Un déficit fiscal similar al de las regiones ricas de la UE en un plazo de 10 años

La Generalitat quiere poner fecha a las aspiraciones financieras de Cataluña. El incremento de ingresos que supone la propuesta del Gobierno catalán debe permitir avanzar progresivamente en la reducción del déficit fiscal entre Cataluña y el Estado. El objetivo es que el déficit fiscal estructural, que se sitúa actualmente en el 7,5% del PIB autonómico, se equipare "en un plazo de 10 años" al de regiones con un nivel de renta similar en otros países de la UE como Baviera y Baden-Württemberg. En estos länder alemanes, el déficit fiscal se sitúa actualmente en torno al 4% del PIB. Para llegar a este objetivo, el proyecto establece que la comisión mixta de relaciones fiscales y financieras Estado-Generalitat concretará los criterios necesarios.

El déficit fiscal ha sido uno de los caballos de batalla del Gobierno catalán, que exige al Estado la publicación de las balanzas fiscales autonómicas desde hace años. Un grupo de expertos auspiciado por la Generalitat cifró el déficit estructural en el 7,5% del PIB autonómico entre 1986 y 2001, a pesar de que en los últimos años ha superado con creces el 9% del PIB. Tras algunas reticencias, el Gobierno ha puesto en marcha recientemente un grupo de expertos para la publicación de las balanzas fiscales oficiales.

El calendario de la propuesta de financiación que se incluirá en el Estatuto toma también otros puntos de referencia temporales.

- Cupo vasco. El texto establece que los resultados del modelo en términos de capacidad de financiación por habitante "deberán equipararse gradualmente, en un plazo no superior a 15 años", al obtenido por la aplicación del sistema de concierto vigente en las comunidades forales, el País Vasco y Navarra. Se trata de la única referencia al Cupo vasco en toda la propuesta.

- Compensaciones. El proyecto incluye también una compensación para la Generalitat por las insuficiencias producidas por los sistemas de financiación aplicados en los últimos años y por los déficit acumulados de inversión en infraestructuras.

- Aplicación gradual. La propuesta prevé una aplicación gradual del nuevo sistema de financiación, en un plazo máximo de cinco años.