Congresistas de EE UU creen que la situación en Guantánamo mejora

Un grupo de congresistas republicanos y demócratas recorrió el sábado la prisión de la base de Guantánamo en medio de la polémica sobre la situación jurídica de los 520 acusados de terrorismo procedentes de 40 países que allí se encuentran -la mayoría, capturados en Afganistán- y sobre el trato que reciben o recibieron en los primeros meses de encierro. El grupo cree que las condiciones han mejorado, pero que es necesario aclarar el proceso legal de los reos.

Otro grupo de senadores también visitó ayer las instalaciones. El debate de las últimas semanas tiene a la defensiva al Gobierno, que declaró "combatientes enemigos ilegales" a los detenidos y les llevó a Guantánamo a partir de enero de 2002. El presidente George W. Bush ha dicho que se han abierto las puertas a la Cruz Roja y a decenas de visitantes, y que el trato a los detenidos es correcto, "de acuerdo con la Convención de Ginebra". El vicepresidente Dick Cheney declaró que el Gobierno ha gastado mucho dinero

[100 millones de dólares, más otros 95 de presupuesto anual de mantenimiento] y que los presos "están bien tratados, viven en el trópico, están bien alimentados y tienen todo lo que necesitan".

Los congresistas que estuvieron el sábado en la prisión fueron testigos de interrogatorios, visitaron las celdas y los patios en los que paseaban los presos y comieron la misma comida que ellos (pollo con salsa de naranja y arroz), según la periodista de Associated Press que les acompañó. Ésta resaltó también la diferencia entre la zona de los presos a los que se recompensa por su buen comportamiento y el sector de los que se considera peligrosos: estos dieron gritos y golpearon las puertas de las celdas en las que se encontraban al notar la presencia de la delegación.

"El Guantánamo que hemos visto no es el Guantánamo del que oímos hablar hace unos años", dijo la demócrata Ellen Tauscher, que cree que los estadounidenses tienen que estar seguros de que "el Gobierno y las Fuerzas Armadas tratan correctamente a los detenidos, al tiempo que obtienen información para proteger mejor al país". Sheila Jackson, también demócrata y una de las congresistas que ha pedido el cierre, mantuvo su posición pero dijo: "Hemos visto las pruebas de que se han hecho progresos". El republicano Joe Schwarz dijo que aprecia los esfuerzos hechos para definir la situación legal de los presos, y el también republicano Duncan Hunter se inquietó por los detenidos que después de haber sido liberados han vuelto al terrorismo, según el Gobierno.

Hasta ahora, el Pentágono ha puesto en libertad a 167 detenidos y han enviado a sus países, para que las autoridades se encarguen de ellos, a otros 67. De los 520 que quedan, 12 han sido considerados aptos para comparecer ante tribunales militares. Tras la decisión del Supremo de hace un año -Guantánamo no es un limbo jurídico porque Estados Unidos controla la base; los detenidos tienen que tener acceso a la justicia estadounidense- se espera el fallo de varios tribunales federales.

Algunos demócratas piden el cierre de la prisión; otros quieren una comisión de investigación. El senador republicano John McCain declaró que "algunos de los detenidos son terribles asesinos", pero "tienen derecho a ser procesados", aunque se corra el riesgo de que queden en libertad y vuelvan a actuar. El ex presidente Bill Clinton también intervino en la polémica diciendo al Financial Times: "Es hora de que se acaben las historias sobre la gente que ha sufrido malos tratos; hay que cerrar aquello o reorganizarlo".

Por otra parte, los grupos Human Rights Watch (HRW) y la Unión Americana de Libertades Democráticas denuncian que el Departamento de Justicia mantuvo a 70 hombres -todos musulmanes menos uno, y 17 de ellos con la nacionalidad estadounidense- detenidos indefinidamente después del 11-S en calidad de testigos materiales, no de sospechosos, a partir de acusaciones de vínculos con el terrorismo. Sólo algunos fueron procesados. El Gobierno, dicen los dos grupos, se ha disculpado con 13 de los detenidos. "Los sospechosos de asesinato son tratados mejor de lo que lo fueron estos testigos", según la declaración de HRW, incluida en un informe de un centenar de páginas en el que se documenta "cómo el Departamento de Justicia les negó sus derechos básicos". Todo ello, añade el informe, "poco más que por haber asistido a la misma mezquita que los secuestradores del 11-S".