Inmigración: una lección inhabitual

Hace casi cuatro años planteé en estas mismas páginas algunos interrogantes sobre el modo en que el por entonces recién elegido jefe de la oposición percibía la inmigración (Rodríguez Zapatero y la inmigración, EL PAÍS, 11 de septiembre de 2001). Con la regularización de más de 700.000 extranjeros, el Gobierno español acaba de dar una lección inhabitual de virtud y lucidez política. El presidente Zapatero no deja de sorprender a la opinión pública europea: he aquí a un hombre que hace lo que dice y dice lo que hace. Prometió corregir las terribles secuelas de la política del Gobierno anterior en materia de inmigración: ha cumplido su promesa. Porque, a lo largo de ocho años, pero sobre todo durante la última legislatura, la política del Gobierno anterior convirtió la inmigración en un tema explosivo al cerrar los ojos, como no he dejado de denunciar desde hace años, ante la sumisión a unos patronos ilegales de una mano de obra extranjera objeto de todo tipo de explotación. Porque todo el mundo sabía y sabe que España necesita inmigrantes, que el dinamismo económico excepcional de esta joven democracia requiere una importante mano de obra. Pero los prejuicios, la intolerancia y, en algunos responsables políticos, una dosis no disimulada de xenofobia, habían logrado, al cabo de unos años, convertir la inmigración en una mercancía política, un objeto de disensión nacional. De ahí el aumento de las tensiones sociales, la explosión de arranques xenófobos (El Ejido), las agresiones físicas contra los extranjeros y el miedo. Si a esto se añade que las consecuencias culturales de los horribles atentados del 11-M podían provocar una marginalización dramática de los inmigrantes magrebíes, se puede apreciar el valor que ha necesitado el presidente del Gobierno para cumplir sus promesas. Era necesario actuar, y rápido.

Al haber asistido a varios procesos de regularización en los últimos 25 años en Europa e incluso haber contribuido a organizar el del Gobierno de la izquierda plural en Francia en 1997, debo reconocer que la orientación elegida por las autoridades españolas es de una profunda originalidad y va mucho más allá de la simple cuestión de la regularización de la inmigración. De hecho, el Gobierno español ha aprovechado esta regularización para desarrollar aún más la democracia y ampliar las bases del Estado de derecho. Aunque el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería no sea el resultado de un pacto entre todas las fuerzas políticas para elaborar una verdadera política consensuada de inmigración, se ha experimentado realmente con una nueva metodología en la que deberían inspirarse algunos países europeos que dan lecciones con tanta facilidad.

En efecto, el texto aprobado para definir las normas de esta regularización es el fruto de una consulta muy amplia entre los agentes sociales, las organizaciones sindicales, los empresarios, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las organizaciones de inmigrantes, las ONG, el Consejo Económico y Social, el Foro Social para la Integración de los Inmigrantes, el Consejo General del Poder Judicial e incluso el Consejo de Estado, por no mencionar la destacada participación de todos los ministerios requeridos por el Ministerio de Trabajo encargado del proceso. El objetivo era claramente normalizar la vida de alrededor de 800.000 personas y, al mismo tiempo, luchar contra el sector informal de la economía que, hay que recordar, al retribuir por debajo de lo normal a los trabajadores sin papeles, penaliza asimismo al resto de trabajadores del país provocando un descenso del precio del trabajo.

El proceso de regularización elaborado es sin duda el más democrático y progresista experimentado en Europa en los últimos años. Los documentos necesarios para acogerse al proceso de normalización eran de acceso normal: certificado de empadronamiento que demostrara que se llevaba en España desde antes del 7 de agosto de 2004, contrato de trabajo y carecer de antecedentes penales. Esto significaba que el Gobierno optaba por legalizar sobre la base de unos criterios mínimos ventajosos para los inmigrantes, pero también rechazaba la trampa de una legalización automática de todos los sin papeles. Evidentemente, estas propuestas hicieron que algunos países europeos pusiesen el grito en el cielo y denunciaran el "laxismo" del Gobierno español. Una actitud totalmente inaceptable, ya que la gestión interna de la emigración sigue dependiendo, afortunadamente, de los gobiernos nacionales. Al fin y al cabo, corresponde a cada país saber el número de trabajadores que puede acoger y en qué medida su economía es capaz de integrarlos.

En la práctica, el Ministerio de Trabajo se ha mostrado bastante flexible. Los tres problemas principales que han surgido están relacionados con el plazo de tres meses impuesto para presentarse, el tener que empadronarse en un organismo y, por último, el rechazo a ser inscrito, en algunos casos, por ese mismo organismo. El ministerio, pese a la petición de varias organizaciones, se ha negado a ampliar el plazo de tres meses. Creo que ha tenido razón sobre este punto, ya que una regularización sin unos límites rigurosos habría podido acarrear unos efectos perversos y poner en peligro la credibilidad del proceso en su conjunto. En cambio, ha accedido a admitir otros documentos probatorios alternativos al certificado de empadronamiento. De acuerdo con los organismos sociales, el Ministerio de Trabajo propuso una fórmula legal denominada "empadronamiento retroactivo o por omisión": así, los ayuntamientos pudieron inscribir en el censo, con carácter retroactivo, a los inmigrantes que demostraron con "documentos públicos fehacientes" su estancia en España antes del 7 de agosto de 2004.

De este modo, los nuevos documentos públicos que permitieron a los inmigrantes "empadronarse por omisión" debían ser expedidos o registrados por una Administración española, identificar al solicitante y estar referidos a actos anteriores al 8 de agosto de 2004. El inmigrante tuvo que presentar al menos uno de los siguientes documentos: copia de la solicitud de empadronamiento no resuelta o denegada, debidamente registrada en el municipio; tarjeta sanitaria de un servicio público de salud en la que conste la fecha del alta o, en su caso, certificación en la que constara la fecha de la antigüedad del alta; copia de la solicitud de escolarización de menores, debidamente registrada; certificación del informe de los servicios sociales o notificación de la resolución de percepción de ayudas sociales.Está claro que, de este modo, el Gobierno hacía un verdadero esfuerzo por realizar un seguimiento del proceso de regularización teniendo en cuenta las dificultades que fueron surgiendo a medida que se ha ido desarrollando la operación. Esta actitud le ha valido las reprimendas del Partido Popular, que considera que este método rompe las reglas del proceso de regularización. En cuanto a los empresarios y a los sindicatos mayoritarios, avalaron la decisión del Gobierno de permitir la inscripción con carácter retroactivo en el padrón municipal; según ellos, y creo que tienen razón, porque sería injusto que personas que cumplen los requisitos básicos para regularizarse fueran privadas de ese derecho por cuestiones burocráticas, como el no haber obtenido un determinado documento. Esto no es sólo una cuestión de humanidad, sino también una determinada concepción de la justicia y de la dignidad de las personas.

Numerosas ONG como SOS Racismo y la Comisión de Ayuda al Refugiado, asociaciones de vecinos, el sindicato USO y partidos políticos como IU y PNV, reconocen que el proceso "es un paso positivo", pero "insuficiente y con muchos errores". Insuficiente porque, según dicen, un millón de extranjeros se quedarán fuera del proceso: unos porque sus empleadores no quieren regularizar su situación y otros porque provienen de países en los que tienen muchas dificultades para obtener el certificado de penales. Asimismo, solicitaron que se aceptaran todos los documentos válidos en derecho, como un acta notarial o una sentencia judicial, y no sólo los siete documentos exigidos para demostrar la residencia en España. Algunos ayuntamientos protestaron porque se les obligó a actuar a marchas forzadas en un asunto que debió abordarse con mayor sosiego en su momento y que supuso una sobrecarga de trabajo. Por último, algunos consideran que los inmigrantes más vulnerables temen, si no son regularizados, ser presa de la policía.

Aunque estas críticas deben ser tenidas en cuenta, no deben hacernos olvidar la dura realidad a la que debe hacer frente el Gobierno. Porque las migraciones van a proseguir y la regularización es sólo un aspecto del problema: debe estar acompañada de una política de integración, una gestión responsable de las fronteras y una estrategia inteligente para convertir la inmigración en un factor de desarrollo conjunto con los países de origen. No sé si el Gobierno español podrá hacer frente a todos estos desafíos a la vez, pero sé que acaba de dar una magnífica lección de generosidad y de respeto a los derechos de la persona. Hay que felicitarle por haber restablecido, tras las indignas escenas de El Ejido, la imagen de una España tolerante y respetuosa con los derechos de los extranjeros. Al actuar de este modo, José Luis Zapatero no sólo cumple sus promesas, sino que también se provee de los medios para exigir a todos, con la razón de su parte, el respeto a la ley.

Sami Nair es profesor invitado de la Universidad Carlos III. Traducción de News Clips.