Restricciones a la concentración en radio y apertura al cable

El proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización del cable y de fomento del pluralismo, se presentó con apenas cuatro artículos que venían a modificaban otras tantas normas de la dispersa y caótica legislación sobre radio y televisión. Además de adelantar el apagón analógico a 2010, los aspectos fundamentales de la reforma audiovisual emprendida ahora afectan a los siguientes ámbitos.

- Televisión analógica. El texto aprobado ayer en el Congreso abre la puerta a nuevas concesiones de canales de televisión de cobertura estatal en sistema enológico, frente al límite de tres emisoras establecido en la Ley de Televisión Privada de 1988. Se anula, hasta 2010, la incompatibilidad de que un mismo accionista esté presente en un canal de analógico estatal y en otro digital. En esta situación se encuentra actualmente el grupo Vocento (editor de los diarios Abc y Correo), que posee el 13% en Tele 5 y es el principal accionista de Net TV.

- Televisión local. Las concesiones de televisión local serán por diez años en lugar de cinco. Aquellos operadores que no hayan obtenido un título habilitante deberán dejar de emitir en el plazo de seis meses desde la resolución del concurso. Las multas por emitir sin licencia, tanto en radio como en televisión, oscilarán entre 60.000 y un millón de euros, en función del ámbito de la cobertura, el beneficio que haya reportado al infractor y los daños causados. Los ayuntamientos podrán explotar un canal digital. Siempre que haya frecuencias disponibles, se reservarán canales para los territorios insulares. Estará prohibido ser titular de más de una concesión en cada demarcación. El Gobierno impulsará el uso de las distintas lenguas oficiales en los canales públicos.

- Televisión por cable. Se abre la competencia para la prestación de servicios de televisión y de radio a través del cable.

- Radio. La reforma de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones va enfocada a restringir la concentración en el sector radiofónico. La nueva legislación establece que una misma persona física o jurídica no podrá controlar directa o indirectamente más del 50% de las concesiones que coincidan sustancialmente en un ámbito de cobertura. Además, se establece un tope máximo de 5 emisoras. Estará prohibido controlar más de un tercio del conjunto de las concesiones administrativas con cobertura total o parcial en el conjunto del territorio del Estado. En una misma comunidad autónoma estará prohibido controlar más del 40% de las frecuencias.