Rajoy mantiene que en Valencia se detallan las condiciones para futuros acuerdos

Mariano Rajoy, líder del PP, respaldó la urgencia con la que Francisco Camps quería pactar con el PSPV-PSOE su proyecto de reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, por cuatro motivos.

El primero consiste en demostrar que "el PP no es el partido del no en las reformas territoriales", sino que es posible un acuerdo si se cumplen las condiciones que él trasladó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su reunión en La Moncloa el 14 de enero.

Esas condiciones son que la reforma estatutaria cuente, "al menos, con el apoyo de los dos grandes partidos nacionales"; que "se enmarque en un respetuoso desarrollo de la Constitución", lo que también defiende el PSOE; que "no menoscabe la solidaridad entre españoles y la igualdad entre comunidades autónomas"; y que "asuma la prioridad de las leyes básicas del Estado", es decir, que es el Estado quien cede competencias a las autonomías y no éstas las que deciden arrogárselas.

El segundo motivo pasa por contraponer el "pacífico pacto" en la Comunidad Valenciana para su nuevo Estatuto con el proceloso debate abierto en Cataluña, con negociaciones incluso entre el Gobierno central y el PSC, o el aún más complejo previsto para el País Vasco. Con el modelo valenciano, Rajoy intenta convencer, según él, "a esa mayoría del PSOE que no es nacionalista" de las ventajas "de pactar las cosas serias con el PP y dejar de hacer experimentos con quienes quieren que España deje de ser España".

Al menos, los dos grandes

El tercero pasa por "garantizar que el PP no hará ninguna reforma estatutaria donde gobierne sin el apoyo del PSOE". El cuarto motivo tiene alcance de futuro. La oferta de pacto que Rajoy hizo a Zapatero el 14 de enero para la "reforma de la arquitectura institucional del España", es decir, para incluir en un paquete las modificaciones de la Constitución y de los estatutos de autonomía, fracasó. Después, como respuesta airada, Rajoy avisó de que su partido no apoyará las reformas de la Constitución que propugna el Gobierno (salvo la de la sucesión en la Corona) si el Ejecutivo rechaza que las modificaciones de los estatutos requieran el voto de dos tercios en el Congreso de los Diputados. Es decir, el acuerdo, al menos, de los dos grandes partidos.

Rajoy mantiene esta condición de todo o nada para la oferta que le hizo Zapatero en el debate sobre el estado de la nación de formar la comisión bilateral que no fue posible en enero: debe tener nivel político suficiente como para llegar a "un acuerdo conjunto sobre Constitución y Estatutos".