Un nuevo trasvase del Tajo al Segura sitúa al Gobierno ante una guerra del agua

El Consejo de Ministros deberá decidir la semana que viene si autoriza el envío de 120 hectómetros cúbicos de agua del Tajo a Murcia y Alicante o por el contrario envía únicamente 30 hectómetros, lo estrictamente necesario para el abastecimiento de los dos millones de habitantes que beben el agua del Tajo en el sureste. El envío, el primero que debe decidir el Gobierno desde 1995, ha recrudecido la guerra del agua. Castilla-La Mancha vigila por satélite y con un helicóptero la situación de las balsas de riego de Murcia para demostrar que tienen agua.

La situación es crítica en las dos cuencas: los embalses de cabecera del Tajo están al 21% y los de la cuenca del Segura, al 15,9%. La media nacional está en el 54,9% (con 739 hectómetros menos en la última semana).

Habitualmente, los trasvases del Tajo al Segura los decide la comisión de explotación del trasvase. Sólo en caso de que los embalses de Entrepeñas y Buendía bajen de 550 hectómetros, la ley obliga a que lo decida el Consejo de Ministros. Ayer se bajó oficialmente de esa cifra por primera vez en 10 años.

En 1995, el entonces ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, convenció al resto de ministros para que aceptaran un envío de socorro, para descontento de Castilla-La Mancha, que recurrió la decisión a los tribunales. El recurso prosperó, pero tres años después.

Esta vez, cualquier decisión dejará descontentos a algunos de los dirigentes políticos de las tres autonomías. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, asegura que no aceptará el envío de más de 30 hectómetros, lo que considera que Murcia necesita para beber. Murcia y Valencia, gobernadas por el PP, solicitan 120 hectómetros para, aseguran, salvar los frutales de la peor sequía desde 1947. Desde octubre, el acueducto ha llevado 340,5 hectómetros.

Salvar los árboles

El sector agrario de Alicante y Murcia, uno de los más dinámicos y rentables, no recibe ayudas de la Política Agraria Común (PAC). El Sindicato Central de Regantes, que agrupa a los 70.000 agricultores que reciben el agua del trasvase, pide el envío para salvar los árboles, porque la cosecha se da por perdida, según Francisco del Amor, presidente del sindicato.

Los usuarios del canal, que han pagado 182 millones de euros por el agua desde 1979, han elaborado un informe en el que pronostican que sin el envío perderán 9.500 hectáreas de cultivos hortícolas, lo que supondría un descenso en la producción del 35% y unas pérdidas de 283 millones.

Castilla-La Mancha ha realizado otro informe por satélite en el que denuncia el aumento de regadíos ilegales en Murcia. Según el estudio, Murcia ha pasado de 91.563 hectáreas regadas en 1984 a 225.356 en 2003, pese a que está prohibido aumentar regadíos. Además, ha fotografiado con un helicóptero alquilado el estado de las balsas de riego en Murcia. La conclusión, según Barreda, es que estas 14.382 balsas almacenan 150 hectómetros, algo que considera suficiente "para salvar los frutales".

Los dos informes serán enviados a la comisión de explotación, que mañana debe proponer al Gobierno una decisión. El Ministerio de Medio Ambiente afirma que no hablará hasta julio.

La batalla ha unido a los partidos en todas las comunidades. En Castilla-La Mancha, PP y PSOE apoyan la reivindicación. Las organizaciones agrarias UPA, Asaja, Coag y Ucaman, han convocado una manifestación para el 1 de julio en Ciudad Real contra el trasvase. En Murcia pasa lo mismo. Los socialistas van a promover un acuerdo parlamentario para pedir que el trasvase incluya agua para riego. El portavoz del Gobierno regional, Fernando de la Cierva, asegura que está dispuesto a pactar la moción.