Bolivia afronta nuevas huelgas tras la quiebra del diálogo social

Bolivia afrontará a partir de mañana una semana de marchas de protesta, huelgas indefinidas y el comienzo de bloqueo de caminos para exigir la nacionalización de los hidrocarburos. El Gobierno, mientras, busca una salida política al fracasar su convocatoria de una reunión en pro de la unidad nacional. Los dirigentes de las principales organizaciones sindicales han anunciado una marcha hacia La Paz que partirá desde Caracollo, 150 kilómetros al sureste.

Los sindicatos campesinos impedirán el tránsito de vehículos en las carreteras y caminos, mientras que los maestros del sistema estatal de educación iniciarán una huelga indefinida que dejará a miles de escolares sin colegio. Las juntas vecinales de El Alto pidieron el cierre del Parlamento y anunciaron una marcha hacia La Paz, a 14 kilómetros.

El malestar de estas agrupaciones procede, una vez más, de la polémica ley de hidrocarburos, aprobada por el Parlamento la pasada semana y que debería ser promulgada por el presidente Carlos Mesa el martes, una vez que el Congreso introduzca cambios concretos. Con ellos, el presidente intenta garantizar su viabilidad no sólo para los bolivianos; también para las empresas petroleras y los organismos internacionales.

La ley, que lleva casi dos años en discusión, ha desatado opiniones encontradas. El Congreso exige al Ejecutivo garantías de que va a promulgar la ley, mientras que los empresarios sugieren al presidente que vete la norma. Las organizaciones sindicales, descontentas porque no se fijó el 50% de fiscalidad radicalizaron sus exigencias y ahora quieren la nacionalización de los hidrocarburos; los organismos financieros internacionales y varios Gobiernos regionales expresaron su confianza en que el Estado mantendrá sus compromisos. Las petroleras tendrán que adaptar los contratos a la nueva ley.

Mesa propuso celebrar una reunión, el lunes, en la sureña ciudad de Sucre. A ella debían asistir los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), empresarios y organizaciones laborales e indígenas para reconsiderar el contenido de esta ley y el de otros tres asuntos complejos: elecciones de prefectos (gobernadores), referéndum autonómico y Asamblea Constituyente. Ante la negativa del Legislativo y el Poder Judicial, el Gobierno anunció la suspensión de la reunión unos minutos antes de que se produjera un atentado en Santa Cruz frente a las oficinas de la empresa brasileña Petrobras.

Atentado contra Petrobras

El atentado fue reivindicado por un grupo que se identificó como Frente Nacional Anticorrupción que, en imágenes grabadas en soporte digital, exigieron a Mesa nacionalizar los hidrocarburos y revertir la privatización parcial de empresas estatales bajo la amenaza de nuevos atentados. El ministro del Interior, Saúl Lara, atribuyó el ataque a grupos radicales que alientan las protestas. Los adversarios de Mesa hablan de montaje y la policía está en alerta.

"Es una ley miope, alejada de las necesidades del sector petrolero, que responde exclusivamente a la coyuntura política", señaló el consultor en economía e hidrocarburos Carlos Alberto López, ex secretario de Hidrocarburos y Energía del Gobierno boliviano (1997-2000). La ley de hidrocarburos resume la agenda político-partidaria y de consignas más que de aspectos dirigidos a la viabilidad del sector. "Se ha hablado mucho de dignidad y equidad en la distribución de regalías, pero en ningún momento, nadie del área política, de los movimientos sociales o del propio Gobierno ha abordado temas sobre el negocio del gas", apuntó López, quien reclama el establecimiento de "objetivos específicos para el desarrollo, crecimiento y proyección de la industria petrolera boliviana". "Lamentablemente", afirmó, "con la demagogia, lo primero que se ha hecho es distribuirse las utilidades [rendimientos] antes de ver cuáles son las condiciones que hacen viable el negocio".