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Reportaje:

La ambulancia del 061 que nunca llegó

Un juzgado investiga la muerte de un niño que no fue trasladado al hospital

El Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona ha abierto diligencias para investigar la muerte de un niño de 21 meses enfermo de leucemia que falleció horas después de que el servicio de urgencias del 061 le denegase una ambulancia para trasladarlo a un hospital.

Los hechos se remontan al 30 de septiembre de 2003, cuando el padre del menor, Carlos Alfredo Medrano, de origen salvadoreño, contactó con el 061 y advirtió de que el niño sufría leucemia, seguía un tratamiento de quimioterapia en el hospital de Sant Joan de Déu y su temperatura era 39,5 grados. El doctor que le atendió explicó que en casos así no se envía ambulancia y que eran los padres quienes debían llevar al niño al hospital. Los hechos ocurrieron de madrugada y, según se expone en la querella presentada por la familia, el padre estuvo buscando infructuosamente un taxi durante hora y media, por lo que finalmente decidió regresar a su domicilio.

Al día siguiente, la ambulancia acudió al domicilio familiar de Cornellà para trasladar al niño al hospital con el fin de que recibiese el tratamiento habitual, pero falleció dos horas después de llegar al centro sanitario. Inicialmente el juzgado archivó el caso sin apenas practicar ninguna diligencia, pero el abogado de la familia, Rafael Núñez, recurrió. El fiscal se adhirió a sus peticiones y ahora se investigará el caso a fondo.La magistrada Rosa María Freire razona en el auto de reapertura del caso que pueden existir indicios de delito y reclama del servicio de emergencias del 061 que facilite el nombre del médico que atendió la llamada del padre para que declare como imputado. La juez solicita también el registro de incidencias de la madrugada en que ocurrieron los hechos, que se detalle el motivo de cada llamada telefónica y que se precise el número de ambulancias que había disponibles aquella noche. Además, cita a declarar como testigos para el próximo día 10 a los padres del niño y solicita del hospital de Sant Joan de Déu el historial completo del menor.

Leucemia aguda

El niño fallecido sufría una leucemia aguda mieloide y fue tratado con quimioterapia, lo que comporta riesgos de infección. El informe eleborado por el forense a petición del juzgado detalla que en casos así se informa a las familias de que, ante cualquier signo de fiebre, deben acudir con rapidez al hospital para atajarla. Sobre las dos de la madrugada del 30 de septiembre de 2003, el padre llamó al 061, advirtió de la enfermedad del hijo y el médico que le atendió le respondió textualmente, según consta en la transcripción de la conversación: "Es que, en principio, nosotros una ambulancia para esto no, no se la vamos a mandar porque no, o sea... el niño... normalmente, con esta edad, van los padres y por lo tanto no necesitan ningún tipo de transporte... no es necesaria una ambulancia para trasladarlo".

A la mañana siguiente, la ambulancia acudió al domicilio para realizar el traslado acostumbrado al hospital con el fin de que el niño siguiera el tratamiento prescrito. Ingresó a las 8.30 horas y falleció a las 10.45, tras no responder al tratamiento antibiótico ni a las medidas de reanimación. "No podemos asegurar si el resultado de muerte producido se hubiera evitado con la asistencia médica del 061; pero qué duda cabe de que, asistido el niño seis horas antes, habría habido más posibilidades de evitar su fallecimiento", asegura el forense en su informe. Un portavoz del 061 declinó ayer pronunciarse sobre los hechos al no haber podido contrastar la actuación médica con los servicios jurídicos.

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Los padres del menor son inmigrantes de El Salvador que sobrevivieron a dos terremotos en su país pero perdieron el empleo. Una familia afincada en Barcelona les invitó a trasladarse a Cataluña e iniciar una nueva vida, y ya tenían concedido el permiso de residencia. Su situación económica era muy precaria y eran atendidos por los servicios sociales del Ayuntamiento de Cornellà para asegurar su manutención y evitar el desahucio de la vivienda de alquiler que ocupaban. La penuria económica era tal que el entierro del niño fue gratuito.

El fallecimiento acabó en la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad (CUS), que lo derivó al abogado Rafael Núñez, redactor de la querella por los presuntos delitos de denegación de asistencia sanitaria y lesiones. "Esperamos que la reapertura sirva para investigar los hechos, después de la sorpresa e indignación que produjo el auto de archivo sin dedicar una sola palabra a analizar los hechos", afirma el abogado.

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