La Corte Penal investigará los crímenes de guerra en Darfur

La Corte Penal Internacional (CPI) ha admitido a trámite la denuncia de Naciones Unidas sobre los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la región sudanesa de Darfur. A partir de ahora se efectuará una investigación formal que "requerirá la cooperación nacional e internacional", según el fiscal jefe de la Corte, Luis Moreno Ocampo. Las autoridades sudanesas se han negado hasta ahora a colaborar con la CPI

De la investigación podrían obtenerse las pruebas necesarias para la apertura de un juicio. La ONU remitió el caso a la CPI a instancias de su Consejo de Seguridad, y calcula que unas 180.000 personas han muerto en la zona en los dos últimos años. Otros dos millones han tenido que abandonar sus hogares debido al conflicto interno que enfrenta a grupos rebeldes con el Gobierno de Jartum. Le acusan de oprimir a los africanos negros y favorecer a la población de origen árabe.

Es la primera vez que la Corte hace uso de sus atribuciones para ocuparse de los crímenes cometidos en un país que no los ha notificado por sí mismo. Las autoridades de Uganda y de la República Democrática del Congo, por el contrario, sí han colaborado con La Haya, sede de la CPI. Ambas están de acuerdo en perseguir a los autores de las atrocidades perpetradas en los conflictos desencadenados en sus respectivos territorios. También para la ONU supone un estreno el caso de Sudán. Nunca antes había elevado un caso a la Corte, con competencias desde el 1 de julio de 2002, pero sin facultad para actuar con carácter retroactivo.

Una Comisión Internacional de Investigación sobre dicha región del oeste de Sudán, promovida por Naciones Unidas, llegó en febrero de este año a la siguiente conclusión: "Lo ocurrido no es un genocidio propiamente dicho [liquidación sistemática de otro grupo], aunque presenta actos movidos por dicha intención". Sí aconsejaba llevar el caso a la CPI, "porque la gravedad de los crímenes derivados de las acciones del Gobierno de Jartum no podía ignorarse".

Dos meses más tarde, Kofi Annan, secretario general de la ONU, presentó al fiscal Ocampo la lista de 51 sospechosos de crímenes contra la humanidad entre los que figuraban gobernantes, oficiales del Ejército, milicianos y líderes rebeldes.

En Darfur habría habido asesinatos en masa, violaciones y saqueos continuos. En un comunicado emitido ayer, la CPI señaló que su investigación será "imparcial e independiente y centrada en las personas con mayor responsabilidad penal en lo ocurrido". Durante las diligencias, se analizarán miles de documentos archivados en La Haya. Se tendrán además en cuenta las consultas realizadas a más de 50 expertos, también independientes. "Para todo ello necesitaremos la colaboración nacional e internacional. Será un esfuerzo colectivo que complemente el de la Unión Africana, entre otros, para acabar con la violencia en Darfur y promover la justicia", según el fiscal Ocampo.

Pesquisas propias

Para las autoridades sudanesas el esfuerzo de la CPI no era necesario. Jartum quiere llevar a cabo sus propias pesquisas y niega estar involucrado en los crímenes. En caso de hallar algún culpable, recurriría a los tribunales locales sin extraditar a sus compatriotas. Cuando hace dos meses la ONU entregó a Ocampo el sobre con los nombres de los 51 sospechosos, Omar al Bashir, presidente de Sudán, dejó clara su postura. "He jurado tres veces en el nombre de Alá todopoderoso que nunca rendiré a un compatriota a un tribunal extranjero", dijo.

Sudán no ha reconocido el estatuto fundacional de la Corte y niega por tanto su jurisdicción. El hecho de que el caso fuera remitido al fiscal jefe por Naciones Unidas, una de las posibilidades contempladas en su ordenamiento, ha permitido que se hiciera cargo del mismo.

La CPI cuenta con el respaldo de un centenar de países, pero tiene en su contra a Estados Unidos, temeroso de que sirva para procesar por motivos políticos a sus soldados o ciudadanos. Washington, que pidió la creación de un tribunal especial para los crímenes cometidos en Sudán, se abstuvo de imponer su veto en el Consejo de Seguridad cuando éste acordó enviar el caso a La Haya. Obtuvo a cambio la promesa de que sus nacionales presentes en la zona no serían juzgados.