El desafío de la ONU en Haití

Despuntaba la tarde en Puerto Príncipe y la patrulla de Naciones Unidas preparaba su puesto de control en Cité Soleil, la barriada más populosa de la capital haitiana. Entonces comenzaron los disparos. Antonio Batomalaque, sargento filipino, cayó fulminado de un balazo en la cabeza. Al día siguiente, viernes 16 de abril, los cascos azules regresaron al arrabal, bastión de los partidarios del depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide, y abatieron a una decena de pistoleros. Once meses después de aterrizar en Haití, las fuerzas de la ONU han decidido responder con firmeza a las continuas agresiones de las bandas armadas. Algunos observadores temen que sea demasiado tarde. La violencia se ha desbocado y amenaza los esfuerzos por construir un país viable.

"Me siento hastiado al ver a nuestros policías quemados y decapitados". El primer ministro haitiano, Gérard Latortue, no podía ocultar su irritación el pasado 30 de marzo. En días previos, cinco miembros de la Policía Nacional habían sido brutalmente asesinados en la capital. Y ya iban 20. El lamento de Latortue condensaba el malestar de la sociedad y la prensa haitianas, que acusaban a la ONU de "pasividad" ante una oleada de violencia que ha dejado más de 600 muertos desde septiembre y que constituye el principal obstáculo para la celebración de las elecciones previstas en noviembre.

Nunca la mitad occidental de la isla La Española, pródiga en paisajes sensuales, pintores coloristas y brutalidad sombría, ha conocido la concordia en sus 200 años de independencia. Desde la salida de Aristide, en febrero de 2004, bandas de diverso pelaje se disputan los jirones del país. Por un lado, los chimères, seguidores del mesiánico ex presidente. Por otro, los ex militares, brazo armado de la rebelión opositora que lo depuso. Y entre ambos, y confundidos con ellos, los grupos criminales alimentados por el narcotráfico. La frontera entre la violencia política y la delincuencia es sumamente permeable.

Para garantizar "un entorno seguro y estable" y ayudar a un Gobierno interino de tecnócratas, Naciones Unidas destacó en junio de 2004 una misión de estabilización (Minustah) que hoy cuenta con 6.000 soldados y 1.400 policías internacionales. Los grupos armados decidieron echarles un pulso. Los ex militares, desmovilizados por Aristide en 1994, ocupaban comisarías en el interior del país para reclamar el pago de sus salarios y la reinstauración de las fuerzas armadas. Los chimères sembraban el terror en Cité Soleil, Bel Air y otras barriadas de Puerto Príncipe para exigir el retorno del presidente derrocado.

El teniente general brasileño Augusto Heleno Ribeiro, jefe militar de la misión, se encontraba acorralado entre las presiones internacionales para que se actuara con más contundencia y los condicionamientos domésticos de Brasil, que aporta el mayor contingente y cuyo Gobierno pedía cautela.

"El general Heleno, y eso es inocultable, ha tenido una posición sumamente blanda", asegura una fuente diplomática. "Para justificar su inacción, llegó a maquillar la violencia que vivimos en Haití para presentarla como la típica situación de inseguridad de los países latinoamericanos, cuando todos sabemos que no es así".

En diciembre, los disturbios paralizaron los distritos comerciales de la capital. En febrero, la fuga de la mitad de los presos de la penitenciaría nacional hizo saltar las alarmas. La muerte, en marzo, de dos soldados de Sri Lanka y de Nepal puso fin a la estrategia apaciguadora. Con Puerto Príncipe sumida en el caos, la Minustah pasó a la acción. Dos nombres despuntaban detrás de la nueva oleada de violencia: el ex oficial Remissainthe Ravix, cabecilla de la revuelta contra Aristide, y el jefe chimère Jean-Anthony René, más conocido como Grenn Sonnen, que en ese enloquecido laberinto se habían convertido en aliados. La policía local y los cascos azules acabaron con ellos en 24 horas.

Simultáneamente, se inició el cerco de Cité Soleil. La fuerza multinacional vigila ahora de forma permanente los accesos a esta ciudadela de chabolas, montañas de basura y ríos de aguas residuales. En uno de esos controles cayó el soldado filipino.

"Si las cosas siguen así, honestamente no veo factible que las elecciones se celebren este año", comenta desde Puerto Príncipe Ettore di Benedetto, analista de la organización International Crisis Group. "La Minustah tiene que empezar a detener a los líderes de las bandas e iniciar el desarme efectivo de la población, es decir, aplicar su mandato con más vigor. Para el éxito electoral es también imprescindible una negociación política incluyente, que cuente con Fanmi Lavalas [el partido de Aristide], pero el Gobierno interino no está por la labor".

Y es que la violencia y las 300.000 armas ilegales no son el único lastre en esta carrera por sacar a Haití de la lista de los "Estados fallidos". La Minustah se las ve y se las desea para encarrilar un diálogo nacional que perfile una agenda de prioridades para el Gobierno que salga de las urnas. El "desapego haitiano al compromiso", en palabras de un observador, carcome la moral de los más entusiastas mediadores. Baste señalar que, en este país de 8,4 millones de habitantes, 92 partidos mal avenidos se han inscrito en el Consejo Electoral.

Pero hay otro problema. Mientras los cascos azules se baten sobre el terreno y los funcionarios de la misión se afanan por poner de acuerdo a los haitianos, a la comunidad internacional se le ha "olvidado" aflojar el bolsillo, pese a que en la conferencia celebrada en Washington en julio de 2004, los países donantes, entre ellos España, comprometieron 1.300 millones de dólares para la reconstrucción de Haití. Una renta per cápita de 295 euros al año y una tasa de empleo informal del 70% dan una idea de las carencias.

"Se insiste en la seguridad, pero la seguridad debe ir acompañada de progreso económico. Necesitamos intervenciones de impacto", explica Damián Onses-Cardona, portavoz de la Minustah. Después de cuatro misiones en Haití en los últimos diez años, la ONU no pierde el optimismo. "Hace un año este país estaba al borde de la guerra civil y nuestra presencia lo ha evitado. Las elecciones de noviembre son nuestro objetivo prioritario. Si se han realizado en Irak y Afganistán, no vemos por qué no podremos lograrlo aquí".