El abuso de la inconstitucionalidad

A medida que se van conociendo detalles concretos de las propuestas sobre el nuevo Estatut y el nuevo modelo de financiación que se formulan desde Cataluña, se incrementan las voces que advierten del error en el que ha caído el Gobierno de la Generalitat. Los que así razonan -ya sean populares, socialistas, tertulianos o líderes políticos- utilizan siempre un mismo argumento que no parece sufrir desgaste por el paso del tiempo: la inconstitucionalidad de las reformas anunciadas.

Como si de un comodín dialéctico se tratara, la inconstitucionalidad es usada de manera permanente, tan permanente como excesiva, por una determinada élite española. Los que así obran -que no son pocos- contribuyen, quizá de manera inconsciente, a expulsar del marco constitucional a todos aquellos que creen que otra España es posible. Es evidente que el efecto buscado no es otro que la descalificación de raíz de las propuestas reformistas. Y sin voluntad de debate y con todos los apriorismos existentes activados (entre ellos el de la insolidaridad de las propuestas), el punto de encuentro será muy difícil de forjar.

De la Vega y Rajoy van de la mano en la patrimonialización de la Constitución desde posiciones centralistas

Hay una patrimonialización de la Constitución desde y para las posiciones más centralistas, que siguen siendo muy importantes. En esa acción se dan la mano personajes como Fraga y Alfonso Guerra, dos figuras del pasado que aún perviven en el presente, pero también la vicepresidenta De la Vega y Rajoy, que sin ser figuras del pasado parecen en esta cuestión decididos a mantener viva la flama del pasado.

El debate sobre el futuro de España y sobre los mecanismos de organización territorial ya no puede eludir el horizonte federal, a pesar que hay una reacción muy fuerte contra toda posibilidad de avance hacia un modelo federal del estado español. Es evidente que el avance hacia un modelo federal no caerá como fruta madura. Si alguien tenia dudas al respecto, las reacciones que ha generado el modelo de financiación propuesto por el Gobierno catalán pueden ser enormemente ilustrativas. Quizá en algún momento se pensó que el camino de las reformas políticas sobre el modelo de Estado sería más fácil de lo que hoy se intuye. En ese sentido no deja de sorprender -y de preocupar- que algunas de las críticas más duras hacia el contenido de las propuestas de reformas que se proponen desde Cataluña provengan de miembros del Gobierno de Zapatero. Pero ésa es la realidad con la que habrá que lidiar y quizá habrá que aceptar que la única ventaja de que hoy disponemos en referencia a otros gobiernos anteriores sea el compromiso del propio presidente del Gobierno. El riesgo no es menor, ya que si finalmente Zapatero es el único comprometido con las reformas políticas, el éxito de éstas puede verse afectado. Parece urgente la necesidad de buscar aliados a las propuestas federalizantes. Y es en ese punto donde el Gobierno de la Generalitat no ha obtenido hasta el momento resultados tangibles. No se trata de ir a predicar y convertir por las tierras españolas, sino de plantear un debate de profundidad del cual nadie pueda salir por la tangente sin coste político.

Hay que trasladar al resto de España la idea de que si el proceso de reformas fracasa, con él puede fracasar definitivamente el modelo constitucional vigente, como mínimo en su intento de tejer un escenario de no conflictividad territorial en las próximas décadas. Si se produce un nuevo desencuentro entre los que apuestan por una visión reformista y los que se empeñan en que el límite de la descentralización está fijado en el escenario actual, las consecuencias políticas serán muy importantes. Que la ciudadanía catalana no esté en vilo esperando la reforma estatutaria ni la de financiación no excluye que un fracaso de todo este proceso comporte, para decirlo claro, un cabreo generalizado. Es evidente que de ese cabreo posible, de esa decepción, no se puede automáticamente desprender que las tesis soberanistas ganen posiciones de manera abrumadora en Cataluña. Pero tampoco es evidente lo contrario. Con lo cual lo único que podemos afirmar es que la incertidumbre política y la tensión ganarían posiciones.

Desde el modelo constitucional vigente se puede pedir a Cataluña que sus propuestas de reformas ni excluyan a otras comunidades ni se sustenten en mayorías parlamentarias y sociales escasas. Hasta la fecha, las propuestas conocidas no vulneran esos límites. Si a pesar de ello, tal como algunas reacciones dejan entrever, nos dan con la puerta en las narices, no van a poder lamentarse las formaciones españolas de las consecuencias que se deriven. No se trata de dibujar amenazas para condicionar el presente. Se trata de hacer evidente que, si no es posible un modelo distinto dentro del actual contexto constitucional, los argumentos para garantizar un buen encaje entre España y Cataluña en el futuro serán enormemente difíciles.

Fue el propio Zapatero quien se comprometió a impulsar cambios de modelo cuando estaba a punto de iniciar su mandato. Sería lamentable que, una vez instalado en el poder, sucumbiera a las presiones de siempre para evitar las reformas políticas en esa cuestión. Zapatero tiene en sus manos impulsar un proceso de reformas institucionales que permitan que en la agenda política española el debate sobre territorios y autogobierno tal como hoy lo conocemos decaiga. No se trata de dar argumentos para pasar a la historia, sino de reseñar lo relevante de la cuestión en clave de estabilidad, lealtad y encaje político.

Jordi Sánchez es profesor de Ciencia Política de la UAB.