Bush asegura que el libre comercio reforzará la democracia en Latinoamérica

George W. Bush dijo ayer a la Organización de Estados Americanos (OEA) que la Carta Democrática garantiza "el derecho a la democracia de todos los ciudadanos de América", y aunque no entró a fondo en la pelea central de la reunión (¿debe la OEA implicarse en los procesos de deterioro democrático e inestabilidad de sus países miembros?), hizo una velada alusión "a los que tratan de hacer retroceder" los avances democráticos. Bush aseguró además que los acuerdos de libre comercio disminuirán las divisiones causadas por "el resentimiento y las falsas ideologías", y pronosticó que "la marea de la libertad también llegará a las costas de Cuba".

La asamblea es escenario de un feroz pulso sobre la Carta Democrática, que proclama que "los pueblos de América tienen derecho a la democracia representativa y sus Gobiernos, la obligación de promoverla y defenderla". Aunque especifica que lo esencial de la democracia es el respeto a los derechos humanos y las libertades, el pluralismo y la separación de poderes, la Carta no contempla mecanismos de alerta temprana sobre el deterioro de alguno de estos elementos en los países. Bush no se pronunció con detalle, pero dijo que América está frente a dos opciones: "La que ofrece una visión de esperanza y se basa en Gobiernos representativos, integración en los mercados y fe en el poder transformador de la libertad en las vidas individuales" y la que "trata de hacer retroceder los avances democráticos de los últimos 20 años con el miedo, el enfrentamiento entre vecinos y echando la culpa a otros de los fracasos propios para atender las necesidades de sus ciudadanos".

Horas antes, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, había dicho que la OEA debe actuar "para fortalecer la democracia allí donde sea débil", mencionando a Bolivia, Ecuador y Haití, y para apoyarla "donde esté amenazada, porque donde la libertad retrocede, el miedo avanza, y el arma preferida de los regímenes autoritarios es la organizada crueldad del estado policial".

No hubo mención a Venezuela, pero no hacía falta: la asamblea de Fort Lauderdale se celebra en el contexto de la pugna Caracas-Washington. Estados Unidos habló hace dos semanas de un mecanismo de control; luego suavizó el término y sugirió lo que figura en el proyecto de la Declaración de Florida: que el secretario general, José Miguel Insulza, elabore un plan "con medidas específicas para fortalecer la eficacia y la aplicación de la Carta Democrática en la defensa, protección y promoción de la democracia" y que el Consejo de la OEA pueda "evaluar las situaciones que puedan afectar al desarrollo del proceso institucional, democrático y político de un Estado miembro" para "anticiparse a las crisis que pudieran socavar la democracia".

El borrador reactivó al presidente Hugo Chávez, que acusó el domingo a EE UU de ser "un Gobierno falsamente democrático" y dijo que "si aquí hubiera que poner bajo control algún Gobierno de la OEA sería el de EE UU, que apoya terroristas, invade pueblos y pretende instaurar una dictadura global". Recurriendo a la retórica bolivariana, Chávez añadió: "Se equivocan los que pretendan volver a colocar en un redil a los latinoamericanos; aquí estamos, los pueblos de pie, igual que hace 200 años, dispuestos a ser libres". Alí Rodríguez, canciller venezolano, negó a la OEA su facultad de "evaluar o corregir las situaciones políticas internas" de sus países: "Eso compete al pueblo; a nadie más", dijo. Sin llegar a tanto, otros Gobiernos han manifestado su incomodidad. "Queremos reforzar la democracia en la región, pero también queremos evitar mecanismos de intrusión", en palabras de Celso Amorim, canciller brasileño. Con matices, además de Venezuela están en esta posición Argentina y Uruguay, partidarios de eliminar las referencias al refuerzo de la Carta Democrática.

Brasil, Perú, Costa Rica, Nicaragua, Colombia simpatizan con la idea de desarrollar la Carta y dotarla de instrumentos. Anoche se discutía un texto de consenso impulsado por Chile y que reunía en consenso de una quincena de países. En ese acuerdo, la OEA ayudaría a los Estados que lo socilitaran para fortalecer la democracia y el Consejo Permanente realizaría un seguimiento de la aplicación de la Carta. Insulza dijo en su discurso de apertura que la Carta Democrática es "mucho más que una simple declaración de intenciones" y que, frente a "los persistentes riesgos de retroceso" la OEA "debe ampliar la cooperación que presta a sus miembros para profundizar la democracia en la región".

EE UU trataba ayer de salvar en parte la iniciativa, aceptando, como dijo un portavoz del Departamento de Estado a EL PAÍS, que "en el debate hay países con otros puntos de vista". La idea, explicó, "es crear mecanismos que respondan a las necesidades de la gente; hay que conseguir mayores niveles de participación de la sociedad civil".

En opinión de José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch, "la OEA no tiene futuro si no pone en pie mecanismos de anticipación de crisis y si no canaliza las aportaciones de la sociedad civil". En otras palabras, "hay que ponerle dientes a la Carta Democrática, porque en el texto aprobado en 2001 no hay previsiones para lo que debe hacerse en caso de deterioro lento y continuo de la democracia.