El escándalo de la corrupción política cerca a Lula

Los policías que acababan de detener en el aeropuerto de Brasilia al diputado federal João Batista Ramos da Silva no daban crédito a lo que veían. Tampoco les creían sus mandos cuando solicitaron dos máquinas contadoras de billetes para tratar de saber cuanto antes qué valor transportaban las siete maletas grandes de viaje repletas de dinero que acababan de intervenirle al congresista del Partido del Frente Liberal (PFL). La noticia, acaecida el pasado lunes, apenas tuvo una vigencia de 24 horas en los medios, ya que no representaba más que un eslabón en una larga cadena de escándalos de financiación ilegal y sobornos, de la que prácticamente a diario se conocen nuevos datos. "El show de la maletas", "los calzoncillos millonarios", "el escándalo del mensualazo"... A la prensa brasileña se le acaban los titulares y, mientras, la clase política trata de capear como puede la tempestad que ha estallado cuando todos miraban ya a las elecciones presidenciales del año próximo.

El partido de Lula ya está en minoría en el Ejecutivo tras la última reestructuración

"Necesitamos reformas urgentes para garantizar la transparencia", opina un experto

Algunos sectores del PT empiezan a decir que la Constitución debería impedir la reelección

Con un ojo pendiente de los sondeos de opinión y otro de las sesiones de las varias comisiones de investigación abiertas en el Congreso, el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha apostado, siguiendo el consejo de sus asesores, por hacer drásticos cambios en su Gabinete, aunque eso suponga sacrificar a viejos colaboradores y amigos. Al mismo tiempo, ha intensificado sus acciones en política exterior para alejarse, al menos en cuanto imagen, de su propia formación, el Partido de los Trabajadores (PT), protagonista principal de los sobornos y las irregularidades financieras por valor de miles de millones de euros.

Según las últimas encuestas, aparecidas el pasado miércoles en plena tormenta de escándalos, el 45,7% de los brasileños cree que el presidente no tenía conocimiento de lo que ocurría, mientras que un 33,6% sostiene que sí. Las cifras, facilitadas por el instituto de sondeos Sensus, son todavía más favorables a Lula en cuanto a su gestión, apoyada por casi el 60% de la población. La imagen de Lula es ahora más positiva que, por ejemplo, en mayo.

"Claro que Lula sabía lo que pasaba. Es imposible que no estuviera al tanto. Estamos hablando de gente con la que llevaba conviviendo 30 años", asegura Agripino Maia, líder en el Senado brasileño del Partido del Frente Liberal (PFL), el partido del diputado sorprendido en Brasilia con los maletones de dinero. Maia, una de las principales voces que en su partido han exigido -y conseguido- la expulsión del senador de las siete maletas, es partidario de investigar hasta el final, consciente de que se presenta una oportunidad única para atacar a Lula antes de las elecciones gracias al desprestigio en el que se ha hundido el PT. "Para salvar a las instituciones es fundamental que se respalde a las comisiones de investigación que están abiertas y que su trabajo sea eficaz", subraya.

Sin embargo, Lula resiste en gran medida porque en la sociedad brasileña existe la percepción de que la crisis de corrupción actual no es un problema del Gobierno, sino del Estado. Y eso ocurre porque desde la llegada del PT al poder se verifica una confusión entre lo que forma parte del Estado y lo que responde al partido en el poder.

"El actual Gobierno ha hecho una especie de ocupación del Estado, ya que en el PT había una tendencia a una mexicanización del país y le ocurría lo mismo que en México al PRI: se confunde lo que es el partido con lo que es el Estado", explica Marcos Fernandes da Silva, coordinador de la Escuela de Economía de São Paulo, organismo que ha realizado diversos trabajos de campo sobre la percepción de la corrupción en Brasil.

Esta superposición de cargos ha forzado a Lula a renovar nada menos que ocho ministerios de los 25 que componen su Gobierno y a reestructurar cinco de las ocho secretarías especiales -dos han desaparecido y otras dos han perdido el rango de ministerio-, cuyos titulares también se sientan en el Consejo de Ministros. De las 30 personas que a día de hoy forman parte del Ejecutivo, 14 pertenecen al PT, 10 a otros partidos y 5 ministros son independientes. Una plaza está pendiente de designación.

El Partido de los Trabajadores, por tanto, tiene minoría en el propio Gobierno cuando hace apenas tres semanas gozaba en las discusiones de una amplia mayoría con 20 ministros. Y aunque la última palabra en las decisiones del Ejecutivo siempre sea del presidente, el mandatario está obligado ahora a mantener la paz en un Gabinete donde hay siete partidos que representan a casi todo el arco político.

Sin embargo, esta política de intentar contentar a todos puede tener precisamente el efecto contrario, comenzando por las propias bases del partido. "El que se ponga orden en el PT no sirve para restaurar la imagen de una izquierda que sufre las consecuencias de la crisis del partido y de la trayectoria adoptada por el partido de Lula", advierte el sociólogo Emir Sader. "Lula debe aliarse con todas las fuerzas de izquierda, con los movimientos sociales y los intelectuales críticos que se oponen al neoliberalismo", añade.

Por de pronto, el sector moderado del PT, el mayoritario y al que pertenece Lula, ha visto cómo era descabezada la cúpula del partido en medio del descrédito. El presidente, José Genoino; el secretario general, Silvio Pereira, y el tesorero, Delubio Soares, han perdido sus puestos en 10 días, mientras sus nombres aparecían en documentos que les relacionaban con oscuras prácticas financieras. Algunos de sus asesores próximos eran detenidos -cómo no, en un aeropuerto- con miles de dólares escondidos.

"Desgraciadamente, lo que está sucediendo no es ninguna novedad", asegura Fernandes da Silva, quien opina que además se está dando una fuerte competencia entre los medios de comunicación en estos momentos, lo que beneficia el surgimiento de nuevas revelaciones. "Necesitamos algunas reformas urgentes para garantizar la transparencia del sistema: una nueva ley de financiación de partidos donde existan límites a las cantidades aportadas y a los orígenes de éstas, y unos reglamentos claros en los partidos que permitan el control de sus militantes", subraya el experto, que apunta al crecimiento descontrolado del PT entre las razones que han llevado a la corrupción política tan extensa.

Aunque desde el PT y desde el Gobierno se insiste en que la intención de Lula es presentarse a la reelección -"tendrán que ganarme en las urnas", ha insistido el mandatario-, los asesores del presidente trabajan también sobre la hipótesis de que el nivel de los escándalos le aconsejan no someterse al veredicto popular para evitar una derrota.

Por ello, un sector del PT ya ha comenzado a hablar abiertamente de reformar la Constitución para impedir la reelección. A cambio, el nuevo presidente vería ampliado su mandato hasta los cinco años. "Nunca debería haberse implantado la reelección", ha subrayado en público Humberto Costa, secretario de Comunicación del PT y ex ministro de Sanidad, quien añade: "Por culpa de la reelección, todo el mundo es candidato a ella desde el día en que entra en el Gobierno y además la oposición convierte su labor en un anticipo del debate electoral".