informe el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que pidió la anulación de todos esos consejos de guerra.

En la presentación del informe en Barcelona, el ex jefe de la Fiscalía Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo criticó que todavía haya jueces que se nieguen a esclarecer desapariciones, fusilamientos y torturas aduciendo que "era el ordenamiento de aquella época".

Un grupo de trabajo de Naciones Unidas que se encarga de investigar sobre desapariciones forzadas recibió los casos de tres españoles. No hubo conclusiones y Beltrán reclama "colaboración por parte del Gobierno, que no les facilitó información".