Cataluña mira a la Hacienda vasca

Tras cinco lustros de desarrollo estatutario, el sistema tiene ante sí el desafío soberanista vasco y un ambicioso proyecto estatutario catalán que reabre el proceso autonómico en clave polémica. Son dos focos muy poderosos, pero diferentes. Mientras el primero aspira a situarse extramuros del sistema -si el nacionalismo vasco pronuncia últimamente la palabra España, hasta ahora tabú, es porque designa un territorio que ya ha sido declarado ajeno-, la reforma financiera y política del Ejecutivo catalán se proclama a sí misma constitucional e integradora. "Nuestra propuesta federal no puede, en ningún caso, confundirse con el soberanismo", reza el borrador del proyecto de nuevo estatuto que maneja el Ejecutivo catalán.

El problema es que, pese a todo, no es evidente que el Estado de las autonomías pueda digerir, tal cual, el estatuto que prepara el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Contra lo que argumentan los partidos catalanes, casi al unísono, las resistencias a su proyecto no provienen sólo de esa opinión pública y de esos políticos que, contra lo establecido en la Constitución, guardan una concepción centralista del Estado y siempre han mirado a las autonomías como un peligroso engorro que conduce indefectiblemente a la desaparición de España. Las resistencias se asientan está vez en sectores de opinión que creyeron en su día en la España autonómica y que hoy contemplan con preocupación la situación actual, en demócratas y republicanos que creen en la necesidad de preservar el Estado.

Tal y como se ha visto estos días, las resistencias se reproducen igualmente en el seno mismo del PSOE, de forma que la discusión clásica con los nacionalismos históricos se ha ampliado y trasladado a las propias filas del socialismo español. "Dudo mucho de que en mi partido haya voces críticas al estatuto", indica el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, y lo que quiere decir es que el PSC es un partido independiente, distinto al que componen los "amigos" del PSOE. "En Cataluña existe un sentimiento generalizado de que nuestra aportación es excesiva, que nuestro desarrollo tiene un cuello de botella y que perdemos posiciones en el ranking de renta". Visto el respaldo político general que se presta a esas opiniones, cualquiera diría que la queja catalana tiene que tener un fundamento objetivo profundo, incuestionable. Y, sin embargo, como se ve en el asunto de las balanzas fiscales, cabe mejor pensar que entre las razones objetivas hay también un alto componente de subjetividad comunitaria.

Cataluña trabaja y España sestea

Es como si a lo largo de las últimas décadas se hubiera creado una gran ola agraviada sobre la que ahora surfea el tripartito catalán, como si las convenciones y prejuicios asentados en estos años de gobiernos nacionalistas hubieran impregnado la mirada, cargada de aprensión, con que Cataluña fiscaliza mentalmente el desarrollismo madrileño o las inversiones que realizan sus vecinos hermanos valencianos.

Y por decirlo todo -Maragall y sus consejeros hablan con soltura de la cultura del subsidio que, a su juicio, impera en Andalucía y Extremadura-, el imaginario colectivo redescubre aquello de que los catalanes trabajan mientras media España sestea al calor de las subvenciones. Por no hablar de Josep Carod Rovira, siempre dispuesto a denunciar "el robo" sistemático a que se somete a Cataluña. ¿Pierde algo Barcelona si las Olimpiadas de 2012 se realizaran en Madrid? ¿No se beneficiaría del flujo de visitantes extranjeros que llegarían a España y del incremento de los ingresos que, al final, van a la caja común?

El caso es que la "primera locomotora de España" cree que no está recibiendo el trato adecuado y aunque se piense que el problema es en buena medida subjetivo, construido a partir de una percepción insuficiente o errónea de la realidad, eso no disuelve la irritación, ni elimina el conflicto. Porque es dudoso que los agraviados doblemente con "Madrid", con Madrid como sinónimo del Estado y con Madrid comunidad autónoma y capital de España, cambien de opinión si se les dice que, puestos a hablar de balanzas fiscales, son los madrileños precisamente quienes más aportan a las arcas comunes.

Seguramente, los catalanes tienen razón cuando se quejan de falta de inversiones estatales en los últimos tiempos y de que todas sus autopistas son de peaje, cuando explican sus dificultades para cubrir el gasto sanitario, cuando subrayan que es necesario engrasar la "primera locomotora española", incluso cuando defienden que los mecanismos de solidaridad han de nivelar, pero no, exactamente, igualar.

Esto último, argumentan, vendría avalado por una vieja sentencia (20-02-53), luego actualizada, del Tribunal Constitucional alemán que establece lo siguiente: "No sería justo y contravendría la naturaleza del sistema federal que, independientemente de los esfuerzos fiscales y de la recaudación, todos los länder tuvieran la misma capacidad financiera, gracias a los mecanismos de reparto horizontal. Un hecho así fomentaría el desinterés de los länder en mejorar su situación, puesto que todos ellos obtendrían lo mismo y eso penalizaría injustamente a los más diligentes". Pobre en Francia, rico en España

Salir y entrar de Barcelona supone efectivamente someterse a un rosario de peajes que los catalanes soportan con notable irritación, sobre todo cuando comprueban que eso no ocurre en la mayor parte de España. Como en Euskadi, las infraestructuras viarias que en su día fueron pioneras y envidiadas en una España de carreteras insufribles, resultan hoy obsoletas y gravosas. Lo inquietante es que este tipo de discusiones se hayan llevado a la calle en forma de agravios, que el reproche, el diálogo de sordos y la desconfianza se adueñen de las relaciones interterritoriales.

Desde la colina de la insatisfacción, Cataluña escudriña lo que ocurre al otro lado de los Pirineos y descubre (Informe de Rémy Prud'home, profesor de la Universidad de París XII) que con una renta per cápita algo inferior a la suya, la vecina región francesa de Midi Pyrenées es receptora neta de ayuda estatal. De acuerdo con ese estudio, cuestionado por especialistas españoles, resulta que mientras la balanza fiscal de Midi Pyrenées es positiva en el 5,51% de su PIB regional, Cataluña tiene una balanza negativa de 5,45%, 11 puntos de diferencia, nada menos. Y es que, además de ser bastante más rico que España -se puede ser, a la vez, relativamente pobre en Francia y relativamente rico en España-, el Estado francés ejerce una mayor presión fiscal, lo que le permite asistir mejor a las regiones menos boyantes. ¿Significa eso que los catalanes envidian el modelo centralista francés y su sistema impositivo fiscal?

Sea como fuere, los ojos del nacionalismo catalán tienen puesta su mirada en Euskadi, sobre todo desde que el Concierto vasco y el Convenio navarro se han revelado como provechosas fuentes de financiación. Desde que el PSC de Pasqual Maragall desbancó a CiU en la Generalitat, el nacionalismo catalán ha empezado a reclamar una fórmula similar a la de Euskadi, especulando, incluso, con la posibilidad de asentar esa reivindicación en la invocación a los "derechos históricos" de Cataluña. Como la tarea es harto difícil a estas alturas, la idea del tripartito catalán es obtener por otras vías los mismos resultados que los vascos y navarros. La fórmula de pagar al Estado un máximo del 50% de la recaudación otorgaría a la Generalitat unos ingresos adicionales anuales superiores a los 2.400 millones de euros.

¿Pero, no resulta contradictorio denunciar un privilegio y aspirar a conseguirlo? ¿Establecer que "los ingresos por habitante de la Generalitat tenderán a equipararse progresivamente a los obtenidos en aplicación de los sistemas de Concierto y Convenio vigentes en las comunidades autónomas forales" y afirmar, un poco más adelante, que "la Generalitat contribuirá a la solidaridad con las otras comunidades autónomas del Estado de manera que los servicios prestados a sus ciudadanos puedan conseguir niveles similares alcanzando un esfuerzo fiscal similar?".

Comprometido de pies y manos en un ambicioso proyecto de reformas que invoca al excepcional artículo 150.2 de la Constitución -inexistente en otros países- para reclamar el traspaso de competencias exclusivas del Estado, tales como puertos, aeropuertos, espacio radioeléctrico, telecomunicaciones, consultas populares, inmigración..., el socialismo catalán se afana por encauzar el proceso y disolver los recelos.

Modelo confederal para unos pocos

"Nuestro objetivo es constituir un gran acuerdo que resuelva el encaje de Cataluña en España", proclama el PSC. "Queremos quedarnos en España y estamos dispuestos a ser solidarios con el resto de las regiones todo el tiempo que haga falta", subraya el portavoz de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. ¿Pero, por qué estos anuncios no disuelven, por sí mismo, todas las dudas? ¿Es porque la experiencia vasca -cinco lustros subiendo peldaños en la escalera del autogobierno para finalmente optar por la huida hacia delante- ha laminado la confianza de gran parte de la sociedad española y asentado convicción de que los nacionalismos son insaciables?

En cualquier caso, hay expertos que ven en el proyecto de financiación catalán no un sistema federal, en la práctica ya existente, aunque mejorable, sino el embrión de un modelo confederal privativo para unas pocas comunidades. "Es una propuesta de enorme calado porque no sólo afectaría al patrón distributivo de los recursos públicos, sino también a la lógica federal del actual modelo de financiación autonómica", indica José Víctor Sevilla, director general de Tributos en el primer Gobierno democrático.

"El proyecto se desliza hacia el modelo confederal", explica, "en la medida en que cuestiona la competencia de la Hacienda central y del Parlamento español a la hora de fijar la política de equidad interterritorial. Si se aplicara, podrían ocurrir dos cosas, alternativamente: o bien que los ciudadanos catalanes pagaran menos impuestos que, por ejemplo, los extremeños, o que pagando los mismo impuestos, recibieran mejores servicios públicos".

Las mismas voces que llegan de Cataluña tienen un componente inequívoco de reforma-ruptura del sistema: "Sí, queremos la asimetría. Queremos más y mejor poder para Cataluña". Obviamente, esa dinámica se contrapone con la aspiración a actualizar y cerrar el sistema. "Todos los sistemas federales viven en una cierta tensión", comenta Miquel Iceta. "Hemos alcanzado prácticamente el techo competencial", sostiene, por su parte, José Luis Méndez, secretario de Estado.

Aunque muchas autonomías no ven la necesidad de esta reforma y, llegado el caso, podrían limitarse a una mera reactualización del texto original y a la introducción de una serie de ajustes, lo previsible es que se aplique lo del "nosotros, como el que más". ¿Cómo negárselo? El presidente Rodríguez Zapatero se ha comprometido a aceptar aquellas propuestas que respeten los límites marcados por la Constitución y lleguen a las Cortes avaladas por un amplio consenso. En Cataluña puede ocurrir que el texto definitivo cuente con un amplio aval político, pese a que el PP se ha desmarcado de la propuesta de financiación. ¿La unanimidad catalana llegará al punto de aceptar que se establezca un límite a la aportación vía impuestos que realizan los contribuyentes de esa comunidad? ¿Cómo negárselo en ese caso? ¿Y cómo negarle a Cataluña que obtenga de una u otra forma lo que de hecho tienen vascos y navarros?

Lo que no aportan vascos y navarros

El profesor Ángel de la Fuente se muestra taxativo: "La reforma no puede establecer límites regionales a la redistribución de la renta o permitir la existencia de desigualdades territoriales significativas en la calidad de los servicios públicos", afirma. Para garantizar ese objetivo, el profesor De la Fuente propone que el sistema de financiación esté basado en "indicadores objetivos de necesidades de gasto" y que ese sistema se aplique "sin excepción alguna". Es una manera de decir en voz alta lo que los expertos fiscales y algunos políticos comentan por lo bajo desde hace tiempo: que Euskadi y Navarra no contribuyen realmente a la solidaridad interterritorial.

"El Concierto permite al País Vasco cobrar prácticamente todos los impuestos y financiar los gastos del Estado en base a una alícuota, el 6,24%, que representa la renta de esa comunidad respecto de la renta española", explica José Víctor Sevilla. "Esto, que en principio parece correcto y generalizable, no lo es en la práctica, porque al calcular el cupo no se considera la totalidad de los gastos del Estado, sino únicamente una parte", asegura. "El País Vasco y Navarra hacen su aportación correspondiente al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), pero lo que falta por incluir en el cupo", subraya, "son aquellos gastos del Estado que se destinan a las políticas de equidad interterritorial". Según sus estudios, eso explica que, por ejemplo, en 1997 la media de recursos públicos por habitante fuera de 426.000 pesetas en Navarra y de 396.000 en Euskadi, frente a las 270.000 de media en el resto de España.

"Nosotros contribuimos a las cargas generales del Estado con el 1,6% de nuestro PIB, que es lo que nos corresponde de acuerdo con el Convenio", indica el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Francisco Iribarren. "Nuestro sistema no contempla, en efecto, aportaciones a los mecanismos de nivelación, pero no se puede hablar de privilegios", dice, "entre otras cosas, porque el Convenio navarro fue refrendado por la Constitución". En lugar de privilegios, el vicepresidente navarro prefiere hablar de "un sistema diferente que funciona bien cuando se genera mucha riqueza y muy mal en situaciones de crisis". Piensa que los catalanes no están siendo coherentes. "En su momento tuvieron la oportunidad de adoptar un sistema parecido al nuestro y no se atrevieron", indica. "Ahora se fijan en nosotros, pero nadie nos prestó atención a principios de los noventa, cuando acumulábamos un déficit anual del 20% del Presupuesto", enfatiza.

En su opinión, el Convenio navarro no permite incorporar la obligatoriedad de nuevas aportaciones. "A no ser, claro, que se modifique el propio Convenio, que es anterior a la Constitución, o que se elimine el régimen foral", subraya, desde el convencimiento de que ésa es una perspectiva improbable por la enorme carga conflictiva que entraña. "Además", añade, "no es tan evidente que nuestra balanza fiscal sea positiva, porque nosotros tenemos al menos un estudio, de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que nos sitúa entre los contribuyentes, cosa que no puede decir el Gobierno vasco", apunta Francisco Iribarren. El Gobierno vasco ha respondido con el silencio a la invitación a exponer sus datos y argumentos cursada por este periódico.

El misterio del Cupo

La negociación del Cupo y sus intríngulis financieros han parecido siempre envueltos en una nebulosa de secreto, como un enigma, indescifrable, incluso, para los estudiosos. Evitar fricciones en el terreno de la foralidad -el Concierto, que no se cuestiona en el plan Ibarretxe, cuenta con un respaldo general en la sociedad vasca-, ha sido un propósito permanente de los sucesivos gobiernos centrales, en la esperanza, defraudada, de que los nacionalistas vascos encontrarían finalmente su acomodo dentro del marco constitucional. Eso no ha evitado, desde luego, el discurso victimista, ni la creencia popular de que "Madrid" sigue aprovechándose del trabajo y del dinero de los vascos. El "misterio del Cupo" se ha ido disipando a medida que el PNV ha ido enseñando sus cartas. Los catalanes han sido los primeros en airear los supuestos privilegios.

"En lugar de que Cataluña se aproxime al Concierto y al Convenio, lo que hay que hacer es que vascos y navarros vayan contribuyendo, poco a poco, hasta homologarse con el resto. No se trata de eliminar los regímenes forales, que son plenamente constitucionales, sino, simplemente, de hacer correctamente las cuentas", coinciden en señalar José Víctor Sevilla y Ángel de la Fuente. El artículo 138.2 de la Constitución, que impide los privilegios entre las comunidades, es un argumento poderoso que unir a la evidencia de que la situación actual estimula las dinámicas insolidarias en Cataluña.

También el profesor Martí Parayada opina que no es preciso romper el actual esquema de financiación. "Hay un recorrido posible si se aumenta el porcentaje de las autonomías en el IRPF y el IVA y se les traspasa una parte del impuesto de sociedades. Si, además, se acaban los privilegios y vamos a un cierto equilibrio, la cosa podría arreglarse. Lo que no es admisible", subraya, "es que los vascos no paguen la solidaridad. Ésta es una necesidad y una exigencia democrática porque su comportamiento tiene un efecto distorsionador en el sistema". No es el único que cree en la posibilidad de un acuerdo con Cataluña, aunque el margen sea muy reducido.