Valcárcel afirma que no darle a Murcia agua del Tajo sería un delito ecológico

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), aseguró ayer que el Gobierno debe ser muy consciente "de lo que nos jugamos los murcianos el próximo viernes con su decisión". Ese día, el Consejo de Ministros debe decidir un nuevo trasvase Tajo-Segura. Para Valcárcel, lo que está en juego "no sólo son las cosechas y sus impactos negativos en la economía regional y en la economía española. Está en juego la masa arbórea de Murcia. Esto podría suponer un delito ecológico", sentenció el líder del Ejecutivo murciano.

Valcárcel insistió en su defensa de que se trasvasen 120 hectómetros cúbicos, y volvió a calificar de "práctica desleal el envío de helicópteros-espía que sólo han servido para difundir mentiras, empañar la imagen de los agricultores murcianos y confundir a la opinión pública al más puro estilo manipulador, como demuestra el hecho de identificar seis depuradoras de lagunaje con balsas de almacenamiento de agua", añadió.

El presidente murciano aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación, poco antes de la segunda jornada del debate sobre el estado de la región, para enviarle un mensaje al presidente castellano-manchego, José María Barreda, a quien le preguntó: "¿Dónde están las infraestructuras hidráulicas que han pagado los agricultores murcianos, casi 82 millones de euros, para evitar que haya pueblos en Castilla-La Mancha que tengan que ser abastecidos por cisternas como él dice?".

Valcárcel destacó que mientras él hizo esfuerzos para reunirse con el presidente Barreda, "y le ofrecí soluciones que beneficien a todos y no perjudiquen a nadie, lo único que hemos recibido son acusaciones falsas y mentiras".

La Junta de Castilla-La Mancha anunció ayer que ha enviado un dossier a cada uno de los ministros del Gobierno con los argumentos que esgrime para que el trasvase al Levante que apruebe el Consejo de Ministros sea sólo para abastecimiento humano, con un volumen de agua que estaría entre los 30 y 35 hectómetros. Así lo indicó ayer el consejero de Presidencia, Máximo Díaz-Cano, durante la rueda de prensa en que informó de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, que analizó la posibilidad de que el próximo viernes el Ejecutivo central apruebe una nueva derivación de agua y decidió enviar dicho dossier.

Díaz-Cano dijo que la Junta pide "prudencia" al Gobierno de España, "porque podemos estar en el inicio de un ciclo de sequía y hay que ser cautos para que no peligren los abastecimientos a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y a los municipios de la cuenca cedente y de Castilla-La Mancha".

Explicó que en el dossier que el Gobierno regional ha remitido a los ministros se incluye el informe que sobre la evolución de los regadíos en la cuenca del Segura han hecho el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) y el Instituto de Desarrollo Regional por encargo de la Diputación Provincial de Albacete, así como el mapa que han elaborado mediante sistemas de teledetección. En ese mapa se pueden ver las numerosas balsas que hay en la cuenca receptora del trasvase Tajo-Segura, cifradas en el citado estudio en más de 14.000, "con una importante cantidad de agua", dijo Díaz-Cano. Y afirmó que las críticas al informe que ha hecho el Gobierno murciano, que le achaca falta de rigor, se deben "a que no lo conocen en profundidad". Asimismo, consideró que lo que convendría es que los datos sobre proliferación de regadíos no previstos, que el estudio cifra en unas 70.000 hectáreas, fueran comprobados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el Gobierno de Murcia.

Díaz-Cano dijo que la Junta confía en que sólo se autorice una derivación para el abastecimiento a poblaciones, pues el Gobierno "debe situarse ante el peor escenario posible": que no llueva y que pueda hacer falta el agua para el suministro a la población.

Medidas compensatorias

También afirmó que los daños a la agricultura se pueden paliar con medidas compensatorias, pero la falta de agua para beber no se puede sustituir, "y eso lo debe tener en cuenta el Gobierno", por lo que cree que el trasvase que se apruebe no debe exceder de los entre 30 y 35 hectómetros que se demandan desde la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y Almería, una cantidad "razonable" para el último trimestre del año hidrológico, que se inicia el 1 de julio.

Díaz-Cano no quiso "avanzar hipótesis" sobre qué hará la Junta de Castilla-La Mancha si se aprueba un trasvase para regadíos.

En el Congreso, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló que como el PP no hizo las obras hidráulicas durante sus ocho años de Gobierno, "la situación es la que es", y añadió que el Gobierno actual "está haciendo las actuaciones que no realizó el PP". La ministra recordó la puesta en funcionamiento de la desaladora de San Pedro del Pinatar (Murcia), que "con el PP hubiera dado este verano cero total" de agua, y las inversiones de 370 millones en obras de emergencia para abastecimientos y mejora de regadíos.