Jueces para la Democracia, contra la objeción ante el matrimonio gay

La asociación Jueces para la Democracia considera que ningún juez dejará de celebrar matrimonios homosexuales y que la Conferencia Episcopal "al llamarnos a objetar, nos llama a cometer un delito, el de discriminación". Para Gaspar Llamazares (IU), la jerarquía eclesiástica, con sus declaraciones sobre el matrimonio homosexual, sitúa a la Iglesia "fuera de la democracia, en la desobediencia y desacato a las leyes aprobadas".

La Conferencia Episcopal Española difundió el pasado viernes un comunicado en el que afirmaba que los católicos no pueden votar a favor de la ley de matrimonios homosexuales, proyecto normativo que tachan de injusto y con el que se trata de corromper la institución del matrimonio. Los obispos reivindican el derecho a la objeción de conciencia para no celebrar bodas gays.

"Al llamarnos a objetar se nos llama a cometer un delito, el de discriminación, por no dar una prestación por un prejuicio que, en este caso, tiene que ver con la orientación sexual", declaró ayer Edmundo Rodriguez, portavoz de Jueces Para la Democracia. "Nuestra función es tutelar los derechos de las personas", dijo. "Estamos seguros de que los jueces no tienen derecho a objetar el cumplimiento de la Ley, sino que tienen la obligación constitucional de cumplirla y hacerla cumplir".

También la Asociación Profesional de la Magistratura se manifestó ayer en el sentido de que "los jueces tienen la obligación inexcusable de aplicar las leyes, estén o no de acuerdo con ellas", aún recordando que pueden plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional si creen que una norma vulnera la Constitución.

En el ámbito del debate entre los partidos, José Blanco, secretario de Organización y Coordinación del PSOE, afirmó ayer que el PP, en su rechazo al matrimonio entre parejas del mismo sexo, le recuerda a su oposición a la Ley del Divorcio cuando, hoy "los de derechas son los que más uso hacen de esta Ley y, si no, que se lo pregunten a altos cargos políticos del anterior Gobierno".

Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, denunció ante los asistentes Consejo Político de esa formación: "Una vez más [la Iglesia española] se sitúa al margen de la democracia y fuera de la Constitución". Llamazares recordó que "la moral de la Iglesia no es la moral del Estado, y la Iglesia no determina las leyes civiles, mucho menos la del matrimonio homosexual". En opinión del líder de IU, el Gobierno debe "avanzar en el laicismo, en la separación entre Iglesia y Estado, denunciando los acuerdos con el Vaticano", y avanzar en la autonomía financiera de la Iglesia, así como en el laicismo en la enseñanza.

En Andalucía, el consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, rechazó la apelación de la Iglesia a jueces, alcaldes y funcionarios para que no celebren matrimonios homosexuales y advirtió de que "cualquier llamamiento al incumplimiento y la insumisión está fuera del normal funcionamiento del Estado de Derecho".

También expresaron su rechazo a la posición de la Conferencia Episcopal diversas organizaciones sociales. La Federación Estatal de Gays, Lesbianas y Transexuales advirtió en un comunicado que las opiniones de los obispos sobre el matrimonio homosexual "no corresponden" con el sentir de "una parte muy importante" de la Iglesia Católica, y que están creando "una fuerte división y sembrando confusión, odio y rabia" con su oposición a la ley aprobada por el Gobierno.