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Editorial:

Oxígeno para Chile

Chile se ha librado de casi todos los residuos legislativos -en cualquier caso, de los más importantes- plantados por Augusto Pinochet en la Constitución de 1980 para marcar su huella, amordazar la democracia y garantizarse para él y sus militares una inadmisible cuota de poder durante la transición política del país andino. La reforma constitucional que acaba de aprobar el Senado con el acuerdo de la oposición derechista entrará en vigor el año próximo, después de su sanción en agosto por el Parlamento en pleno.

Han pasado más de 15 años desde el final de la sangrienta dictadura castrense y la democracia chilena seguía siendo rehén de los mecanismos legales impuestos por los militares para perpetuar su poder. Esas trampas han mantenido a senadores designados y vitalicios, como el propio dictador; han impedido a gobiernos democráticos echar a los jefes de las Fuerzas Armadas, y han otorgado a órganos tan dudosos como el Consejo de Seguridad Nacional unas atribuciones sobre los poderes del Estado absolutamente incompatibles con una democracia efectiva. Sólo recientemente el Ejército chileno ha comenzado a hacerse a la idea de que no es un Estado dentro del Estado. Hubo que esperar hasta 2004 para que por vez primera el general Juan Emilio Cheyre, su comandante en jefe, reconociera y pidiera perdón al país por los crímenes de los uniformados durante la larga noche pinochetista.

El presidente Ricardo Lagos se ha felicitado por una democratización institucional que será la bandera electoral de la coalición gobernante en las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo diciembre, en las que todo sugiere un cuarto mandato consecutivo para el centro-izquierda. El acuerdo del Senado incluye también acortar a cuatro años, sin reelección, el actual mandato presidencial de seis. Queda, sin embargo, un sustancial punto negro en la reforma aprobada. En el pacto con socialistas y democristianos, la oposición derechista ha conseguido mantener un peculiar sistema electoral que garantiza prácticamente a la minoría el mismo número de escaños que a la mayoría gobernante. De ahí a la posibilidad de bloqueo legislativo sólo hay un paso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de julio de 2005