El Ayuntamiento cordobés multa a un constructor con 380.000 euros por edificar cuatro naves sin permisos

El Consistorio cordobés ha multado con 380.000 euros a la empresa Arenal 2000, propiedad del constructor Rafael Gómez, por levantar cuatro naves industriales sin ningún tipo de permiso municipal para realizar la obra. El teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento, Andrés Ocaña, también indicó que ayer se ordenó el precinto de las instalaciones y la paralización de la construcción.

Las cuatro naves, que tienen una total superficie de unos 10.000 metros cuadrados, se están construyendo en las inmediaciones de la antigua fábrica Colecor, situada en la carretera de Palma del Río, dentro del término municipal de Córdoba. El problema reside en que Gómez ha comenzado a construir estas instalaciones, colindantes con la sede central del holding de joyería y construcción que preside, sin que esté aprobado un plan especial que establezca cuáles van a ser los usos del suelo. Es decir, "de momento, allí no se puede construir", según Ocaña.

Al tener conocimiento de los hechos, el Consistorio cordobés ha procedido a imponer la pertinente sanción, que consiste en una multa equivalente al 10% de la inversión, 380.000 euros, y la orden de paralización de las obras.

Ocaña sostuvo que Arenal 2000 presentó ayer la petición de licencia de obras, pero es imposible que se pueda conceder de momento porque no está aprobado el plan especial de actuación de la zona en el que se detallarán los usos del suelo. Ese plan se está ultimando, según Ocaña, y en su borrador se plantea la posibilidad de que, donde Gómez está construyendo las naves, se puedan levantar edificaciones de ese tipo. La irregularidad cometida por Gómez ha sido empezar a construir sin que todavía esté aprobado ese plan.

Cuestionado por si el Consistorio se plantea ordenar la demolición de las naves, Ocaña respondió que esa posibilidad no entra dentro de los planes del área de Urbanismo de Córdoba ya que allí probablemente se podrá edificar en un futuro. Independientemente de si las cuatro naves contarán en algún momento con los permisos pertinentes, la multa de 380.000 euros no se retirará.

Esta decisión del Ayuntamiento de Córdoba llega después de la celebración en la ciudad de un curso sobre delitos urbanísticos organizado por la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía. Durante el transcurso de estas jornadas, el coordinador de esta red, el fiscal sevillano Luis Carlos Rodríguez, pidió a los ayuntamientos una actuación más contundente contra los delitos que atentan contra la ordenación urbana. Ocaña ya respondió el martes a las declaraciones de Rodríguez apelando a que se "respete la labor de los ayuntamientos y no se ejerzan juicios de valor".