De nuevo, Fabra

El dirigente valenciano del PP Carlos Fabra se halla desde hace año y medio bajo sospecha. Hay abierto contra él un procedimiento penal por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias y acaba de ser denunciado por la Agencia Tributaria por otra supuesta infracción fiscal de 150.000 euros en la declaración de la renta de 1999. Sin embargo, el presidente de la Diputación Provincial de Castellón y hombre de confianza del jefe del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Francesc Camps, tiene anchas espaldas. Está decidido a mantener una resistencia numantina, a riesgo de dañar aún más la imagen de su partido. Resulta, por lo demás, sorprendente que Camps no responda sobre este asunto cuando es interpelado en el Parlamento. Su silencio puede ser revelador del peso enorme que el político de Castellón tiene en la Generalitat valenciana.

A Fabra no se le niega la presunción de inocencia, pero debe sentirse muy fuerte para haber llegado hasta aquí. Tiene razones para considerarse así. No sólo gracias a su estrecha colaboración con Camps, sino también debido a la amistad con Aznar, nacida al calor de los veraneos en Oropesa del anterior presidente del Gobierno. Lleva casi tres lustros en el cargo y fue reelegido con el 98% de los votos en el último congreso provincial el pasado diciembre, pese a que ya arrastraba el estigma de sospecha de actuaciones ilícitas y la dirección regional del partido barajaba la sucesión. Con su renuncia no estaría necesariamente reconociendo culpabilidad; al contrario, podría defenderse como cualquier otro ciudadano.

La Agencia Tributaria considera poco claro el excesivo enriquecimiento de su patrimonio. Fabra tiene un problema: haber abusado de su posición institucional para mediar ante varios ministerios a favor de una empresa de la que es titular su mujer. Y lo ha hecho al límite o más allá de lo legal. Ha mezclado lo público con lo privado, muy probablemente en provecho de sus propios intereses. Su caso pone de relieve la incapacidad de la dirección regional del PP para frenar las corruptelas de cargos públicos suyos que proliferan en la Comunidad Valenciana.