Generalitat y Hacienda rastrean cambios de domicilio a otras autonomías por motivo fiscal

El Gobierno catalán y la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña han empezado a rastrear "de forma conjunta" a los contribuyentes que hayan cambiado de domicilio en busca de ventajas fiscales. El "seguimiento y control de los cambios de domicilio hacia otras comunidades autónomas" no sólo se realizará a partir de ahora, sino también con carácter retroactivo, en 2003 y 2004. Así lo explica el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, en una respuesta parlamentaria a la diputada del PP Àngels Olano, que volvió a pedir la supresión del impuesto de sucesiones.

La diputada del PP catalán había formulado una pregunta sobre la posibilidad de que Cataluña se viera afectada por el cambio de domicilio fiscal de muchos contribuyentes "a causa de las diferencias impositivas en el impuesto de sucesiones y donaciones respecto de otras comunidades autónomas".

La respuesta de Castells, que lleva fecha de 6 de abril, fue interpretada por Olano como "todo un reconocimiento" de que "muchos" contribuyentes, y "particularmente empresas", han optado por cambiar de sede fiscal "porque para tres o cuatro casos aislados no valía la pena abrir una investigación y porque la presión fiscal ha subido en Cataluña".

El Departamento de Economía rechazó que pueda hablarse de una investigación y se remitió a los términos empleados por escrito por el consejero: "Se han iniciado actuaciones de seguimiento y control".

Al contrario de lo que sostiene el PP, que ha acusado reiteradamente al Gobierno tripartito de incrementar la presión fiscal en Cataluña, el departamento asegura que no existe una preocupación especial por los cambios de domicilio fiscal a otras comunidades. En su respuesta parlamentaria, Castells señala al respecto que "la problemática (...) podría afectar, en estos momentos, a la gran mayoría de comunidades autónomas".

Control para todos

La generalización del problema -la incipiente competencia fiscal entre autonomías, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha considerado positiva en diversas ocasiones, ha comportado que unas y otras tengan el ojo puesto en el impacto de sus propias decisiones y de las del vecino en materia de impuestos- obliga a ampliar el punto de mira.

De ahí que la Generalitat haya solicitado a los servicios centrales de la Agencia Tributaria que "incluyan específicamente estas actuaciones" en el plan de control tributario que la agencia realiza con carácter anual.

Al ser preguntadas sobre la cuestión, fuentes de la Agencia Tributaria señalaron que ésta tiene previsto elaborar un censo común para conocer los cambios de domicilio por motivos fiscales. Esta compleja actuación se llevará a cabo a raíz de una decisión tomada en el mes de octubre del año pasado, en aras de la "coordinación" con las autonomías. La decisión se tomó entre todas las comunidades autónomas, añadieron las mismas fuentes, porque "todas ellas están interesadas en conocer lo que ocurre".

En el caso de Cataluña, el inicio, con carácter retrospectivo, en 2003 del seguimiento de los cambios de sede se debe a que hasta esa fecha el impuesto de sucesiones y donaciones no presentaba diferencias entre autonomías. El Gobierno tripartito ha elaborado una reforma del impuesto de sucesiones y donaciones que, a juicio de Castells, rebajará gradualmente la presión fiscal que los catalanes soportan por este tributo hasta bajarla el 24% en 2007, y el 80% de los declarantes, según Economía, quedarán exentos del impuesto. La reforma de este tributo es de las pocas que no han logrado el aval del pleno del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC), por las reticencias del sindicato Comisiones Obreras y de la patronal Pimec.

Olano hizo bandera ayer de la promesa de suprimir el impuesto de sucesiones allí donde gobierna su partido. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, quedan fuera del tributo los menores de 21 años. También este listón de edad fue el arranque de la supresión gradual del impuesto aplicada en Madrid, que este año entrará en una segunda fase que ya abarcará a los cónyuges, parejas de hecho y descendientes y ascendientes directos.