El Congreso aprueba la supresión del límite de tres televisiones privadas

El PSOE ha logrado sacar adelante los cuatro artículos de la ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre (TDT) tras pactar con ERC el apoyo a la industria catalana, que se reflejará en la futura ley audiovisual. ERC retiró a última hora la enmienda por la que se oponía a la supresión del tope de tres canales de televisión privada, establecido en la ley de 1988. Además de sumar los votos de ERC, el Gobierno contó con el apoyo de IU y de Coalición Canaria. La ley pasa ahora al Senado, donde se tramitará por el procedimiento de urgencia en un plazo máximo de 20 días.

Además de suprimir el límite de tres televisiones privadas, cuyas licencias son explotadas por los operadores Antena 3, Tele 5 y Canal +, la ley liberaliza la televisión por cable, amplía de cinco a diez años el periodo de tiempo de las concesiones de televisión local, establece normas para evitar la concentración de emisoras de radio y anticipa el apagón analógico a 2010, dos años antes de la fecha prevista inicialmente.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el dictamen sobre la denominada Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, con los votos a favor del PSOE, ERC, IU-ICV, Coalición Canaria y parte del Grupo Mixto. El PP votó en contra, mientras que CiU y PNV optaron por la abstención.

Además, la Cámara baja votó de forma independiente los aspectos más polémicos de la ley. La enmienda del PP destinada a evitar la apertura de nuevos canales en tecnología analógica fue respaldada por CiU, PNV y BNG, pero cayó derrotada por 160 votos a favor y 165 en contra.

Para sacar adelante este artículo fue clave la posición de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). El giro de su voto, en la línea del Gobierno, se produjo como consecuencia de los acuerdos alcanzados con los socialistas. Durante las últimas dos semanas se aceleraron los contactos. El peso de las negociaciones lo llevaron los portavoces parlamentarios del PSOE y ERC, Alfredo Pérez Rubalcaba y Joan Puigcercós, respectivamente. Los socialistas aseguran que el presidente del Gobierno, José Luis Zapatero, estuvo al margen de las rondas de contactos.

El pacto alcanzado incluye un catálogo de medidas destinadas a fomentar la industria audiovisual catalana e impulsar el pluralismo lingüístico, pero estos compromisos no se materializarán en la norma aprobada ayer, sino que se recogerán en la futura ley general del sector audiovisual.

Acuerdo "histórico"

El diputado Joan Puig (ERC) explicó durante el debate que los acuerdos representan "un avance histórico en el respeto a la pluralidad lingüística". ERC ha arrancado a los socialistas el compromiso de incrementar las inversiones destinadas al doblaje y subtitulación de las películas y el establecimiento de un canon -cuya cuantía no se ha determinado- para el fomento de la producción audiovisual en catalán. ERC también ha pedido que la nueva legislación sobre radio y televisión recoja aspectos relacionados con los contenidos, para evitar así la emisión de programas basura.

Puig apostó por llegar a una alianza con el Gobierno central para adelantar el apagón analógico en Cataluña dos años y abordar el tránsito tecnológico en 2008, tal y como defiende la Generalitat. "Sería un referente muy valioso", en opinión del diputado, que se manifestó a favor de "planificar" la creación de un canal de televisión que abarque el ámbito lingüístico del catalán.

ERC consiguió también luz verde para una enmienda transaccional que permitirá a los canales locales que emiten al amparo de la ley de 1995 y soliciten una frecuencia digital poder acceder a la misma mediante una adjudicación directa, sin pasar por un concurso público, siempre y cuando lo permita el plan técnico.

Las críticas más duras a la ley, elaborada por el Ministerio de Industria, que encabeza José Montilla, procedieron de las filas del PP. Su portavoz, Macarena Montesinos, aseguró que el Gobierno ha escrito "una página negra" en la historia de la televisión digital terrestre y dijo que la reforma se ha llevado cabo "bajo el síndrome de la prisa" y con el objetivo de conceder un nuevo canal analógico y legislar "a favor de un grupo de comunicación amigo", en referencia al Grupo PRISA, editor de EL PAÍS. Montesinos aseguró que la tramitación parlamentaria, que inicialmente se planteó por la vía de urgencia, ha sido "turbia, sospechosa y opaca", además de "parcial e inoportuna" y elaborada "de espaldas" al sector audiovisual.

Herencia del PP

El portavoz socialista, Óscar López, arremetió contra la herencia del PP en materia audiovisual, que legisló a través de reales decretos y leyes de acompañamiento y sólo causó "frustración" en el sector. A título de ejemplo, citó el caso de Quiero TV, la plataforma de televisión digital terrestre de pago compuesta por 14 canales, que fracasó a los dos años de funcionamiento y recordó que el PP había situado el horizonte del apagón analógico en 2012. "Es una contradicción más que ahora pidan que se adelante a 2008", dijo López. Acusó también a las formaciones que se han opuesto a esta ley de defender "no el interés general, sino el interés particular de algunos medios de comunicación".

Desde CiU, Jordi Vilajoana se opuso a la posible adjudicación de nuevas emisoras en analógico y reclamó mayores competencias a las comunidades autónomas para que las sanciones por incumplimiento de la ley sean impuestas por los organismos que tienen capacidad para conceder licencias. Pidió también que el nuevo plan técnico, que determinará el mapa de las licencias, respete el "espacio aéreo" de las autonomías de manera que cada una tenga garantizados dos canales múltiples, con capacidad cada uno para cuatro canales. CiU reclamó que las televisiones públicas (TVE y las autonómicas) lideren el tránsito del sistema analógico al digital.

En la misma dirección incidió el portavoz del PNV, José Ramón Beloki, mientras que el representante de Coalición Canaria, Luis Mardones, consideró que la ley es "plenamente aceptable" porque favorece la libre competencia. El representante del BNG, Francisco Rodríguez Sánchez, apostó por haber abordado este paquete de reformas en la futura ley audiovisual.