El Pleno del Senado rechaza el veto a la ley de televisión digital

El PP se quedó ayer solo en Pleno del Senado. Ningún grupo apoyó el veto al proyecto de ley de televisión digital terrestre (TDT) defendido por el ex ministro Josep Piqué. Sin embargo, encontró el respaldo de CiU para que no se suprima el límite de tres canales de cobertura estatal (adjudicados a Antena 3, Tele 5 y Canal +) establecido en la Ley de Televisión Privada, de 1988. El texto se debatirá la próxima semana en el Pleno del Congreso.

El proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la TDT, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, superó ayer el último trámite en el Senado antes de su regreso al Pleno del Congreso. Después de que el veto presentado por el PP fuera aprobado en la comisión de Industria el pasado jueves gracias al apoyo del senador del Grupo Mixto José María Mur (Partido Aragonés Regionalista), los socialistas pactaron varias enmiendas transaccionales con los grupos minoritarios. Así, Coalición Canaria retiró la suya y el PNV dio marcha atrás sobre buena parte de las que había presentado.

El Pleno de la Cámara alta rechazó el veto defendido por el ex ministro de Ciencia y Tecnología Josep Piqué al no conseguir la mayoría absoluta (130 escaños). Con todo, el resultado fue de 126 votos a favor (PP), 6 abstenciones (PNV) y 120 en contra (el resto de los grupos).

Piqué sostuvo que los artículos contenidos en el texto legislativo están "en línea contraria al título". Tras criticar las "pretendidas medidas urgentes" repitió su argumentación de que la ley está elaborada ad hoc, a favor de "determinados medios de comunicación", en alusión a PRISA (editora de EL PAÍS). La ley, sin embargo, no afecta a la petición de Canal + (participada por PRISA) para emitir en abierto las 24 horas del día en lugar de las seis actuales, tal y como recordó en el debate el senador socialista Félix Lavilla.

También se aprobó una enmienda del PP, respaldada por CiU, para que el Gobierno adopte las medidas necesarias para conseguir "un efectivo" apagón analógico en 2008. Piqué logró igualmente el apoyo de los nacionalistas catalanes contra el artículo referido a las modificaciones en materia de radiodifusión.

El portavoz del PSOE, Carlos Chivite, reiteró que el contenido de la reforma audiovisual ha sido negociado con los agentes del sector y justificó la tramitación por la vía de urgencia como única forma para que España salga "del pelotón de cola" europeo en el desarrollo de la TDT.

Maria José Elices, portavoz de Entesa Catalana de Progrés, dijo que la ley es buena para los ciudadanos, ya que protege un servicio público esencial para la libertad de las personas. En su opinión, el PP "perdió las elecciones, entre otras muchas cosas, por no fomentar el pluralismo, y los ciudadanos de este país no le perdonan que les recortaran las libertades".

Canales autonómicos

Una de las enmiendas aprobadas prevé que las comunidades autónomas dispongan, teniendo en cuenta sus Estatutos, de dos canales múltiples en tecnología digital (con capacidad para cuatro programas cada uno) desde que se produzca el cese de las emisiones analógicas, que el Gobierno se propone adelantar a 2010, dos años antes de la fecha marcada por el anterior Ejecutivo del PP.Las comunidades tendrán competencia para decidir el régimen de gestión de estos programas, que podrán ser adjudicados a los entes públicos de radio y televisión o a la iniciativa privada.

En cuanto a las televisiones locales, se negoció una enmienda transaccional para que a la hora de otorgar las licencias se tenga en cuenta la "experiencia demostrada" en el sistema analógico por las compañías operadoras de canales locales analógicos.

El proyecto de ley remitido por el Congreso está compuesto por cinco artículos, que modifican otras tantas leyes. Así, prevé la supresión del límite de tres canales fijado en la Ley de Televisión Privada, se permite a un mismo accionista estar presente en un canal analógico de ámbito estatal y otro digital hasta que el momento del apagón analógico y se liberaliza la televisión por cable. El plazo de adjudicación de las televisiones locales se amplía de cinco a diez años y se establecen los sistemas de telecomunicaciones y redes que deberán instalarse en los edificios.

En el sector de la radio se fijan límites a la concentración de emisoras, de modo que una persona física o jurídica no podrá poseer más del 50% de las concesiones en un ámbito de cobertura, con un tope de cinco frecuencias, ni más de un tercio en el conjunto del Estado.