El Ayuntamiento pide a Tráfico que evite los 'paraísos fiscales'

El Ayuntamiento sostiene que en Madrid y en otras comunidades autónomas se está produciendo un "fraude con cobertura administrativa": el que cometen los dueños de flotas de coches (generalmente, empresas de alquiler de vehículos) que los matriculan en los municipios con impuestos más bajos, aunque, en realidad, realicen su actividad en otra ciudad. Uno de estos paraísos fiscales es, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados, el municipio madrileño de Robledo de Chavela, que, con 2.768 habitantes, tiene matriculados 45.000 coches de empresa: 16 por cada vecino.

"Muchas de estas empresas tienen su domicilio real en Madrid, pagan aquí el impuesto de sociedades, pero, cuando vamos a cobrar el impuesto de vehículos, los vehículos han desaparecido: están registrados en Robledo, que casualmente tiene un impuesto de circulación mucho más bajo que el nuestro [8,52 euros para un coche de 11 caballos, frente a los 57 euros de la capital]", protesta Rosana Navarro, directora general de Tributos.

Navarro cree que esta situación es injusta y calcula que, cada año, el Ayuntamiento pierde "unos dos millones de euros" que dejan de pagar en impuestos esos coches matriculados en otras localidades. Por eso ha pedido a la Dirección General de Tráfico que tome medidas y evite los paraísos fiscales.

Las empresas que se acogen a ellos no hacen nada ilegal, sino que realizan, según la directora de Tributos, una "interpretación interesada" de la normativa. "El problema es que los requisitos para fijar el domicilio fiscal no están claros, son ambiguos. Algunas empresas se dan de alta del impuesto de actividades económicas -aunque luego no lo paguen porque facturan menos del mínimo exigido-, alquilan un local de tres metros y ya están domiciliadas en Robledo y pueden matricular el coche; pero luego es en el aeropuerto de Barajas, por ejemplo, donde trabajan y captan los clientes, y es por Madrid por donde circulan. Lo que nosotros pedimos es que se establezca un criterio objetivo, porque esto lo único que consigue es dar pie a una competencia fiscal entre las ciudades y, en última instancia, a un fraude con cobertura administrativa", señala Navarro.