Los grandes de la UE blindan la política de seguridad de cualquier crisis europea

Los ministros del Interior de Francia, Nicolas Sarkozy; Italia, Giuseppe Pisanu; Reino Unido, Charles Clarke, y España, José Antonio Alonso, y el director general de la policía alemana, Gunther Krause, que sustituía al ministro Otto Schilly, se reunieron ayer en la localidad francesa de Evian, a orillas del lago Leman, con la problemática de la inmigración ilegal como tema central. Es la octava vez que se reúne el llamado G-5, formado por los cinco países más poblados de la Unión Europea, y la primera que el español Alonso coincide con Sarkozy.

La reunión del G-5 acaba hoy y se espera que los ministros tomen decisiones concretas sobre los llamados visados biométricos, que permitirán tener un mayor control sobre la entrada y salida de inmigrantes, y también sobre la uniformización de los documentos de identidad de la UE. Por parte española, las principales propuestas se centraban en la creación de un sistema de seguimiento de explosivos industriales -un aspecto que ya se fijó en la reunión que tuvo lugar en Granada- y en la cuestión de la repatriación de inmigrantes indocumentados.

El espacio de Seguridad, Libertad y Justicia, acordaron los ministros, no debe verse afectado por la crisis que atraviesa la construcción europea. "Después de los referéndums de Francia y Holanda, de la fallida negociación del Presupuesto de la UE, nos encontramos en una crisis objetiva y seria de la construcción europea", dijo Alonso, "pero los países del G-5 quieren decir que esta crisis no debe trascender al espacio de seguridad, libertad y justicia, y que en todo caso, esta estabilidad puede ayudar y contribuir a salir de la crisis".

El titular de Interior español explicó que la primera jornada de trabajo se centró en el control de la inmigración ilegal. "Europa debe vincular la inmigración a su mercado de trabajo, sólo debe aceptar a los inmigrantes a los que pueda integrar", indicó. Según Alonso, los países del G-5 pretenden establecer un sistema que vincule la concesión de visados en los países de donde procede la inmigración a acuerdos con los respectivos Gobiernos, en el sentido de que readmitirán a los inmigrantes ilegales que sean localizados y devueltos a su lugar de origen.

El ministro español se refirió también a la necesidad de establecer una coordinación para evitar los "abusos" de las políticas de reagrupamiento familiar. Se trata de "un derecho", reconoció el ministro, pero es necesario evitar los excesos y las irregularidades. Los miembros del G-5 han decidido encargar un estudio comparativo sobre las distintas legislaciones y sobre el impacto que éstas tienen en el flujo migratorio que, eventualmente, podrá derivar en una directiva europea que regulara la cuestión de manera uniforme.

Entre las medidas prácticas los miembros del G-5 quieren introducir datos biométricos en los visados de los nacionales de terceros países. La libre circulación que permite el Espacio Schengen obliga a verificar que quien abandona la zona es la misma persona que entró en ella. Los ministros pretenden establecer un control de ida y vuelta introduciendo huellas dactilares y fotografías numéricas en los visados. También se pretende reforzar el control de los inmigrantes legales, a los que luego se pierde la pista. "Queremos estar seguros de que salen cuando se les acaba la estancia", dijo Alonso.

Francia hace ya unos meses que ha puesto en práctica en cinco de sus consulados: Annaba (Argelia), Bamako (Malí), Colombo (Sri Lanka), Minsk (Bielorrusia) y San Francisco (Estados Unidos) un sistema experimental con visados biométricos que incluyen una fotografía numérica y las huellas digitales de los diez dedos de las manos. Los aeropuertos de París y Marsella disponen ya del equipamiento necesario para la lectura de estos visados. Una de las decisiones tomadas ayer por los ministros del G-5 fue la de poner en coordinación todos sus consulados para que trabajen en común en la cuestión de los visados.

Los ministros pretenden asimismo que los documentos de identidad europeos incorporen un elemento electrónico con datos biométricos y "tengan una identificación formal", es decir, según Alonso, "que sean físicamente iguales para poder ser reconocidos". Se trata de evitar falsificaciones, y en este sentido los miembros del G-5 consideran que los carnés de conducir son demasiado fáciles de falsificar, por lo que deberían cumplir también los requisitos que se establezcan para todas las piezas de identidad.